La justicia obliga a Francia a demostrar en tres meses que va a cumplir sus compromisos climáticos

Tres meses. Ese es el plazo que tiene el Gobierno francés para demostrar que tras su abundante retórica medioambiental hay también un esfuerzo real para luchar contra el cambio climático y que será capaz de cumplir sus compromisos para reducir hasta 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero. En una decisión calificada de “histórica” por numerosas organizaciones medioambientales, el Consejo de Estado francés ha emitido este jueves un ultimátum para que el Ejecutivo de Emmanuel Macron explique sus planes, sobre todo después de haber anunciado a principios de año que aplazaba esos esfuerzos.

“El Gobierno debe justificar, en un plazo de tres meses, que la trayectoria de la reducción (de gases de efecto invernadero) con vistas a 2030 puede ser respetada”, decidió el más alto tribunal administrativo de Francia en vísperas del quinto aniversario de la Conferencia sobre el Clima de París (COP21) que, en diciembre de 2015, fijó esos objetivos recogidos en el Acuerdo de París que entró en vigor un año más tarde.

En el origen de esta decisión inédita, según destacó el propio Consejo de Estado, está la localidad costera de Grande-Synthe, en el norte del país, especialmente expuesta a los efectos del cambio climático, sobre todo al riesgo de inundación. En enero de 2019, el entonces alcalde de Grande-Synthe, el hoy diputado europeo ecologista Damien Carême, presentó ante el Consejo de Estado un recurso por la “inacción climática” de Francia, ante la oposición del Gobierno de Emmanuel Macron a acceder a su petición de que se adoptaran medidas suplementarias para “modificar la curva de las emisiones producidas y respetar, como mínimo, los compromisos de Francia”. A la iniciativa se unieron las ciudades de París y de Grenoble, así como cuatro organizaciones medioambientales: Oxfam Francia, Greenpeace Francia, la ONG Notre Affaire à Tous y la Fundación Nicolas Hulot, que fue ministro de Ecología de Macron hasta agosto de 2018.

En su decisión de aceptar la demanda primero, y de establecer además un plazo máximo para recibir las explicaciones del Elíseo antes de discutir el fondo del asunto, el tribunal administrativo recuerda que el Estado “se comprometió, para implementar el Acuerdo de París, a adoptar una trayectoria de reducción de las emisiones que permitieran lograr, en 2030, una reducción de 40% en relación con el nivel de 1990”. No obstante, agrega, “a lo largo de los últimos años, ha sobrepasado regularmente los topes de emisiones que se había fijado”. De hecho, constata el Consejo de Estado, en el periodo 2015-18, “Francia solamente ha realizado una reducción de media de sus emisiones de 1% anual, cuando el techo fijado imponía una reducción del 2,2%”. A ello se añade, continúa, el decreto firmado el pasado 21 de abril por el que se “revisan a la baja” los objetivos de reducción de emisiones entre 2019-2023, con lo que “una parte de los esfuerzos inicialmente previstos también son aplazados a después de 2023, lo que impondrá realizar una reducción de las emisiones a partir de entonces a un ritmo que jamás se ha logrado hasta ahora”.

De ahí que el Consejo de Estado quiera saber del Gobierno “que su rechazo a adoptar medidas complementarias”, como le pedía Grande-Synthe, “es compatible con el respeto de la trayectoria de reducción (de emisiones) elegida para lograr los objetivos fijados para 2030”. Para ello, le da tres meses de tiempo.

Una decisión “histórica”

Es una decisión “histórica”, celebró la exministra de Medio Ambiente y abogada de Grande-Synthe, Corinne Lepage, para quien esto demuestra que “las políticas no deben ser solo bonitos compromisos sobre el papel”, dijo a la Agencia France Presse. También el exalcalde de la ciudad se manifestó “feliz” por la decisión “por el medio ambiente y por nuestro futuro en común. Es hora de pasar a los hechos”, reclamó Carême en las redes sociales.

Para las cuatro ONG que apoyaron la demanda, la decisión constituye “una verdadera revolución jurídica: las leyes programáticas sobre el clima han sido consideradas hasta ahora por los sucesivos gobiernos y parlamentos como vagas promesas. El Estado francés debe ahora comprometerse con sus obligaciones legales y aplicar medidas concretas y efectivas para alcanzar estos objetivos”, dijeron en un comunicado conjunto.

Tampoco se han hecho esperar las reacciones jubilosas de los otros codemandantes. La alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, resaltó en un comunicado el hecho de que esta decisión se produzca a punto de celebrarse el aniversario del Acuerdo de París y reclamó la importancia de que las ciudades como la capital gala se impliquen en la lucha contra el cambio climático. “El diálogo entre jueces y las ciudades debe continuar y permitir recordarle a los Estados sus compromisos a favor de la reducción de gases de efecto invernadero. Hay urgencia para actuar”, recordó.

Por su parte, el alcalde de Grenoble, el ecologista Éric Piolle, destacó otro hito de la sentencia: el hecho, dijo, de que “hasta ahora, teníamos que demostrar nosotros que el Estado no cumplía sus compromisos. Esta vez es el Estado el que deberá demostrar que está haciéndolo. Supone hacerle afrontar sus responsabilidades y su inacción en esta materia”, declaró. De hecho, si el Consejo de Estado no queda satisfecho con las respuestas oficiales, “podrá ordenarle al Estado adoptar medidas para rectificar la trayectoria”, dijo a Le Monde Guillaume Hannotin, abogado del Consejo de Estado.

Mientras, el Ministerio de Transición Ecológica defendió su “política ofensiva” contra el calentamiento global y dijo “tomar nota” de la decisión y aseguró que “responderá a la demanda” que, subrayó, “no es un juicio sobre el fondo, sino una demanda de prueba de acción”, recogió AFP.

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