El fin del permiso de Bruselas deja en el aire el rescate a 29 empresas españolas

Bruselas cierra el grifo. Este jueves, la Comisión Europea ha mandado un aviso a los Estados miembros, ya que el 30 de junio acabará la flexibilización de la norma de ayudas públicas que permitió a los países salvar compañías castigadas por la pandemia. Esto obliga a España a acelerar en la concesión —o rechazo— de las solicitudes remitidas al fondo de rescate: restan 48 días en los que el Gobierno tiene que resolver las peticiones de 29 empresas. Entre ellas están Celsa (pide 550 millones), Abengoa (249 millones) y Air Nostrum (unos 100 millones). En total hay solicitudes pendientes por 2.436 millones, según fuentes cercanas al organismo.

Para poner en contexto esta cantidad y, sobre todo, entender el desafío al que se enfrenta el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), basta con repasar lo aprobado desde julio de 2020. Entonces se creó el fondo, con un presupuesto de 10.000 millones, y el bagaje es de solo 21 ayudas aprobadas por un valor de 2.191 millones y 20 peticiones rechazadas (solicitaban 667 millones). Es decir, la SEPI tiene que resolver más rescates a empresas en un mes y medio de lo que ha aprobado en casi dos años.

La lógica lleva a pensar que será difícil cerrar todos los expedientes en tiempo y forma. Pese a ello, en el Ejecutivo creen que será posible al estar todos los procesos muy avanzados. “Se trabajaba con este calendario y va a dar tiempo”, insisten fuentes ministeriales. Técnicos de consultoras que trabajan en el análisis de diversos expedientes consideran asimismo que es posible. El problema, dicen, será cuando sea necesario pedir alguna subsanación de errores en la documentación a las empresas: “Son las más interesadas, pero el tiempo de reacción que tienen será mínimo”.

Esta manga ancha con los rescates de los Gobiernos europeos sin que sean penalizados como ayudas de Estado se lanzó en marzo de 2020, en los primeros compases de la pandemia. Desde entonces ha sido prorrogado cada seis meses. Hasta ahora, cuando la vicepresidenta y comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha dicho que la música va a dejar de sonar. La última ampliación supuso un balón de oxígeno para el Gobierno y para medio centenar de compañías que seguían a la espera de la inyección pública. Entonces la SEPI ganó seis meses extra, pero la cuenta atrás se vuelve a agotar. “Lo que no se conceda antes de final de junio, no se podrá conceder después”, inciden fuentes cercanas a la sociedad pública.

De esta forma, queda por ver cuánto se gastará de los 10.000 millones presupuestados. En un inicio se pensaba que esta partida incluso podía quedarse corta, pero la situación financiera no ha sido tan asfixiante. O han podido acudir a otras fuentes de financiación alternativas. De hecho, se ha solicitado poco más de la mitad de lo dispuesto. El fondo, así como el de Cofides para pymes que cuenta con otros 1.000 millones, es una herramienta de último recurso, para cuando las firmas del país que se consideren estratégicas no tengan otra alternativa de financiación.

Celsa, a falta de los acreedores

Entre las 29 solicitudes pendientes, destaca el caso de Celsa, que pide 550 millones de euros. Este sería el rescate más cuantioso de los que apruebe la SEPI —por encima de los 475 millones a Air Europa—. A mitad de marzo superó con éxito la fase de análisis, según fuentes conocedoras del proceso. Sin embargo, el expediente sigue sin cerrar: está empantanado a falta de un acuerdo de la compañía con sus acreedores.

“Hasta que no se cierre ese acuerdo, no puede ir al consejo gestor y al Consejo de Ministros”, explica una fuente de la Administración. Además, el rescate contará con una cantidad superior a los 250 millones en lo correspondiente al crédito participativo (será la primera vez que esto ocurra, ya que con Air Europa fueron 240 millones en esta partida). Por ello, tendrá que contar con el visto bueno de la Comisión, lo que alargará más la espera de la empresa de la familia Rubiralta. “Parece que no está cerca de cerrarse el expediente”, añade esta misma fuente.

Entre la casi treintena de firmas que esperan recibir la inyección pública también están la sevillana Abengoa (ha pedido 249 millones), Naviera Armas Transmediterránea (casi 120 millones), Air Nostrum (unos 100 millones) y eDreams (más de 65 millones). Asimismo hay 20 empresas que han concluido el proceso sin éxito: entre ellas están Lacrem —era la que solicitaba una cuantía mayor entre las rechazadas: casi 70 millones—, la hotelera Room Mate (52 millones), así como la agencia de viajes Pangea y la editorial Vicens Vives (ambas pasaron su petición al fondo de Cofides).

El número de empresas que resulten no elegibles entre el fondo de SEPI y Cofides irá en aumento en las próximas semanas por el límite temporal que existe. De hecho, este segundo organismo ya ha comunicado a las compañías que han pedido la ayuda a partir del 20 de abril que será muy difícil que haya tiempo para resolverlas. En la SEPI, la última solicitud entró a finales de 2021, según fuentes cercanas en el organismo, por lo que no existe este problema.

En Cofides, en total, se han recibido 131 solicitudes por un valor de 1.234 millones. Es decir, se han recibido peticiones que superan lo dispuesto de inicio. Sin embargo, lo aprobado todavía supone un tercio del total: se han autorizado 33 ayudas (329 millones), se han rechazado 41 (por valor de 424 millones) y siguen en análisis 57 (481 millones). “Vamos a seguir trabajando para que las empresas puedan recuperar la solvencia, mantener su actividad y garantizar los empleos”, afirma Rodrigo Madrazo, director general de Cofides. Entre las que han recibido la inyección pública están el grupo BeOne Serviocio (24,5 millones) y la hotelera balear Cesgarden (18,6 millones), entre otras.