Celsa ultima una prórroga de tres meses para pagar 525 millones de deuda

La dirección de Celsa Group ultima un acuerdo con los bancos para salvar un crédito de 525 millones de euros que expira el próximo 31 de octubre y que asegura las necesidades de circulante de la empresa. Las negociaciones, señalan fuentes financieras, estarían encarriladas y evitarían que la siderúrgica pudiera incurrir en un impago a sus proveedores. Las entidades quieren dar así un tiempo extra para que la dirección de la compañía y los fondos que controlan el resto de sus préstamos puedan alcanzar un acuerdo que garantice definitivamente la viabilidad del líder español del acero. La compañía se niega a hablar sobre estas conversaciones.

Ante la inminencia del fin del contrato, la familia Rubiralta se dirigió a los bancos que le ofrecen las líneas para financiar su circulante —los pagos que mantienen las operaciones del día a día— y se inició un proceso negociador. En este caso, los bancos también han tenido en cuenta la visión de los fondos que atesoran créditos de la empresa por un importe de 2.400 millones de euros. El objetivo de la prórroga es presionar a ambas partes para que intensifiquen sus negociaciones, alcancen un acuerdo para reducir el pasivo de Celsa y la salven. Es por ello que, aunque el plazo inicial es de 90 días, no se descarta que se pueda prolongar en el caso de que a finales de enero hayan avanzado las negociaciones.

El acuerdo marco que ahora está a punto de expirar lo lideran Santander, BBVA, Caixabank y Sabadell. Esas cuatro entidades controlan el 80% del crédito, mientras que el restante está en manos de otras entidades, como Kutxa, Abanca, Deutsche Bank y HSBC. El contrato financia el circulante a partir de avales, líneas a corto plazo e instrumentos como el factoring (Celsa cede sus facturas a los bancos y estos se encargan de los cobros) para adelantar dinero a la compañía.

Mientras la banca está a punto de dar un paso para mantener a Celsa, las negociaciones entre la dirección de la metalúrgica y las de los fondos acreedores siguen encalladas, y ambas partes no avanzan en las negociaciones que persiguen reducir el pasivo de la compañía. Esa era una condición de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) para prestar 550 millones de euros y dar un balón de oxígeno a la compañía. La condición era que antes se produjera una limpieza de balance, reduciendo el pasivo en 1.200 millones de euros.

El obstáculo, sin embargo, es cómo se reparte esa reducción de la deuda. La familia Rubiralta, que controla el 100% del capital de la compañía, quiere que el grueso lo asuman los fondos buitre, bajo el argumento de que la deuda que controlan la adquirieron a los bancos (muchos de los cuales son los que suministran aún el circulante) con grandes descuentos. Los fondos, por su parte, reclaman una parte del capital a cambio de renunciar a una porción de su deuda y, además, asegurarse pagos en el futuro con buenas rentabilidades.

Pese a las diferentes ofertas para aproximar posiciones, ambas partes están lejos de un acuerdo, lo que pone en riesgo también el pago de los 525 millones de circulante. A todo ese embrollo se le suma el último paso dado por los fondos que, aprovechando la entrada en vigor de la nueva ley concursal, solicitaron en los juzgados de lo mercantil un plan de reestructuración que pasa por quedarse la totalidad de las acciones. Esta nueva vía se adentra por un camino todavía desconocido y, para los expertos en leyes mercantiles, abre nuevos interrogantes. Por ejemplo, no hay seguridad sobre la posibilidad de presentar un concurso de acreedores una vez demandado ese plan de reestructuración.

En todo caso, ese plan de reestructuración tendrá que ser primero avalado por un experto en este tipo de operaciones y después validado por el juez que se encargue del caso. En todo caso, las fuentes financieras consultadas aseguran que las negociaciones no han avanzado ni en la mesa judicial ni en las discusiones que se estaban llevando a cabo desde hace meses por la vía extrajudicial.