Se buscan fondos para la transición verde: la deuda global puede dispararse el 50% del PIB en 2050

“Necesitamos actuar de forma urgente contra el cambio climático”. El Fondo Monetario Internacional (FMI) es rotundo en su diagnóstico: este va a ser el año más cálido de la historia, la temperatura media global estará 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales en solo cinco ejercicios y las implicaciones pueden ser devastadoras: nuevas enfermedades, más catástrofes naturales y una menor productividad. El fondo advierte, sin embargo, de que hacer frente al reto de reducir a cero las emisiones de CO₂ en 2050 requerirá un enorme esfuerzo fiscal. En concreto, estima que la deuda pública se disparará entre el 45% y el 50% del producto interior bruto (PIB), haciendo insostenibles las finanzas públicas. El organismo aboga por fijar un sistema de costes de los derechos de emisión del carbono, como el que rige ya en 50 países y desplegar una batería de medidas, entre ellas, movilizar la financiación privada.

La losa de la deuda pública estará en el centro del debate de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, que la semana que viene se celebrarán en Marrakech. La institución dirigida por Kristalina Georgieva ha desembargado ya algunos capítulos de dos de los principales documentos que presentará sobre la estabilidad financiera global. Hasta ahora, se apuntaba al cambio climático como uno de los mayores desafíos para las finanzas mundiales. El FMI pone por fin negro sobre blanco a las principales cifras que supondrá alcanzar la plena descarbonización en 2050 bajo una gran premisa: no hay alternativa.

Según el FMI, la inversión anual necesaria para alcanzar los objetivos de 2050 pasa de entrada por unos cinco billones de dólares (4,73 billones de euros) hasta 2030, en especial en los países con mayores emisiones de dióxido de carbono. Prácticamente el 70% de ese capital deberá ir al sector energético, que afronta el reto de prescindir de los combustibles fósiles. De financiarse con capital público, ese monto supondría elevar la deuda pública global en entre un 45% y un 50% del PIB mundial. Las obligaciones que ahora acumulan las administraciones de todo el planeta se sitúan en el 92% del PIB, según un reciente estudio del fondo. A pesar de haber cedido en los últimos dos años, se trata de una cota históricamente alta a causa del gasto realizado durante la pandemia para salvar empresas y puestos de trabajo. “La elevada deuda, el aumento de las tasas de interés y las perspectivas de crecimiento más débiles harán que las finanzas públicas sean aún más difíciles de equilibrar”, apunta el informe del fondo.

El FMI reclama a los países más medidas para sacar presión a las arcas públicas. La principal vía, para el fondo, debe ser un sistema de costes sobre el carbono. Ya hay 50 países que lo han adoptado y otros 23 que contemplan hacerlo. En el caso de la Unión Europea, hay un mecanismo que se prevé que sea ampliado en los próximos años, englobando también a los automóviles y los edificios. En Estados Unidos, ese impuesto no se ha podido implantar a nivel federal, si bien algunos Estados sí lo han puesto en marcha.

El fondo, no obstante, es consciente del coste político que puede acarrear que toda la acción política descanse en ese tributo. “La fijación del precio del carbono por sí sola no es suficiente y debe complementarse con otros instrumentos de mitigación para abordar las fallas del mercado y promover la innovación y el despliegue de tecnologías bajas en carbono”, apunta el documento, que añade: “Una propuesta pragmática y equitativa exige un precio mínimo internacional del carbono, diferenciado entre países con diferentes niveles de desarrollo económico. Los ingresos por carbono asociados podrían compartirse en parte entre los países para facilitar la transición verde”.

“Trilema político”

El organismo con sede en Washington, de hecho, admite que los Estados afrontan un “trilema político” entre lograr objetivos climáticos, la sostenibilidad fiscal y la viabilidad política. “En otras palabras, perseguir dos de estos objetivos tiene el costo de sacrificar parcialmente el tercero”, apunta el fondo de una entrada de su blog publicada esta tarde. Por ello, la institución propone “medidas audaces, rápidas y coordinadas”, tanto de gastos como de ingresos, para seguir adelante con la reducción de las emisiones. Entre ellas, aboga también por “transferencias fiscales sólidas a los hogares, trabajadores y comunidades vulnerables”.

Si se consigue hallar la fórmula adecuada, el incremento de la deuda puede limitarse a entre un 10% y un 15% del PIB, aunque dependerá de las condiciones en las que se halle la economía. El fondo mete presión, en cualquier caso, a los países. Y no solo por la urgencia climática, sino también porque retrasar esas actuaciones no hace más que encarecerlas. “Cada año de retraso se estima que puede contribuir con un porcentaje de entre el 0,8% y el 2% a la deuda pública”, explica la institución.

El desafío, recuerda el fondo, es particularmente grande para los países emergentes, que suponen el 70% de las emisiones contaminantes. Estas ya están acusando una elevada deuda y unos costes crecientes de sus tipos de interés. El organismo propone, en ese caso, desplegar un amplio paquete que va desde una mayor eficiencia en el gasto, una movilización de los ingresos, un papel más importante para el sector privado y financiación externa. De hecho, el FMI se ofrece a poner fondos a largo plazo a través de mecanismos ya existentes. “Ningún país puede resolver la amenaza climática por sí solo. El sector público tampoco puede actuar por sí solo. El sector privado tiene que satisfacer la mayor parte de las necesidades de financiación climática”, remacha el informe.

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