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El exministro Sebastián se persona en el caso por el espionaje de Villarejo que supuestamente ordenó el BBVA

El ex alto cargo socialista sostiene que se trataría del "mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española"

Miguel Sebastian
Miguel Sebastián, en una imagen de octubre de 2016. Uly Martín

Miguel Sebastián, jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno y ministro de Industria con José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional  por el presunto espionaje al que fue sometido por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, supuestamente por orden del expresidente del BBVA Francisco González. En el texto remitido pide personarse como acusación particular en las diligencias previas abiertas por el juez Manuel García-Castellón. Sebastián, además, acusa a la actual dirección del banco de falta de atención y transparencia.

El escrito, que fue presentado ayer en la Audiencia Nacional por el despacho del también exministro socialista Francisco Caamaño, contratado por Sebastián, se fundamenta “en las informaciones difundidas por diversos medios de comunicación en relación con las operaciones de espionaje y vigilancia realizadas por grupos operativos coordinados por el entonces comisario de policía Sr. Villarejo, cuyos servicios habrían sido contratados en el año 2004 por responsables del BBVA con el fin de favorecer los intereses económicos del Sr. Francisco González Rodríguez, entonces, presidente ejecutivo de la entidad”. La presunta actuación delictiva se produjo entre finales de 2004 y principios de 2005 cuando la constructora Sacyr intentó tomar el control del BBVA y desbancar a su presidente.

La personación hace especial hincapié en que las escuchas estarían violando la intimidad personal y profesional, ya que los teléfonos pinchados correspondían a líneas de Presidencia del Gobierno y podrían haber vulnerado la confidencialidad de algunas informaciones. “Las informaciones acreditarían que las comunicaciones telefónicas de nuestro representado, en aquel tiempo secretario de Estado y director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, tanto las privadas como las oficiales, habrían sido intervenidas; que, asimismo, habría sido objeto de seguimientos y vigilancias continuadas y que, incluso, se llegó a construir un falso relato en torno a su persona con el propósito de desacreditarlo ante los demás e intentar torcer su voluntad”, sostiene el escrito presentado por los abogados.

“Las unidades operativas contratadas de forma encubierta para acometer las indicadas tareas de espionaje y reconstrucción falsaria de la realidad, estarían coordinadas y tendrían una estrecha relación con personas pertenecientes a cuerpos policiales y de seguridad del Estado, lo que les habría permitido acceder a informaciones privadas y reservadas especialmente protegidas”, continúa el escrito. “Si fue posible intervenir, como indiciariamente acredita la documentación y los archivos de audio publicados, la línea telefónica oficial de nuestro representado, entonces con sede en La Moncloa, ¿qué garantía del derecho a la intimidad pueden esperar los hombres y mujeres del común y, en particular, aquellos que han depositado en la entidad bancaria datos personales sensibles?”, se preguntan los abogados de Sebastián.

Acto seguido, presionan a los actuales dirigentes del banco, a los que acusan de falta de transparencia y atención: “A pesar del tiempo ya transcurrido desde que aparecieron las primeras noticias sobre este asunto, ningún representante del BBVA se ha disculpado públicamente por tales hechos, ni se ha dirigido a mi representado aunque solo fuese para informarle de las medidas internas que se piensan adoptar o para transmitirle su voluntad de prestarle ayuda y colaborar en la identificación de los responsables y en la defensa de los derechos de las personas perjudicadas”.

“Falso relato”

El escrito insiste en el falso relato en referencia, entre otras informaciones, al diálogo publicado entre Sebastián, el jefe de estudios del Banco Santander, Ignacio Rupérez, y la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. “Con independencia del esclarecimiento penal de los hechos, la más elemental política de compliance" (cumplimiento de las normas) "obliga al actual equipo directivo del BBVA a ofrecer una mínima explicación a las personas cuya intimidad fue drásticamente vulnerada y a las que, como ocurre singularmente en el caso de mi patrocinado, se les fabricó, por encargo, un falso relato acerca de su vida personal, con el solo propósito de desacreditarlo ante los demás y crear un contexto intimidatorio”, incide.

“Tampoco se adoptó una sola medida de apartamiento o suspensión cautelar de las personas presuntamente implicadas y que todavía desempeñan ciertas tareas de representación institucional del BBVA”, remata, en clara referencia a personas que forman parte de la actual dirección del banco. A juicio del exministro, “se habrían utilizado recursos del BBVA para la defensa de posiciones internas de poder en perjuicio de los accionistas minoritarios”, con lo que pone el dedo en la llaga ante la próxima junta general de accionistas del banco, que se celebrará el 15 de marzo, ya que los argumentos podrán utilizarse en el turno de ruegos y preguntas por parte de los accionistas que intervengan.

Esta es la segunda demanda que se presenta en la Audiencia Nacional tras la conjunta presentada el pasado 12 de febrero por Luis del Rivero, Vicente Benedito y José Domingo Ampuero. Los denunciantes señalaron que “la violación masiva de la intimidad de los espiados fue aparentemente inducida por responsables de la entidad BBVA mientras detentaba la presidencia ejecutiva Francisco González Rodríguez". A su juicio, la entidad financiera contrató a Villarejo "para conseguir determinada información en beneficio del Sr. González".

Además, el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas ha anunciado que presentará una querella con parecidos argumentos. Antes de llevarla a efecto, Arenillas ha enviado sendas cartas al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y al presidente de la CNMV, Sebastián Albella, para conocer cuál va a ser la actuación de ambas instituciones ante los hechos que se denuncian.

“La mayor corrupción corporativa de la democracia”

Miguel Sebastián ha disparado sin piedad. No se ha andado por las ramas y lanza duros calificativos sobre el presunto espionaje: “El examen de todos los materiales hasta ahora conocidos pone de manifiesto que estamos ante unos hechos especialmente graves que, de resultar probados, podrían constituir el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española”.

La denuncia de Sebastián se suma a la presentada el 12 de febrero por Luis del Rivero y Vicente Benedito (expresidente y exdirector de Sacyr) y José Domingo Ampuero (exvicepresidente del BBVA). Estos señalaron que “la violación de la intimidad de los espiados fue aparentemente inducida por responsables del BBVA mientras detentaba la presidencia Francisco González”. Además, el exvicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas ha anunciado que presentará una querella por el espionaje. Antes de llevarla a efecto, ha enviado sendas cartas al gobernador del Banco de España y al presidente de la CNMV para conocer cuál va a ser la actuación de ambas instituciones.

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