La Audiencia Nacional rechaza que Villarejo reingrese en prisión al no ver riesgo de fuga

El comisario jubilado José Manuel Villarejo no volverá a ingresar, por ahora, en prisión. La Audiencia Nacional ha acordado este lunes que el policía siga en libertad con medidas cautelares a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que su defensa ha anunciado que presentará a la sentencia del pasado 24 de julio, que le impuso 19 años de cárcel por las tres únicas piezas que se han juzgado del caso Tándem, en el que se investiga los trabajos presuntamente irregulares del comisario para empresas y particulares.

El tribunal concluye en su auto que no existe el riesgo de fuga que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones esgrimían para solicitar el encarcelamiento del policía y añade que los delitos por los que fue condenado ―revelación de secretos y falsedad documental― no son de extrema gravedad. Los magistrados también mantienen en libertad al abogado Rafael Redondo, socio del policía, condenado a 13 años de prisión. No obstante, ambos deberán comparecer cada 15 días ante el juzgado, tienen prohibido salir del territorio nacional, se les ha retirado el pasaporte y deben comunicar cualquier cambio de domicilio.

El fallo de la semana pasada que condenaba a Villarejo por delitos de revelación de secretos y falsedad documental ―fue absuelto de cohecho y extorsión de los que también estaba acusado por la Fiscalía, que pedía 80 años de prisión para él― había abierto la puerta a que entrara de nuevo en la cárcel, aunque la condena no sea firme hasta que se pronuncie el Supremo. De esa pena, el tiempo máximo de cumplimiento es de 12 años, de los que la podía permanecer en prisión preventiva la mitad, según el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento criminal. Por tanto, y tras el tiempo que el comisario había estado encarcelado tras su arresto en noviembre de 2017 ―tres años y tres meses―, la medida solo hubiera podido prolongarse algo más de dos años y nueve meses.

Sin embargo, la Audiencia Nacional considera que para acordar el reingreso en prisión no es suficiente que la condena sea “abultada”, sino que esta debe ir acompañada de “circunstancias adversas concurrentes en el condenado que evidencien un riesgo de fuga”. En el caso de Villarejo, estima que esto no se produce, ya que el comisario ha atendido a todos los llamamientos judiciales y ha comparecido a todas las sesiones del juicio, menos aquellas en las que se autorizó su ausencia. Y recalca que, incluso, acudió el pasado jueves a la Audiencia Nacional para que se le notificara la sentencia, a pesar de que era conocedor desde hace días del fallo que le condenaba.

En su auto, los magistrados también recalcan que los 19 años de prisión que se le han impuesto no son fruto de un delito grave, sino de la suma de las penas por cuatro de revelación de secretos y dos de falsedad en documento mercantil, que en ningún caso superan individualmente los cuatro años. En el caso de Redondo, los magistrados tienen también en cuenta que estuvo en prisión cerca de un año tras su detención en noviembre de 2017, que ha atendido los llamamientos del Tribunal y que ha comparecido a las sesiones del juicio oral, salvo una que se le autorizó por fallecimiento de su padre.

Graves acusaciones

Tanto a su llegada como a la salida de la Audiencia Nacional, el comisario ha hecho declaraciones en las que ha vuelto a cargar contra Anticorrupción, el CNI y su exdirector, el general Félix Sanz Roldán; y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, responsable de las pesquisas que desembocaron en su detención, a los que ha acusado de perseguirle. En su línea habitual, el comisario ha lanzado graves acusaciones de supuestas irregularidades contra ellos y contra los responsables de la cárcel de Estremera, donde estuvo recluido tras su arresto, para volverse a presentarse como víctima de una supuesta conspiración sin aportar pruebas. El comisario, que ha insistido en que no piensa huir ―“he tenido casi un año [para hacerlo]”―, ha asegurado que mientras esté en libertad podrá defenderse “mejor” ante la sucesión de juicios que le esperan por las más de 30 piezas abiertas en el sumario.

En la que hasta ahora es la única condena contra Villarejo ―en otros dos juicios que había tenido antes, ninguno vinculado con el caso Tándem, salió absuelto―, el tribunal fue contundente contra el comisario, quien durante décadas grabó a sus interlocutores de forma subrepticia. En el fallo, los magistrados hicieron hincapié en la “pluralidad de las conductas [irregulares] desplegadas” por el policía y lo “desorbitado de las cantidades” cobradas a los clientes a través de su entramado empresarial, cuyo epicentro era la sociedad Cenyt, “que encubrían evidentemente la realización de actividades ilícitas desviadas de los conceptos facturados”.

En la vista, se abordaron tres de los presuntos encargos privados de espionaje que recibió el comisario —los bautizados como Proyecto Iron (Pieza Separada 2 de la instrucción); Land (Pieza 3); y Pintor (Pieza 6)—. Además del agente, otras 26 personas se sentaron en el banquillo. Iron se centraba en la contratación del comisario por parte del bufete Herrero & Asociados para espiar a un despacho rival. Land abordaba la guerra familiar de los herederos de Luis García-Cereceda, el promotor que levantó la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Y Pintor trataba de cómo el empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, fichó presuntamente a Villarejo para que obtuviera de forma ilegal datos de un exsocio al que aquel reclamaba una deuda.