La Fiscalía quiere elevar la condena a Villarejo y recurre la absolución por el delito de cohecho

La Fiscalía Anticorrupción no tira la toalla y ha anunciado este miércoles que recurre parte de la primera sentencia de prisión dictada contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, condenado el pasado julio a 19 años de cárcel por tres encargos de espionaje (los proyectos Iron, Land y Pintor). El ministerio público quiere elevar el castigo impuesto al antiguo policía y, entre otros aspectos, centra sus alegaciones en demostrar la existencia del delito de cohecho, que la Audiencia Nacional descartó en un disputado fallo. Dos de los tres jueces del tribunal votaron a favor de absolver a Villarejo por este delito, al considerar que desplegó sus actividades ilegales dentro de su “esfera privada” y no “en el ejercicio de su cargo”.

La acusación considera que la mayoría del tribunal no interpretó de forma adecuada el concepto de cohecho previsto en el Código Penal, que contempla penas de cárcel para aquella “autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare dádiva, favor o retribución de cualquier clase” para “realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo”. Frente al criterio de Anticorrupción, los magistrados Ángela Murillo y Fermín Echarri argumentaron que tenían que absolver a Villarejo porque se debe hacer una distinción entre su dimensión pública (su actividad como policía) y privada (la actuación desplegada a través de su red de empresas constituidas en torno al grupo Cenyt y en la que cometió presuntamente las irregularidades).

“La actividad desarrollada por Villarejo en ningún caso tenía como finalidad menoscabar la legitimidad y los criterios de actuación de la Administración Pública, sino obtener unos mayores beneficios particulares ofertando una serie de servicios de difícil consecución, cuanto menos por las vías legales”, añadía la resolución firmada por la mayoría del tribunal. Sin embargo, ese fallo cuenta con el voto en contra de la juez Carmen Paloma González, que no coincide con la tesis de sus compañeros. Esta magistrada defiende que existió un delito de cohecho; ya que, “para llevar a cabo las actividades” de Cenyt, “fue absolutamente imprescindible contar con la colaboración del estamento policial”, además de ser “contrarias a los deberes inherentes a su cargo”, “atacando así frontalmente el prestigio y eficacia de la función pública, la imparcialidad de sus funcionarios y la eficacia del servicio público a ellos encomendado”.

Por tanto, en su recurso ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, la Fiscalía pide condenar a Villarejo por cohecho al haberse interpretado erróneamente este delito. Pero, en el caso de que se acepte la tesis argumental de la mayoría del tribunal, también pone sobre la mesa la posibilidad de que se anule la sentencia absolutoria por un “manifiesto error en la valoración de la prueba” sobre la “auténtica actividad desplegada por Villarejo y su vinculación con las funciones policiales que tenía encomendadas como comisario en activo”.

Villarejo se encuentra actualmente en libertad. El 31 de julio, el tribunal rechazó que volviese a entrar en prisión provisional para comenzar a cumplir su pena de 19 años de cárcel, como solicitó la Fiscalía. La Audiencia Nacional concluyó que no existe riesgo de fuga. Tras conocer su condena, el policía dijo: “Soy inocente. Estoy muy tranquilo [...]. Desde el primer momento, el delito de cohecho es absurdo”. “Yo jamás actué como policía mientras mantenía a flote las empresas como cobertura de mi trabajo de inteligencia”, añadió.