Los litigios climáticos se disparan y ponen en el punto de mira a empresas y Gobiernos

Los litigios relacionados con el cambio climático se han duplicado en apenas tres años. En concreto, han pasado de 884 en 2017 a 1.550 casos en 2020, según un estudio elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y el Centro Sabin de Derecho sobre el Cambio Climático, de la Universidad de Columbia (EE UU). El informe destaca ese incremento considerable de un tipo de demandas que busca obligar a los Gobiernos y a las corporaciones empresariales a poner en marcha planes de recorte de emisiones de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático más ambiciosos.

Los autores del estudio han localizado demandas climáticas en 38 países del mundo. El país que lidera con diferencia esta carrera es Estados Unidos, donde se han presentado alrededor de 1.200 litigios. Le siguen Australia, con 97 casos, Reino Unido (58) y la Unión Europea (55). Aunque las demandas climáticas siguen concentrándose en los países más ricos, el informe apunta a una tendencia en la que empiezan a abrirse casos similares también en los países menos desarrollados. Así está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia, India, Pakistán, Perú, Filipinas y Sudáfrica.

Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Iidma), considera lógico que EE UU encabece el listado de países con más demandas: “Es la cuna de los litigios medioambientales, que se remontan allí a los años sesenta”. Además, esta abogada recuerda que ese país también fue pionero en la regulación ambiental. Por último, Barreira considera que es determinante el sistema judicial estadounidense, que permite que prosperen los litigios que se basan en la responsabilidad extracontractual —los daños que una persona o empresa causa a un tercero con el que no existe una relación previa contractual―.

El recuento realizado por el Centro Sabin y el Pnuma solo considera litigio climático a aquellos casos en los que el cambio climático es la parte central de la reclamación. Y se refieren tanto a la mitigación, la adaptación y la ciencia relacionada con el calentamiento global. Los demandados suelen ser Gobiernos y empresas. Históricamente, las ONG y los partidos políticos han liderado estos litigios, pero el estudio destaca que se están uniendo otros colectivos como los jóvenes y niños activistas, personas de la tercera edad, migrantes y pueblos indígenas. “Del mismo modo que estos colectivos son particularmente vulnerables frente a la covid, estos grupos de demandantes a menudo están en la vanguardia del cambio climático, soportando las condiciones climáticas extremas, el aumento del nivel del mar y la contaminación”, ha explicado el Pnuma este martes en un comunicado.

Los autores del estudio realizan una proyección sobre los litigios que creen que ganarán peso en los próximos años. Y señalan que cada vez se presentan más reclamaciones por “fraude a los consumidores e inversores” contra empresas en las que se culpa a los equipos directivos de no difundir la información sobre el riesgo climático al que se expone su negocio o por haber difundido “información de manera engañosa”. Otro tipo de litigios que está cobrando fuerza también es el relacionado con los daños causados por los desastres naturales vinculados al cambio climático y “la falta de planificación o gestión adecuados” por parte de los demandados. Por último, cada vez más se presentan más demandas ante órganos judiciales internacionales, como la que han presentado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Europa seis chicos portugueses contra 33 países, entre los que está España, aduciendo la vulneración de derechos fundamentales.

Recortes insuficientes en España

Casi de forma paralela a ese caso, el pasado septiembre tres ONG —Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón— decidieron abrir en el Tribunal Supremo el primer litigio climático contra el Gobierno de España para intentar que asuma compromisos de recorte de emisiones de efecto invernadero más ambiciosos de los previstos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Hemos llegado a un momento en el que la situación es extremadamente urgente y los políticos no están a la altura de lo que pide la ciencia y de los compromisos internacionales”, explica Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace. El Supremo admitió a finales del año pasado la demanda de estas ONG, que han utilizado un defecto formal en la tramitación del plan de energía y clima que tiene que presentar en Bruselas el Gobierno para abrir esta vía judicial. Pero lo que buscan es forzar al Ejecutivo a que se comprometa a reducir más sus emisiones durante esta década.

Además de la demanda, estas ONG han presentado un informe pericial elaborado por José María Baldasano, catedrático de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña, que concluye que el objetivo que se ha marcado el actual Gobierno de recortar un 23% las emisiones para 2030 “está muy lejos del esfuerzo necesario que España debe hacer” para ayudar a la que la temperatura media del planeta no supere los dos grados centígrados (unos de los objetivos que estable el Acuerdo de París). Además, ese informe recuerda que la Comisión Europea se ha fijado una meta de recorte del 55% en 2030. Y añade que “España debería establecer lo antes posible una moratoria sobre el uso de los combustibles fósiles”.

“Queremos utilizar la justicia como una vía más de activismo contra el cambio climático”, resume Ruiz-Huerta. Sin embargo, esta abogada también admite que la lentitud de la justicia, con procesos que se alargan muchos años en los tribunales, puede ser incompatible con esa urgencia por actuar frente al calentamiento.

Por esa misma razón, Barreira considera que el camino del litigio debe ser “el último recurso”. “Mientras la justicia funcione con los tiempos con lo que lo hace, las sentencias llegarán cuando el daño ya esté hecho”, lamenta.

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