Celsa tropieza con la misma piedra de la deuda

Francesc Rubiralta nunca ha mostrado mucha aversión al crédito mientras ha estado al frente de Celsa, la segunda mayor siderurgia española. Hace 17 años vivió en primera persona como el grupo empresarial familiar se partía en dos, después de que su tío José María se disgustara con su padre, Francisco, por la compra a sus espaldas de Fundia, una empresa finlandesa valorada en 123 millones de euros. El tío de Francesc se había opuesto a la operación al considerar que iba a representar un endeudamiento excesivo y acusaba de haber realizado la adquisición por su cuenta a su sobrino, que entonces contaba 28 años y había aterrizado en la compañía tras un periplo formativo por consultoras.

Celsa ya era en 2005 un referente. Había aprovechado la integración del sector en España para adquirir pequeñas compañías y aquel año ingresó en torno a 2.800 millones de euros. Pero la carrera de adquisiciones todavía no había acabado y en los siguientes años se acabó de forjar el grupo siderúrgico que es hoy, el mayor fabricante español de productos largos para la construcción y con un papel también importante en la producción de alambrón para el sector del motor. El crecimiento entre 2002 y 2012 fue acelerado. Apenas Arcelor Mittal está hoy por delante suyo en el sector siderúrgico en España, aunque Francesc, presidente de la empresa desde la muerte de su padre en 2010, siempre ha defendido que más que una siderúrgica se trata de una empresa de reciclaje de chatarra, su materia prima. Su facturación se ha disparado por encima de los 6.000 millones de euros, tiene ramificaciones en diferentes países europeos y dispone de una plantilla cercana a los 10.000 trabajadores. Pero no solo esos parámetros han crecido: la deuda es hoy una bola de 3.000 millones de la que los bancos acreedores se deshicieron aplicando cuantiosos descuentos (en algunas operaciones fue del 70% y el 80%) después de diversas refinanciaciones en poco tiempo que parecían huidas hacia adelante. Si vendieron esa deuda es porque veían complejo su cobro.

Esta semana, los fondos oportunistas que la fueron comprando a partir de 2017 han ganado la partida en los tribunales tras tres años de discusiones -o enfrentamientos- con la dirección de la empresa: se quedarán con el 100% de la compañía a cambio de solo 1.300 millones de la deuda. El resto, hasta los 2.400 millones que suman las deudas, lo podrán cobrar en cinco años. A Rubiralta solo le queda esperar por si el Gobierno se niega a autorizar la toma de control por parte de los propietarios, lo que abriría otro camino repleto de incertidumbre.

En los cenáculos empresariales catalanes hay cierta incredulidad acerca de la política del todo o nada que ha jugado la familia, que hasta principios de este año no empezó a meditar la posibilidad de ceder parte del capital a sus acreedores a cambio de llegar a un acuerdo. En ese momento ya era demasiado tarde: los fondos sabían que la reforma de la ley concursal les abría una ventana de oportunidad para quedarse con el 100% del capital y que, si no salía bien, la partida seguiría jugándose. Todos los consultados repiten lo mismo: la empresa funciona bien (obtuvo un beneficio operativo bruto de 867 millones en 2022) pero le fallaba la planificación financiera y necesitaba reducir el pasivo. “Si los fondos estaban ahí es que veían que era un buen proyecto”, afirma convencido Jaume Alsina, presidente de la Asociación Catalana de la Empresa Familiar.

Las mismas condiciones para los fondos

“No sé si Francesc Rubiralta se ha equivocado en la estrategia, pero es como su padre: una fuerza de la naturaleza y un luchador que está volcado día y noche con la empresa”, señala un directivo del sector de la siderurgia. El aún presidente de Celsa es vicepresidente de Unesid, la patronal española, y miembro de la junta del Círculo de Economía, en la que no ha participado en los últimos tres meses. La empresa ha declinado su participación en este reportaje.

Los bancos confían “en los nuevos propietarios” -tal y como ya los definía un comunicado del Ministerio de Industria- y ya les han garantizado las mismas pólizas de crédito por 525 millones de euros con vigilancia cada 15 días con que contaba el grupo desde noviembre. “¿Por qué los actuales gestores tienen que hacerlo mejor y los fondos peor? Ellos quieren recuperar el dinero”, señala un veterano banquero que conoce desde hace décadas a los Rubiralta. El fichaje del exconsejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, para presidir la compañía se ha entendido como una garantía para el futuro de la compañía tal y como es hoy: se lleva bien con las administraciones, tiene una dilatada carrera en empresas industriales y no se ha caracterizado nunca por el troceamiento de empresas. Son las garantías que justamente reclamaban el juez y las administraciones: integridad del negocio, sede en España y mantenimiento del empleo.

El fallo es un doloroso golpe para la familia, que tenía en sus manos un referente industrial, y de refilón para la gran empresa catalana, que ve como año tras año va perdiendo el ADN familiar que la caracterizaba. Desde 2005, con la venta de Panrico por la familia Costafreda, los industriales catalanes han ido deshaciendo posiciones a un paso que se ha acelerado en los últimos años: desde el imperio del juego de Cirsa, hasta los elaboradores de cava Codorníu y Freixenet, el fabricante de componentes de la automoción Ficosa o el de vestidos de novias Pronovias. El último caso ha sido el de Pastas Gallo. La gran diferencia respecto a Celsa es que justamente la obstinación de Francesc Rubiralta por no ceder parte de capital es la que ha acabado decidiendo la partida.

El consejero de Empresa de la Generalitat, Roger Torrent, admite el proceso de salida de capital familiar de la industria: “Existe una dinámica global de la que actualmente es muy difícil escapar pero, pese a que ciertamente hay grandes empresas familiares que han pasado a manos de capital extranjero, muchas otras han crecido y se han consolidado como modelos de éxito”.

Fuertes endeudamientos como el de Celsa, aunque sin la gravedad que reviste su judicialización, ha supuesto también que los fondos obligaran a modificar los consejos de administración o el relevo de los primeros ejecutivos, como ha sucedido en las empresas cotizadas Grifols o Cellnex.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal