Los Rubiralta se agarran al escudo antiopas como última vía para retener Celsa

La ley antiopas es la única esperanza a la que puede asirse Celsa tras el revés judicial recibido el lunes, cuando un juez de lo mercantil decidió dar la propiedad del gigante siderúrgico a los fondos oportunistas que controlan su deuda. Y así lo ha manifestado la compañía, todavía en manos de la familia Rubiralta, en su primer comunicado tras el fallo, en el que asume una sentencia que no es recurrible, pero en el que recuerda que el cambio de manos necesita de “una autorización expresa del Gobierno de España” y subraya que esa decisión “significa la toma de control por parte de inversores extranjeros de una empresa estratégica española”.

Ese, el del riesgo que la operativa de la compañía salga de España, ha sido uno de los argumentos esgrimidos por la familia Rubiralta, aún propietaria de Celsa, en el largo litigio que le ha enfrentado a sus acreedores en los últimos tres años. En una reunión que celebraron con los sindicatos el mismo lunes, los responsables de la compañía admitieron que la única puerta que les quedaba abierta era la del veto gubernamental a la operación.

El Gobierno asume su responsabilidad y este martes ha remarcado que el traspaso de la propiedad no se hará efectiva hasta que el Consejo de Ministros lo autorice, previa solicitud de los futuros accionistas. Pero no parece que le vaya a poner problemas: “El Gobierno negociará con los nuevos propietarios para garantizar la viabilidad futura de la empresa”, ha señalado el Ministerio de Industria, que incluía entre los factores a tener en cuenta la integridad de todas las unidades de negocio, el mantenimiento de los 10.000 empleos del grupo y el de su sede social en España.

Esa última condición ha quedado asegurada por el grupo de fondos, entre los que se encuentran Deutsche Bank, Goldman Sachs, SPV Global, Sculptor Investment y Anchorage Capital, que han avisado que nombrarán en cuanto puedan un nuevo consejo de administración con la prioridad de salvar el empleo y garantizar la gestión operativa y financiera.

Con todo, el próximo capítulo del culebrón depende de cómo la Moncloa ejecute el decreto sobre inversiones exteriores, la actualización del denominado mecanismo de escudo antiopas. Con ese texto se preveía blindar determinadas empresas con actividades que se consideraran estratégicas del control extranjero, incluidas empresas europeas. Y Celsa lo es como principal empresa siderúrgica española, tal y como la consideró la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para concederle un crédito de 550 millones de euros por el impacto de la pandemia que, justamente por la incapacidad de llegar acuerdos entre Celsa y los fondos, nunca llegó a ejecutarse.

El procedimiento que se abre ahora fuerza a los fondos a presentar ante Industria un expediente en el que explique la situación de la compañía y justifique la toma de control. Desde ese momento, el Gobierno tendrá tres meses para resolver el expediente, aunque ese plazo se puede ampliar sine die si los técnicos del ministerio demandaran nueva información. El Ejecutivo se ha negado en ocasiones a determinadas operaciones de forma inicial, pero tras un proceso de negociación ha acabado dando el plácet. En el caso de Celsa, dado que el cambio de manos procede de una sentencia judicial, la negativa tendría que estar bien argumentada y podría abrir una nueva vía judicial, según explican fuentes jurídicas.

También existe la posibilidad de que los fondos consigan un socio español dispuesto para entrar en la compañía para evitar el escudo antiopas, aunque los expertos consultados consideran que, en estos momentos, podría convertirse en un fraude de ley, porque el objetivo sería únicamente el de eludir la norma.

Deuda abultada y nueva ley concursal

La situación a la que se ha visto abocada la compañía tiene su origen en el abultado endeudamiento acumulado por la compañía, que se vio incapacitada para afrontar todos los pagos cuando durante la pandemia le cayeron los ingresos por la paralización de la actividad. Tras infructuosas negociaciones, los fondos decidieron acudir a los juzgados aprovechando el estreno de la reforma de la Ley Concursal y presentar un plan de reestructuración para convertir una parte de la deuda en acciones que ha sido refrendado. Según ha considerado acreditado el juez que se ha encargado del litigio, la deuda de Celsa alcanzaba los 3.988 millones de euros mientras que el valor de la empresa apenas se situaba entre los 2.400 y los 2.775 millones (según el experto independiente nombrado para el proceso, Lexaudit), lo que da derecho a los acreedores para convertir una parte de la deuda por la totalidad de las acciones y la otra pagarla en un periodo de cinco años.

El envite de los fondos era un todo o nada para Rubiralta si no se avenía a negociar ya fuera de los juzgados. Fuentes de la empresa aseguran que Celsa, de no ser por la covid, sería una empresa solvente, capaz de pagar sus créditos y con una reconversión ya realizada para fabricar acero verde, la base de la descarbonización de la industria siderúrgica. Este martes el Gobierno catalán ha asegurado que trabajará para “garantizar la integridad del proyecto y también el mantenimiento de los puestos de trabajo”.

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