Cara o cruz para la batalla judicial por Celsa

Acerinox obtuvo en 2022 los mejores resultados de su historia. Tubos Reunidos volvió a los beneficios tras siete años de pérdidas y tras ser rescatada por la SEPI en 2021 con una inyección de 112 millones de euros. Son solo dos ejemplos de cómo el negocio del acero se benefició de un fuerte viento de cola pese a la volatilidad de las materias primas y el alza el precio de la energía. Como otras, la industria siderúrgica ha producido menos pero ha ganado más. Y ese panorama no fue distinto para Celsa, que firmó el año pasado el mejor resultado bruto de explotación de su historia, con un ebitda situado en los 867 millones de euros. Pero los propietarios, una de las ramas de la familia Rubiralta que fundó el líder español del acero en 1967, no están para celebraciones. Si un acuerdo exprés no lo evita antes, un juez podría decidir en junio entregar el control de la compañía a un grupo de fondos de inversión que desde hace dos años presionan a la empresa para cobrar los 2.400 millones de deuda que poseen del grupo. Se la compraron con fuertes descuentos a la banca española, que había dejado a su vez grandes cantidades de dinero a Celsa para financiar una ambiciosa y arriesgada política de adquisiciones. La misma política que le permitió superar los 6.000 millones de euros (6.084 millones) de facturación por primera vez en 2022 y que, a la vez, tiene contra las cuerdas a sus accionistas. El negocio está sano, no así el balance de la empresa.

“Hay una falta de confianza radical”, explican fuentes vinculadas a esos acreedores, entre los que se encuentran Deutsche Bank, Goldman Sachs, Anchorage, Attestor, Cross Ocean y Golden Tree. Según estas, no hay casi negociaciones para alcanzar un acuerdo fuera del juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona, más allá de pequeñas variaciones que va presentando Celsa sobre su última propuesta. Las relaciones entre ambas partes son como un tornillo pasado de rosca: tras tantas intentonas ya nada encaja. Álvaro Lobato, el juez encargado del caso, ha programado para dentro de cuatro semanas una serie de vistas antes de tomar una decisión sobre un litigio que aúna complejidad técnica e incluso política: estrena la reforma de la Ley Concursal y la posibilidad de aprobar planes de reestructuración presentados únicamente por acreedores y, en el caso de que la sentencia favoreciera el cambio de propiedad, esa decisión podría requerir del plácet del Gobierno, si es que llega a considerarla una empresa estratégica. Es como si todo estuviera al límite.

La situación hace tiempo que se larva, pero en septiembre pasado los fondos acreedores dieron una vuelta de tuerca a la situación presentando un plan de reestructuración ante el juzgado en el que instaban a convertir 1.291 millones de sus 2.400 millones de deuda en el 100% de la compañía, mientras que el resto de los préstamos se podría retornar en 5 años. Doblaban así su apuesta, ya que anteriormente habían reclamado tener presencia en el capital, pero nunca con la totalidad de las acciones, propuesta que los Rubiralta siempre habían rechazado de plano. Pero los fondos confiaban en la valoración que hacían de la empresa, que situaban por debajo de los 2.400 millones (aunque en una valoración basada en múltiplos del ebitda, que hace dos años era menos de la mitad de lo que fue en 2022, de 350 millones). Un informe de Lexaudit, mediador entre las partes en los juzgados que Celsa intentó sin suerte excluir del proceso, validó esa cifra al situar el valor de la empresa entre los 2.400 y los 2.800 millones de euros, cantidad que dos informes encargados (a Lazard y AZ Capital) y entregados en el juzgado por Celsa elevaban hasta los 6.000 millones. Esa valoración de la compañía es una piedra angular para la decisión final: si la empresa vale menos que el crédito que acumula, además de otras condiciones, podría pasar totalmente a manos de los acreedores.

La presión de los fondos ha surtido efecto. Los Rubiralta se han abierto por primera vez a ceder capital, pero con un límite del 49% para preservar el control y a cambio de una quita de alrededor de 600 millones de euros. Los acreedores conseguirían ya 650 millones de euros en efectivo (550 millones procedentes del rescate de la SEPI que todavía no se ha ejecutado) y se asegurarían dos consejeros con capacidad de veto en el consejo.

Parece que sobre esa propuesta se podría vestir un acuerdo ajeno a los tribunales. Fuentes de los fondos consideran que hace un año quizás habrían aceptado la propuesta de la empresa, pero que ahora, sin esa “confianza”, no ha lugar a no ser que el proceso judicial se acabe deteniendo. Otra alternativa para aceptar sería, y eso lo dicen fuentes externas a la negociación, que la oferta se mejorara exponencialmente. El terreno de juego está tan embarrado que el presidente de la compañía, Francisco Rubiralta, asumió personalmente reuniones con cada uno de los fondos en busca de una salida dialogada junto a su vicepresidente, Francesc Mesegué. Jugárselo en los juzgados es para Celsa como echar una moneda al aire: prolonga la actual situación o lo pierde todo de golpe. No hay más. De ahí que haya intentado impugnar el proceso demandando una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, petición que el juez ha considerado fuera de lugar en el actual momento procesal.

No obstante, Celsa se ha acostumbrado a superar fechas límites. Pasó con el pago de su deuda y ocurrirá con la concesión de 550 millones de la SEPI que se argumentaban por el golpe de la covid. La pandemia está superada y Celsa todavía no se ha hecho con esos recursos precisamente porque no ha sido capaz de, tal y como reclamaba el organismo estatal, limpiar su balance enjugando 1.200 millones de euros del pasivo.

Si entran en el capital y en el consejo, los acreedores quieren elaborar un nuevo plan de negocio que asegure la viabilidad y, sobre todo, su posible salida con el mayor volumen de beneficios. “Eso no se plantea en tres o cuatro años”, asegura. La opción de una Celsa en Bolsa sería una posibilidad de futuro. Pero, de momento, todo depende del juicio. O de una negociación que, dicen, no existe.

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