La demanda climática contra 33 países arranca en el Tribunal de Derechos Humanos

La vía judicial abierta por activistas medioambientales en muchos países para empujar a Gobiernos e instituciones a ser más duros en sus planes contra el cambio climático salta las fronteras nacionales y llega hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La sección cuarta del tribunal con sede en Estrasburgo (Francia) ha decidido que la demanda presentada por seis chicos portugueses contra 33 países, entre los que figuran todos los miembros de la UE además de otros Estados como el Reino Unido, Noruega, Turquía y Rusia, se tramite de forma prioritaria. El tribunal ha enviado un escrito a los países demandados en el que les pide que fijen su posición y respondan a algunas preguntas sobre los supuestos incumplimientos de los acuerdos climáticos internacionales y su responsabilidad en un calentamiento global que perjudica el presente y el futuro de los demandantes.

El tribunal todavía debe decidir si admite o no este caso, pero la ONG ecologista internacional 350.org considera que la sola interpelación a los 33 Gobiernos para que se pronuncien sobre la demanda es un avance significativo ya que “la gran mayoría de los casos presentados ante el tribunal de Estrasburgo no alcanzan esta etapa”. “Esta decisión marca un paso importante hacia una posible sentencia histórica sobre el cambio climático”, sostiene la organización ecologista.

Lo que se busca con este caso es “una decisión jurídicamente vinculante que exija a los 33 países demandados que adopten los recortes profundos y urgentes” de sus emisiones en línea con lo que los científicos de la ONU apuntan que hay que hacer para cumplir con el Acuerdo de París, explica Gerry Liston, abogado y uno de los responsables de la Red Mundial de Acción Legal, que ayuda a los seis chicos portugueses en esta batalla judicial. Los planes de recorte de emisiones actuales de esos Estados se quedan cortos y no permitirán que el aumento medio de la temperatura se quede por debajo del grado y medio respecto a los niveles preindustriales, el objetivo que establece el pacto que se cerró hace cinco años en la capital francesa.

La demanda fue presentada en septiembre por seis chicos portugueses de entre ocho y 21 años. “Los demandantes afirman que los incendios forestales que experimenta anualmente Portugal en los últimos años, especialmente desde 2017, son un resultado directo del calentamiento global”, apunta el escrito enviado por el tribunal a los 33 países. Y los jóvenes esgrimen que esos fuegos les pueden ocasionar “problemas de salud”. De hecho, estos chicos afirman que ya han sufrido “después o durante los incendios forestales trastornos del sueño, alergias, dificultades respiratorias, todo ello agravado por temperaturas muy altas durante la temporada de calor”. Los fuegos también han hecho que les resulte imposible “pasar tiempo al aire libre, jugar o participar en actividades físicas”, además de haber obligado a que se cerraran temporalmente sus escuelas, señala el tribunal.

Portugal ha vivido en los últimos años varias oleadas de fortísimos incendios forestales, como el de Pedrógão Grande de 2017, que acabó con la vida de 64 personas. Los demandantes sostienen que sienten “ansiedad” por ese tipo de “desastres naturales” que golpean sus poblaciones y ante la “perspectiva de vivir en un clima cada vez más cálido” que le afectará a ellos y a sus familias en el futuro. Cuatro de ellos residen, precisamente, en el distrito de Leira, que sufrió aquellos fuegos de 2017. Los otros dos viven en Lisboa y argumentan en la demanda que sus casas están cerca del mar y que las tormentas son cada vez más fuertes por el calentamiento y están expuestos a sus estragos.

Responsabilidades compartidas

El tribunal interpela en su escrito a la treintena de Gobiernos para que respondan si consideran que se están incumplimiento los tratados climáticos internacionales —como la convención marco de Naciones Unidas o el Acuerdo de París— y si esto supone que los demandantes puedan ser “víctimas reales o potenciales” de la violación de alguno de los preceptos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se citan varios artículos, como el 3, que establece que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.

El argumento que emplean los demandantes es que la responsabilidad del calentamiento que agrava los incendios y los otros fenómenos extremos que padecen es compartida por todos los países demandados —los más importantes de los casi 50 Estados que están bajo la jurisdicción de este tribunal europeo— que emiten los gases de efecto invernadero dentro y fuera de sus fronteras.

Como norma general uno de los requisitos básicos que impone el tribunal de Estrasburgo para admitir las demandas es que los afectados hayan agotado la vía judicial del país contra el que recurren. Pero en este caso no se cumple ese precepto. “Sería prácticamente imposible que un grupo de niños y jóvenes presentara casos en 33 países diferentes y los continuaran hasta llegar a sus tribunales más altos”, explica Liston. Además, los demandantes también aducen una situación de “absoluta urgencia” ante la necesidad de actuar lo antes posible para que el calentamiento se quede dentro de unos límites manejables. Por eso piden que no se les obligue a recurrir en cada uno de los 33 países demandados y a agotar allí la vía judicial.

De momento, el tribunal no se pronuncia sobre esta petición ni sobre el fondo de este caso. Pero sí ha instado a las partes a que intenten llegar a “un arreglo amistoso” antes del 15 de enero. Si no se logra, comenzaría la “fase de litigio”. “Tendremos que responder a cada uno de los 33 países demandados”, explica Liston. Su organización calcula que los costes rondarán los 100.000 euros y ha abierto un crowdfunding para poder seguir adelante con este caso que quiere marcar un hito el la lucha internacional contra el cambio climático.

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