El Gobierno estudia aplicar la ‘ley antiopas’ al traslado de sede de Ferrovial

El Gobierno está estudiando todas las fórmulas normativa a su alcance para impedir el traslado de sede fiscal a Países Bajos que plantea Ferrovial. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que el Ejecutivo está analizando si puede actuar dentro del “marco de vigilancia con respecto a la inversión en sectores estratégicos” establecido por la crisis de la pandemia del coronavirus. El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre la prórroga durante dos años más, hasta finales de 2024, del blindaje a empresas estratégicas, el popularmente conocido como escudo ‘antiopas’, y la extensión de la moratoria contable

Se trata de analizar si “se requiere una autorización explicita por parte del Consejo de Ministros o si la decisión se puede tomar sin ningún problema y trasladarse a otro país comunitario”, según explicó Ribera en una entrevista este domingo en Radio Galicia-Cadena SER.

En la misma línea, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, indicó este lunes que basándose en los análisis técnicos y la información disponible hasta el momento “hay serias dudas” sobre los argumentos que ha esgrimido públicamente Ferrovial para explicar el traslado de su sede social a Países Bajos. De hecho, ha reconocido que el Gobierno está estudiando en qué medida hay una diferencia en la normativa española con respecto a la de otros países europeos, preguntada por posibles cambios en la ley de cara a tener mayores facilidades para debutar en la Bolsa de Estados Unidos, como ha apuntado Ferrovial entre los motivos de este traslado.

Calviño ha insistido de nuevo en que el Gobierno no comparte esta decisión, que demuestra además una falta “total” de compromiso con España, según ha subrayado este lunes en declaraciones a los medios con motivo del acto Mujeres protagonistas en la era digital en la sede del Ministerio.

Igualdad de trato

Preguntada por si la empresa tiene que ser penalizada en los concursos públicos, Calviño ha agregado que se tiene que aplicar la ley y la igualdad de trato y todas las reglas nacionales e internacionales por lo que respecta a la contratación pública. Ha indicado que estos días se están analizando “con detalle” los distintos argumentos e implicaciones y la información disponible hasta el momento y los análisis técnicos lo que arrojan es que hay serias dudas sobre los argumentos utilizados por Ferrovial para tratar de explicar esta decisión.

Sobre las consecuencias de estos análisis, ha añadido que las decisiones las tiene que tomar la empresa y que no quiere adelantarse a las conclusiones de los análisis técnicos que están desarrollando entre los distintos ministerios y también en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “No se trata de uno u otro Gobierno, se trata de compromiso con España”, ha manifestado. A este respecto, ha reiterado: “Todos los gobiernos de nuestro país, de uno u otro signo, han apoyado decididamente a Ferrovial, como se apoya a todas las grandes multinacionales españolas que han nacido y crecido gracias a la economía española, gracias a los contribuyentes de nuestro país y a las que hemos apoyado en el ámbito internacional de forma decidida”.

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