La justicia sentencia que el Estado francés incumple sus compromisos contra el cambio climático

Un tribunal condena al Gobierno de Francia y se da dos meses para decidir si ordena medidas contra la inacción de sus dirigentes

Protesta de activistas de Extinction Rebellion en París contra la inacción frente al cambio climático.
Protesta de activistas de Extinction Rebellion en París contra la inacción frente al cambio climático.CHRISTOPHE PETIT TESSON (EFE)
Silvia Ayuso
París -

El denominado “caso del siglo” se ha convertido en una primera gran victoria, al menos moral, para las cuatro ONG que llevaron hace dos años al Estado francés ante la justicia por no respetar sus compromisos en materia de lucha contra el cambio climático. En una sentencia que podría servir de precedente para casos similares presentados en otros países, entre ellos España, el tribunal administrativo de París ha señalado este miércoles al Estado como “responsable” de “incumplimientos en la lucha contra el calentamiento global”. Aunque los magistrados se han dado dos meses más de tiempo para decidir si ordenan medidas concretas al Gobierno de Francia, tal como pedían las organizaciones demandantes, que reunieron 2,3 millones de firmas ciudadanas en apoyo a su iniciativa judicial, las asociaciones ya han celebrado esta primera sentencia como una “primera victoria histórica para el medio ambiente y un gran avance en el derecho francés”.

En su fallo, el tribunal parisino “reconoce la existencia de un perjuicio ecológico vinculado al cambio climático” y considera que la “deficiencia parcial del Estado francés a la hora de respetar los objetivos que se había fijado en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es su responsabilidad”.

“¡Victoria para el medio ambiente! La inacción climática es juzgada como ilegal”, se felicitaron las ONG demandantes —Greenpeace France, Oxfam France, Notre Affaire à Tous y Fundación por la Naturaleza y el Hombre— en sus redes sociales nada más conocer la decisión. A la par, publicaron un vídeo en el que numerosas personalidades, entre ellas las actrices Marion Cotillard y Juliette Binoche, o el popular ecologista y ministro de Transición Ecológica de Emmanuel Macron hasta 2018, Nicolas Hulot, celebran una decisión que, según destacó la directora de Oxfam Francia, Cécile Duflot, significa que “la justicia da la razón a los que alertan que la magnitud de la crisis desde hace décadas”. En lo concreto, agrega la actriz Juliette Tresanini retomando en el vídeo uno de los puntos clave que destacan las ONG, “a partir de ahora, las víctimas del cambio climático en Francia podrán reclamar reparaciones al Estado”. Pero sobre todo, acota el divulgador científico Matthieu Duméry, el fallo “es la condición indispensable para que la justicia pueda ordenar al Estado tomar por fin decisiones más firmes, fuertes y eficaces sobre el medio ambiente”.

Para ello, sin embargo, habrá que esperar al menos dos meses. En su fallo, el tribunal administrativo condena de inmediato al Estado a pagar un euro en materia de “perjuicio moral” a cada una de las cuatro ONG que presentaron la demanda en marzo de 2019. Los jueces rechazaron la segunda petición de las ONG, el pago de otro “euro simbólico como reparación judicial por perjuicio ecológico”. Pero todo esto, además de ser un mero detalle —por algo era simbólico, como señala la propia sentencia—, no es nada ante el potencial que tiene la sentencia: como explican los jueces —y esperan los demandantes—, se dan dos meses de tiempo para estudiar la posibilidad de ordenar medidas concretas al Estado para revertir esas carencias advertidas en el cumplimiento de sus compromisos.

Con este plazo adicional, los magistrados dan tiempo a que el Consejo de Estado, la máxima autoridad administrativa del país, pueda pronunciarse sobre una demanda similar presentada por la localidad costera de Grande-Synthe, en el norte de Francia, que podría marcar las pautas al Gobierno de Macron.

El pasado noviembre, en vísperas de la celebración del quinto aniversario de la conferencia sobre el clima de donde surgió el Acuerdo de París, con objetivos de reducción de gases de efecto invernadero aprobados un año más tarde, el Consejo de Estado dio un ultimátum al Ejecutivo para que, en un plazo máximo de tres meses —que está ahora a punto de expirar— el Gobierno justifique “que la trayectoria de la reducción (de gases de efecto invernadero) con vistas a 2030 puede ser respetada”. El origen de esta acción es la demanda que presentó en enero de 2019 el entonces alcalde de Grande-Synthe y hoy eurodiputado, el ecologista Damien Carême, por la “inacción climática” de Francia, ante la oposición del Gobierno de Macron de acceder a su petición de que se adoptaran medidas suplementarias para “modificar la curva de las emisiones producidas y respetar, como mínimo, los compromisos de Francia”. Grande-Synthe es una localidad especialmente expuesta a los efectos del cambio climático, sobre todo al riesgo de inundación.

