La banca estrecha el control a Celsa para darle crédito

Celsa Group ha recibido por parte de la banca un balón de oxígeno de tres meses, el tiempo extra que le ha dado un grupo de diez entidades que financian 525 millones de euros para su circulante. La mayor parte de las sociedades que controlan ese pasivo alcanzaron un acuerdo con la compañía el pasado viernes, aunque dada la situación de la empresa han decidido reforzar los mecanismos de control, que efectuarán cada 15 días, informan diversas fuentes financieras. Tras semanas de negociaciones, el acuerdo se decidió en el último momento, ya que este lunes expiraba el actual contrato.

Entre los bancos presentes en ese grupo que controla la deuda marco se encuentran Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, las responsables del 80% de los créditos. Cerrar el acuerdo era básico para la compañía, ya que se trata de los recursos con los que gestiona el día a día de su operativa. Celsa asegura que los resultados de este año están siendo positivos.

Los bancos que integran el pool quieren seguir de cerca tanto la evolución del negocio de la compañía como la de las negociaciones para reducir el pasivo que llevan a cabo la dirección del grupo y los fondos que controlan la mayor parte de la deuda. De ahí que hayan optado por renovar el contrato tres meses, en un intento de presionar a ambas partes para que aceleren unas discusiones que, lejos de avanzar, han entrado ahora en los juzgados de lo mercantil.

El pasado 26 de setiembre, los fondos acreedores dieron un paso más en la presión hacia la familia Rubiralta, propietaria del 100% de las acciones de Celsa, y solicitaron en los juzgados un plan de reestructuración. Esa nueva fórmula amparada por la ley concursal habilita la figura de un mediador para intentar alcanzar acuerdos entre empresas y acreedores.

En ese sentido, una mayoría de los tenedores de la deuda de Celsa —no se incluía a los bancos que financian el circulante— presentaron una propuesta que pasaba por reducir en 1.291 millones de euros de deuda (sobre un total de 2.400 millones) a cambio de quedarse con el 100% de las acciones del grupo, que factura alrededor de 3.300 millones de euros. Los Rubiralta han rechazado desde el inicio de las conversaciones con los acreedores cualquier opción de diluir su presencia en el capital de la compañía.

Sea como sea, el futuro de la siderúrgica española pasa por enjugar pasivo y reducir las obligaciones de pago en el corto y medio plazo. Actualmente, acumula en torno a 400 millones de euros en impagos crediticios, que la compañía explica por la caída de las ventas que sufrió durante la pandemia. Para paliar esos problemas, el Gobierno accedió a dejarle 550 millones de euros, una ayuda que estaba condicionada justamente a reducir la mitad de las deudas existentes (1.200 millones) y acumuladas durante una oleada de adquisiciones en la década pasada.