La UE impondrá un arancel climático para gravar el CO₂ de las importaciones

Las instituciones de la Unión Europea han alcanzado la madrugada de este martes un acuerdo provisional para imponer una tasa a las importaciones de los productos más intensivos en dióxido de carbono (CO₂) que busca proteger su industria e impulsar a la vez la lucha internacional contra el cambio climático. Este arancel climático —el primero de este tipo en el mundo— empezará a aplicarse gradualmente desde octubre de 2023 y afectará a la importación de productos como el hierro, el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes; también a la electricidad y al hidrógeno.

Europa cuenta desde 2005 con un sistema de comercio de emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) de la UE obliga a unas 10.000 instalaciones energéticas e industriales del continente a pagar por cada tonelada de CO₂ que emiten en su actividad. Este mercado está ahora en pleno proceso de reforma y uno de los temores expresados por muchos países desde hace años se refiere a la llamada “fuga de carbono”: el riesgo de que determinadas industrias abandonen la UE rumbo a cualquiera de los países en los que no se existe este mercado de carbono y, por lo tanto, pueden resultar más atractivos. Durante años ha sobrevolado en las negociaciones internacionales contra el cambio climático la imposición de una tasa de carbono mundial y aunque después de Europa se han puesto en marcha otros mercados, como el que puso en marcha China el pasado año, los temores a la deslocalización siguen existiendo en la UE al no haberse puesto en marcha un instrumento global.

El futuro Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) acordado ahora será “un pilar clave en las políticas medioambientales europeas, ya que es uno de los pocos mecanismos que tenemos para incentivar a nuestros socios comerciales a que descarbonicen su industria manufacturera”, ha subrayado el negociador del Parlamento Europeo, el socialdemócrata Mohammed Chahim, en las conversaciones para cerrar este instrumento, que empezaron el lunes y se han prolongado durante más de diez horas. El acuerdo, que parte de una propuesta de la Comisión, se ha cerrado la noche de este martes entre la Eurocámara y los Gobiernos de los Veintisiete, representados en el Consejo Europeo. En la misma línea, el ministro checo de Industria, Jozef Sikela, cuyo país preside hasta finales de año la UE, ha resaltado que esta nueva tasa “garantizará un trato equilibrado” de los bienes no europeos importados por los Veintisiete y está diseñado para “alentar a nuestros socios mundiales a unirse a los esfuerzos climáticos de la UE”.

El acuerdo provisional alcanzado por las instituciones europeas —que todavía está sujeto a más negociaciones sobre aspectos técnicos que deberán cerrarse en los próximos días― contempla que el mecanismo comience a funcionar a partir de octubre de 2023. En una primera fase solo supondrá obligaciones de información sobre los productos importados para poder recopilar los datos necesarios para aplicar la tasa de forma gradual. Y se estima que se empezará a cobrar a partir de 2026 o 2027. Paralelamente, dentro de sus fronteras, Europa también eliminará los derechos gratuitos de emisiones que reparte a algunas de sus industrias para evitar esa llamada fuga de carbono, una medida que todavía está en negociación.

Los flecos que quedan por negociar en los próximos días se refieren precisamente a eso, a la forma en la que se terminará dentro de las fronteras comunitarias con los derechos gratuitos de emisiones que reciben algunas factorías para poder aplicar completamente el nuevo arancel, según ha explicado este martes en conferencia de prensa el parlamentario y presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, Pascal Canfin. Según ha dicho el europarlamentario francés, para la aplicación de la tasa se necesitarán tres años más, debido a la complejidad de este instrumento. Canfin ha calificado la medida de “histórica” y ha recordado que no existe ninguna tasa similar en todo el mundo.

Partiendo de los borradores sobre la futura tasa que ha elaborado la comisión en los últimos meses, los analistas esperan que las importaciones de Rusia, Turquía, China y Reino Unido sean las que se vean más afectadas en términos absolutos. No es descartable que la imposición de este mecanismo genere algún tipo de enfrentamiento comercial. La UE sostiene que su tasa será compatible con las reglas de la Organización Mundial del Comercio y otros países se plantean aplicar medidas similares. En el plan de lucha contra el cambio climático que el presidente de EE UU, Joe Biden, presentó en la primavera de 2021 también se esbozaba la idea de crear una tasa en frontera parecida.

El antecedente de este mecanismo que quiere poner en marcha la UE ahora podría ser la tasa por el CO₂ que emiten los aviones dentro de las fronteras de la UE y que Europa intentó que pagaran todas las aeronaves comerciales que aterrizan en su territorio. Aquel plan generó un duro enfrentamiento con EE UU, China y Rusia, entre otras naciones, que se oponían a esta tasa. La UE, finalmente, solo pudo aplicar este sistema dentro del territorio europeo, lo que obliga a las compañías a acudir al sistema de comercio de derechos de emisiones comunitario (ETS) solo cuando los vuelos son internos.

Tras el acuerdo alcanzado este martes, Mohammed Chahim ha insistido en una conferencia de prensa en que esta nueva tasa es la mejor manera para “incentivar” a las empresas más contaminadoras de fuera de la UE a caminar hacia la descarbonización si quieren seguir exportando al mercado comunitario, uno de los más importantes del planeta.

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