La información es la primera herramienta contra el cambio climático. Suscríbete a ella.
Suscríbete

A esa iniciativa se unieron las ciudades de París y de Grenoble, así como las cuatro organizaciones medioambientales que ahora han logrado su primera victoria en el tribunal administrativo y que, según dijeron en un comunicado conjunto, confían en que la justicia acabará obligando al Estado a actuar de manera más decidida contra el cambio climático.

El propio Consejo de Estado constató en su ultimátum al Gobierno del pasado noviembre que, pese a que Francia se comprometió en el Acuerdo de París a reducir hasta 2030 el 40% de sus emisiones en relación con el nivel de 1990, en el periodo 2015-2018 “solamente ha realizado una reducción de media de sus emisiones del 1% anual, cuando el techo fijado imponía una reducción del 2,2%”. A ello se añade, agregó la máxima institución administrativa del país, el decreto firmado el 21 de abril del año pasado por el Gobierno de Macron revisando a la baja los objetivos de reducción de emisiones entre 2019 y 2023, con lo que, destacó el Consejo de Estado, “una parte de los esfuerzos inicialmente previstos también son aplazados a después de 2023, lo que impondrá realizar una reducción de las emisiones a partir de entonces a un ritmo que jamás se ha logrado hasta ahora”.

Tras conocer la sentencia este miércoles, el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, ha reconocido que “hay incumplimientos desde hace varias décadas”, pero ha asegurado que el ejecutivo de Macron está realizando la “política probablemente más ambiciosa” de los últimos gobiernos en materia de lucha contra el cambio climático. Attal no mencionó la revisión a la baja de los objetivos de reducción de emisiones aprobada el año pasado y destacó, al contrario, entre otros, los 30.000 millones de euros incluidos en el plan de recuperación por la crisis dedicados a mejoras ecológicas o el compromiso de cerrar todas las centrales de carbón antes de que acabe el quinquenio de Macron. “Hay una movilización absoluta en la lucha contra el calentamiento global y estamos a la altura de esa ambición”, ha sostenido.

España y otros 1.550 litigios

El de Francia es uno de los cientos de litigios climáticos abiertos en el mundo para forzar a Gobiernos y grandes empresas a tomar medidas de calado contra el cambio climático. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y el Centro Sabin de Derecho sobre el Cambio Climático, de la Universidad de Columbia, tenían controlados 1.550 casos de este tipo en 2020. Estados Unidos, con una gran tradición en los pleitos medioambientales, acumula el 80% de todos los del mundo. Y en la Unión Europea había el pasado año 55 demandas climáticas abiertas.

Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón decidieron en septiembre abrir la vía judicial contra el Gobierno español para intentar que aumente su nivel de ambición y presente recortes de emisiones de gases de efecto invernadero mayores de los que ha puesto hasta ahora sobre la mesa.

En el caso español, las tres ONG han empleado un supuesto defecto formal en la tramitación del plan de energía y clima elaborado por el Gobierno para poder recurrir ante el Tribunal Supremo. El alto tribunal ha admitido la demanda, que fue formalmente presentada a mediados de diciembre. Junto a ese escrito las ONG presentaron un informe pericial elaborado por José María Baldasano, catedrático de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña, que concluye que el objetivo que se ha marcado el actual Gobierno de recortar un 23% las emisiones para 2030 “está muy lejos del esfuerzo necesario que España debe hacer” para cumplir el Acuerdo de París. El informe recuerda que la Comisión Europea se ha fijado una meta de recorte del 55% en 2030. “La sentencia francesa envía un mensaje muy claro al Gobierno de España y al resto de Gobiernos europeos: la inacción ante el cambio climático es ilegal”, ha asegurado este miércoles Lorena Ruiz-Huerta, la abogada de Greenpeace que lleva el caso ante el Supremo.

Pese a que la vía del pleito climático está creciendo —las demandas en el mundo casi se han duplicado en solo tres años—, los letrados y activistas admiten que este no puede ser el único método de presión a los Gobiernos y empresas. La principal pega es el tiempo que tardan en resolverse los procesos judiciales, lo que hace que el daño muchas veces no se pueda ya evitar. / MANUEL PLANELLES

Para conocer las noticias más importantes de Clima y Medio Ambiente de EL PAÍS apúntese aquí a nuestra newsletter semanal.

Siga la sección de Clima y Medio Ambiente en Twitter y Facebook

Sobre la firma

Silvia Ayuso

Corresponsal en París. Previamente formó parte del equipo de EL PAÍS en Washington. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera en la agencia Efe y posteriormente en la alemana Dpa, para la que también fue corresponsal en Santiago de Chile, La Habana y Washington.

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS