Medio ambiente

Primer litigio climático en España: las ONG piden ante el Supremo mayores recortes de emisiones al Gobierno

Greenpeace, Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción exigen ante el tribunal que el Ejecutivo se comprometa a recortar un 55% las emisiones en 2030

Incendio forestal en Cualedro (Ourense), este lunes.
Incendio forestal en Cualedro (Ourense), este lunes.Óscar Corral

Es, de momento, una vía completamente incierta pero con una fuerte carga simbólica: tres ONG han decidido iniciar por primera vez en España un litigio climático contra el Gobierno similar al que grupos ecologistas y jóvenes activistas han puesto en marcha en otros países. El objetivo es forzar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a poner sobre la mesa recortes más duros de las emisiones de gases de efecto invernadero que los que ha propuesto hasta ahora para esta década, que será determinante en la lucha contra el calentamiento global. Y la “vía de acceso al Tribunal Supremo” que estas organizaciones han encontrado ha sido el retraso del Gobierno a la hora de aprobar formalmente el llamado Plan Integrado de Energía y Clima y la Estrategia a Largo Plazo, señala a este diario Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace, que junto a Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón intentan abrir este litigio.

El Plan Integrado de Energía y Clima es la hoja de ruta que la Comisión Europea exige a todos los miembros de la UE para que reduzcan sus emisiones de efecto invernadero de aquí a 2030. Y la Estrategia a Largo Plazo es la que debe exponer las grandes metas climáticas del país hasta mediados de siglo. Los demandantes sostienen que, aunque el Gobierno ha enviado a Bruselas esos documentos, “el Consejo de Ministros no ha adoptado formalmente" estos dos planes, "lo que constituye un incumplimiento del derecho de la UE”.

Pero en el escrito presentado este lunes ante el Supremo las tres organizaciones demandantes van más allá de ese problema formal. Piden que cuando se aprueben definitivamente esos documentos, se haga “con un elevado nivel de protección ambiental, una amplia participación pública y una adecuada evaluación ambiental estratégica”. También solicitan que el Gobierno se fije “unos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero acordes con los compromisos asumidos con la ratificación del Acuerdo de París”. Esto supondría, explican las organizaciones demandantes, un recorte de las emisiones de al menos un 55% en 2030 respecto a los niveles de 1990, frente al 23% que establece ahora el plan de energía y clima enviado por el Ejecutivo a Bruselas.

“Los litigios climáticos se multiplican a velocidad de vértigo”, dice Ruiz-Huerta. Greenpeace tiene contabilizadas demandas de este tipo en 39 países contra Gobiernos por falta de acción frente al cambio climático. En esos litigios se exige a las Administraciones planes de recorte de emisiones más duros que los que tienen sobre la mesa ahora. La última demanda que ha conseguido prosperar fue la presentada en Irlanda, donde el Tribunal Supremo obligó esté verano al Ejecutivo a presentar un plan climático más ambicioso.

Pero el ejemplo en el que todos se miran es en la ONG Urgenda, que también tras años de lucha logró que los jueces sentenciaran que el Gobierno holandés debía presentar objetivos de recorte de emisiones más fuertes. “Hace tiempo que mirábamos el caso de Urgenda”, dice Ruiz-Huerta sobre la intención de las ONG de presentar también un litigio climático en España. Pero hasta ahora no han visto la puerta abierta para poder iniciar el proceso. Esa puerta ha sido el plan de energía y clima y la vía es un recurso contencioso-administrativo en el Supremo por la “inacción del Gobierno”.

Ruiz-Huerta admite que es complicado que el litigio pueda terminar en una sentencia condenatoria contra el Estado, porque el sistema judicial en España es más “formalista” y deja menos lugar para “la creatividad de los jueces” que en los países en los que han prosperado este tipo de demandas, como Países Bajos e Irlanda. “Pero esto también es una forma de presión ciudadana y este tipo de litigios acabarán triunfando algún día”, sostiene la letrada de Greenpeace.

“Es normal que los ciudadanos pidan más acción en materia de clima”, ha reconocido este martes la vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien, sin embargo, ha asegurado que el plan de energía y clima “ya está aprobado y remitido a Bruselas” —fuentes de su departamento sostienen que lo que está aún pendiente de aprobación es solo la declaración de impacto ambiental—. Ribera ha admitido que para poder combatir el cambio climático se debe “transformar” el modelo de producción, de consumo y de desarrollo. “Los Gobiernos somos particularmente responsables a la hora de facilitar ese cambio y de ofrecer señales que lo faciliten”, ha añadido en unas declaraciones enviadas a los medios.

Crisis y reducciones de emisiones

“Las crisis han sido las únicas que han reducido las emisiones”, ha lamentado este martes en conferencia de prensa Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. Segura ha recordado que, lejos de reducirse las emisiones en España desde 1990, estas han crecido en estas tres últimas décadas. “Este Gobierno es el más ambicioso que hemos tenido hasta ahora”, ha reconocido el responsable de Ecologistas en Acción, quien ha criticado la falta de medidas efectivas de los anteriores Ejecutivos y la herencia que han dejado. “Pero esto no debe ser una excusa para no cumplir el Acuerdo de París”, ha advertido.

“Hay que hacer caso a la comunidad científica”, ha pedido Mario Rodríguez, director en España de Greenpeace. Y eso supone, ha detallado, que se necesitan reducciones duras de emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París: que el aumento de la temperatura global no supere 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. “Ya no bastan solo las palabras”, ha afirmado Rodríguez, que ha defendido la demanda “histórica” que han presentado.

“Los litigios son solo una de las muchas herramientas que se están utilizando para hacer frente a la emergencia climática, nadie está diciendo que solo debamos usar los tribunales para promover la justicia climática”, señala a EL PAÍS Tessa Khan, una de las abogadas de Urgenda. Esta letrada y activista considera que la proliferación de demandas de este tipo en el mundo retratan la forma “en la que los Gobiernos tratan el cambio climático: hacen grandes anuncios internacionales y luego no toman las medidas necesarias”.

Uno de los problemas más evidentes de este tipo de litigios es la lentitud de los sistemas judiciales para resolver las demandas y la urgencia por actuar frente al calentamiento. La primera sentencia del caso Urgenda data de 2015, pero no fue hasta el mes de diciembre pasado cuando el Supremo holandés confirmó ese fallo que se refiere a los objetivos más duros de recorte de emisiones que el Gobierno debía aprobar para 2020. Es decir, la sentencia queda desfasada. “Es complicado que las resoluciones lleguen a tiempo”, explica Ana Barreira, abogada y directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Iidma). Aunque los abogados medioambientales miran con esperanzas al último caso de Irlanda. “Pasaron menos de tres años entre que se presentó la demanda y que el tribunal más alto del país, el Tribunal Supremo, sentenciara que la política climática del Gobierno era ilegal”, añade Khan.

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