Celsa pide a los acreedores 1.100 millones en quitas para asegurar el rescate de la SEPI

Los Rubiralta, familia propietaria del grupo metalúrgico, se comprometen a inyectar 50 millones en el capital

Francesc Rubiralta, presidente de la siderúrgica Celsa Group posa en Barcelona.
Francesc Rubiralta, presidente de la siderúrgica Celsa Group posa en Barcelona.Consuelo Bautista

Celsa Group ya tiene el sí de la SEPI para obtener un balón de oxígeno de 550 millones de euros en forma de créditos, pero de poco le servirá ese beneplácito si antes no cierra un acuerdo con sus acreedores. La semana pasada se vieron ambas partes y ya hay una propuesta sobre la mesa, según fuentes conocedoras de las negociaciones. El grupo siderúrgico de la familia Rubiralta ha trasladado a los fondos que tienen el grueso de su deuda que asuman quitas del 50%, por un importe de 1.100 millones de euros sobre los 2.200 millones que tienen entre créditos participativos (1.400 millones) y jumbo (800 millones). La familia propietaria, por su parte, inyectaría 50 millones para reforzar el capital social y mantendría el 100% de la compañía.

Las posiciones están alejadas porque los fondos que a partir de 2018 compraron la deuda con grandes descuentos a la banca (Cross Olean, Apollo, Golden Tree, Sculptor, Goldman Sachs o CVC) creen que el esfuerzo es desigual. Y que Celsa no ha intentado negociar hasta ahora, cuando ha recibido el plácet de la SEPI a una petición que efectuó hace un año y medio. Fuentes próximas a la compañía rehúsan hablar de quitas y señalan que lo que pretenden es cambiar el esquema financiero del grupo. Para ello es necesario que el balance refleje “el valor real de la deuda”. Es decir, que los 2.200 millones de créditos se transformen a una cifra próxima al valor que pagaron los fondos.

El problema radica ahora en que esas conversaciones podrían haber entrado en una carrera contra el reloj después de que la Comisión Europea haya decidido cerrar a partir del próximo 30 de junio la ventana de ayudas públicas excepcionales con motivo de la crisis del coronavirus. Y si bien el resto de rescates acordados por la SEPI no han tenido que superar la frontera española, en el caso de Celsa sí lo tendrá que hacer porque uno de los dos préstamos a los que aspira es participativo (convertible en acciones de la compañía) y supera los 250 millones de euros (270 millones).

Al estar dispuesta a conceder 550 millones de euros, la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del Ministerio de Hacienda, considera a Celsa como un grupo estratégico para la economía española y que los problemas financieros que atraviesa están relacionados con la pandemia. El grupo argumenta que cumplieron sus compromisos con los acreedores hasta que llegó el estado de alarma en marzo de 2020, sus pedidos cayeron y con ellos los ingresos para poder cumplir con los pagos de la deuda. Desde entonces acumula unos intereses impagados por un valor de 350 millones. Y en su mochila también hay otro crédito con el que financia su circulante por un importe de más de 500 millones de euros, cuyos prestamistas también deberán dar su sí a la propuesta de la SEPI.

El Estado ha mostrado desde el primer momento intención de ayudar a salir de la actual situación a Celsa, pero quería que su esfuerzo —se trata del mayor de todos los créditos que le han demandado una treintena de empresas— tuviera correspondencia por parte de la empresa y de los acreedores, con la limpieza de parte del pasivo existente en el balance. Hace tiempo que Celsa defiende que el valor de deuda en libros que controlan los fondos no se corresponden con lo que pagaron por ellos a Santander, CaixaBank, BBVA o el Sabadell. Cuando les empezaron a comprar esos contratos lo hicieron con descuentos que llegaron a alcanzar porcentajes de hasta el 80% en algunos casos. Por ello, Celsa concluía que el valor de su deuda real debía actualizarse.

Los Rubiralta están convencidos de que la compañía está plenamente preparada para afrontar la nueva era de las acererías verdes porque ya ha hecho buena parte de la transformación necesaria. Defienden que no dependen del alza de las materias primas de forma directa porque más del 90% del material que utilizan para producir procede del reciclaje y que no cargarán con los costes de los derechos de CO₂ de sus competidores porque han transformado sus hornos para electrificarlos, si bien el aumento de precios se ha convertido en un problema añadido en su camino.

Fuentes próximas a algunos de los fondos confían en el “rescate” de Celsa por parte de la SEPI y dicen que “continúan evaluando la propuesta”, pero denuncian que la posición de Celsa es de inmovilismo ante cualquier otra opción.

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Sobre la firma

Dani Cordero

Dani Cordero es redactor de economía en EL PAÍS, responsable del área de industria y automoción. Licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull, ha trabajado para distintos medios de comunicación como Expansión, El Mundo y Ara, entre otros, siempre desde Barcelona.

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