El exjefe de control interno del BBVA se desmarca de los contratos de Villarejo

El que fuera máximo responsable del departamento de Regulación y Control Interno del BBVA, Eduardo Arbizu, se ha desmarcado este lunes, en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, de los contratos que la entidad financiera firmó con el comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas. Arbizu, que comparecía ante el magistrado a petición propia tras haber guardado silencio cuando fue citado en noviembre de 2019 con el argumento de que la causa estaba entonces secreta, ha insistido en que solo tuvo conocimiento de la existencia de esos supuestos trabajos en mayo 2018, al salir a la luz pública la vinculación del banco con el policía tras la detención de este.

El banco creó entonces un comité interno para recabar toda la información que obrara en la entidad sobre la contratación de Villarejo y depurar responsabilidades. Arbizu, que formó parte de ese comité, ha defendido este lunes que este órgano fue creado a iniciativa suya y que permitió aflorar los encargos. Según detallan fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, Arbizu ha declarado durante dos horas y media y únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado defensor y de la Fiscalía Anticorrupción. En sus respuestas, el exdirectivo ha negado haberse reunido o intercambiado llamadas de teléfono y correos electrónico con el policía o su socio, el abogado Rafael Redondo. También ha insistido en que nunca llegaron a sus manos los informes que, entre 2002 y 2017, Villarejo elaboró para el banco y por los que se embolsó 10,3 millones de euros. El exdirectivo del BBVA también ha negado que hablara nunca de ello con el entonces presidente, Francisco González, también imputado.

Arbizu ha insistido en que, pese a ocupar desde 2007 la máxima responsabilidad de la asesoría legal y compliance de la entidad (el área que se encarga de que se cumplan las normas internas y externas), nunca fue su responsabilidad controlar estas contrataciones. Esa labor, ha añadido, correspondía a los departamentos que contrataban los servicios. En el caso de Villarejo, el de Seguridad, encabezado por Julio Corrochano, también imputado. Ante estas afirmaciones, el fiscal ha mostrado al antiguo ejecutivo correos electrónicos enviados entre julio de 2011 y enero de 2012 que apuntan a que los contratos con Cenyt (el epicentro de la trama empresarial de Villarejo) fueron supuestamente revisados en parte por Arbizu y otros implicados tras sufrir modificaciones. Estos mensajes figuran en el informe de la auditoria interna que el banco entregó al juez el pasado noviembre. El exdirectivo ha insistido en que él no tuvo nada que ver en ello y ha recordado que su nombre no aparece ni en las agendas ni en las grabaciones intervenidas a Villarejo en los registros realizados en su casa tras su arresto.

Sobre el expediente que le abrió el BBVA por su supuesta implicación en el encargo para investigar a la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) y su presidente Luis Pineda, Arbizu ha insistido en que los hechos que le imputó la entidad se demostraron falsos y que el expediente fue archivado. Pese a ello, Arbizu terminó abandonando la entidad a finales de julio de 2019, coincidiendo con el inicio de las comparecencias ante el juez del caso Villarejo de los primeros imputados en la causa. Cuando se produjo su salida, el banco emitió un escueto comunicado en el que anunciaba el relevo del directivo “tras una exitosa carrera en BBVA de prácticamente dos décadas” sin dar más explicaciones. El ejecutivo respondió con otra en el que agradecía “haber formado parte de este gran grupo todos estos años”. Meses después era imputado.

La declaración de Arbizu se produce después del escrito enviado la semana pasada por Antonio Béjar al juez de la Audiencia. El ex jefe de riesgos del BBVA y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) acusó al banco de beneficiarse de los trabajos de Cenyt tras ser contratada para recuperar bienes de empresarios inmobiliarios que mantenían importantes deudas con la entidad financiera para la que trabajaba. La cantidad recuperada por el banco gracias a los servicios de Villarejo ascendería a 160 millones de euros, repartidos en unos 40 millones de la investigación al expresidente de Colonial, Luis Portillo; 20 millones de la de Fernando Martín (Martinsa), y 100 millones del Grupo Prasa, según el documento que avanzó El Confidencial y al que tuvo acceso EL PAÍS.

El BBVA, que está imputado como persona jurídica en la causa, sostiene que nunca se ha beneficiado de esos trabajos. El hecho de que el banco se haya beneficiado con las gestiones de Cenyt es relevante porque uno de los argumentos en los que sustenta el banco su defensa es que no obtuvo rédito alguno de la contratación de Villarejo. Tras el escrito de Béjar, la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juez acceso a los correos electrónicos donde, según el exdirectivo, se demuestra el fruto de las gestiones de la empresa de Villarejo.

Tras Arbizu, este lunes han declarado como testigos dos empleados del BBVA, Juan José Lucena y Francisco Javier Sala. El primero era el director de la sucursal de Madrid en la que Villarejo abrió una cuenta en 2004 para recibir los pagos por sus trabajados para la entidad. El segundo, el director de zona del banco al que estaba adscrita esta oficina. El juez García-Castellón pretendía que ambos aclararan la apertura de esta cuenta por parte del policía, aunque finalmente sus testimonios han sido pocos reveladores, ya que ambos han asegurado no recordar los detalles dado el tiempo transcurrido, señalan fuentes jurídicas. Lucena ha asegurado que no conoció Villarejo y que las cuentas que, como la del comisario, tenían elevados saldos y movimientos, tenían que ser aprobadas por su superior, el jefe de zona, Sala. Este ha afirmado que la orden de autorizar dicha cuenta pudo venir de varias áreas de la entidad, pero que en el caso de la del comisario no recordaba quién la dio.

Con estas tres declaraciones, se inicia una semana en la que está previsto que el magistrado interrogue a otros diez testigos e imputados dentro de la pieza número 9 del llamado caso Tándem, el macrosumario abierto por las actividades presuntamente delictivas del policía. El magistrado acordó el pasado enero prorrogar la investigación hasta el próximo 29 de julio para tomar estas declaraciones y practicar otras diligencias pendientes, de las que “pudiera derivarse la realización de nuevas diligencias”. Las pesquisas han revelado, hasta ahora, un total de 18 encargos del BBVA al comisario. Para realizarlos, Villarejo accedió de manera presuntamente ilegal a “una ingente cantidad de datos personales” de las bases de datos policiales, según destacan informes incorporados a la causa. En esta pieza están imputadas una veintena de personas.