El Gobierno se lanza en tromba contra la decisión “inaceptable” de Ferrovial de llevar la sede a Países Bajos
Calviño llama a Del Pino y le reprocha la falta de compromiso de una empresa “que debe todo a España”
El Gobierno ha decidido salir en tromba contra la decisión de Ferrovial, una de las mayores constructoras españolas, de trasladar su sede a Países Bajos. Todo el Ejecutivo está indignado por esta iniciativa de una empresa que durante decenios ha crecido con contratos públicos en España. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha llamado directamente esta mañana a Rafael del Pino, máximo responsable de la compañía y una de las grandes fortunas españolas, para “expresar claramente el rechazo a esta decisión”, según ha confirmado ella misma en La Sexta. El Ejecutivo está estudiando las implicaciones de la decisión para ver cómo puede reaccionar o intentar frenarla. “No creo que sea aceptable, por eso he expresado mi rechazo. España le ha dado todo a Ferrovial. Es una decisión que va contra el interés y la imagen de nuestro país”, ha insistido. Lo que no ha aclarado la vicepresidenta es si ella conocía de antemano la decisión y si se movió o no para impedirla. La cuestión ha causado un fuerte impacto en La Moncloa y después ha llegado la reacción de Calviño.
El Gobierno está molesto y sorprendido de que además la empresa alegue que en Países Bajos hay más “seguridad jurídica” cuando precisamente este año España ha aumentado un 50% la inversión extranjera, lo que demuestra que es un país interesante y seguro para invertir. “No resulta aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país”, argumentan fuentes de Economía, que rematan con la idea de que va en sentido contrario a otras empresas: “Es paradójico que se anuncie esta posible decisión en un momento de importante atracción de inversión extranjera y confianza de los inversores y empresas extranjeras en nuestro país, y con un proceso de inversión pública y modernización sin precedentes en marcha en los sectores en que está presente el grupo Ferrovial”.
Mientras el PP ataca al Ejecutivo por esta decisión de Ferrovial, y le responsabiliza porque cree que ha puesto en riesgo la seguridad jurídica en España, Calviño insiste: “Esto no tiene nada que ver con el Gobierno. No tienen fundamento [las críticas del PP]. Este Gobierno se ha volcado con la defensa de las empresas españolas dentro y fuera de nuestras fronteras”. Calviño en cualquier caso minimiza las consecuencias prácticas de esta decisión y cree que el problema es más el gesto. “Me refiero sobre todo al gesto de una empresa emblemática que ha crecido gracias a la economía española, por eso no comparto esta decisión. Son empresas que le deben todo a España y tienen que demostrar el compromiso con su país. Todos debemos arrimar el hombro”, ha rematado.
Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y máxima representante de Unidas Podemos, ha sido durísima también. “Tenemos que trabajar en una Europa en la que el dumping [abaratamiento anormal] fiscal no exista. Ferrovial ha crecido al albur de enormes contratos con la administración pública. Le pido compromiso con nuestro país. Pido a los accionistas que reconsideren esta decisión, y espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean para evitar que esto se produzca. Esto no es ser español. Ser español es defender la permanencia en tu país. Esto no es compromiso con nuestro país. Muchos españoles estarán atónitos. En momentos de necesidad, las empresas tienen que ser ejemplares”, ha asegurado.
El PP ha culpado al Gobierno de la decisión de Ferrovial. El vicesecretario de Economía de este partido, Juan Bravo, ha señalado que España se enfrenta al “riesgo” de que haya un “efecto contagio” y otras multinacionales salgan del país. Bravo ha denunciado la “falta de seguridad jurídica” y, por tanto, “inquietud” que las empresas encuentran frente a la que les ofrecen en otros países y ha pedido hacer una “profunda reflexión” sobre los motivos de esta marcha. En la misma línea se ha manifestado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra: “La vicepresidenta Calviño debe hacerse la pregunta: ‘¿He hecho yo algo para que [Ferrovial] se quede o para empujarle a que se tenga que ir?’, ‘¿Soy responsable de la falta de seguridad jurídica que hace que muchas empresas se tengan que ir a otros países?’, ‘¿Estoy teniendo como Gobierno una conducta de defensa o estoy permitiendo que nuestro tejido empresarial sea vapuleado hasta por el propio Gobierno?”.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en un tono algo menos duro que el de Calviño, también ha lamentado la decisión de Ferrovial y reconoce que le parece “curioso” que la compañía tome esa decisión después de tener unos resultados “no tan buenos” (el beneficio de 2022 ascendió a 186 millones, un 84% menos por la ausencia de extraordinarios). Montero ha explicado que el Gobierno “estará atento a otras motivaciones” que justifiquen su marcha. Entre ellas, la compañía destacó “el marco jurídico estable” neerlandés.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, también se ha referido al anuncio de la multinacional, a la que ha pedido que aclare su continuidad en el país. “Es muy importante que Ferrovial aclare esa continuidad. Creo que existe esa intención, que es positivo, pero debe ser Ferrovial quien dé la explicación correspondiente y más en un contexto en el que en España estamos recibiendo muchas inversiones extranjeras”, ha asegurado el ministro en un desayuno informativo.
El consejo de administración de Ferrovial propuso este martes una fusión entre la matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía, lo que supondrá el traslado del domicilio social de España a Países Bajos. Además, el grupo informó de que pedirá la doble admisión a negociación en ese país, cotizando también en España, para cotizar posteriormente también en Estados Unidos. En cualquier caso, Ferrovial señaló que esta reorganización corporativa no tendrá un impacto en los planes de inversión en España, país que permanecerá como principal fuente de desarrollo de talento.
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