Medio centenar de empresas solicitan 4.200 millones al fondo de rescate de la SEPI

Medio centenar de compañías han solicitado ayuda al fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas creado por el Gobierno y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Entre todas reclaman 4.200 millones, aunque solo se ha concedido menos de una cuarta parte: 968 millones, a Air Europa, Duro Felguera, Plus Ultra y Ávoris. El resto sigue a la espera. Este es el balance del fondo tras nueve meses desde su nacimiento. Fuentes empresariales critican la demora en el proceso y la ralentización provocada por la polémica política con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Al fondo de rescate de la SEPI para empresas en problemas como consecuencia de la pandemia se le acumula el trabajo: ya cuenta con unas 50 operaciones en curso. Entre todas han solicitado un 42% de la cuantía de la que dispone el fondo (4.200 millones de los 10.000 millones dispuestos), según fuentes cercanas a la SEPI. Y la tendencia es que lleguen más tras cerrar las cuentas del ejercicio 2020: solo en marzo hubo 11 nuevas peticiones.

Este mecanismo es una herramienta de último recurso, para cuando las firmas que más sufren la crisis del coronavirus no tengan otra alternativa de financiación. De ahí que el grueso —más de un tercio del total— proceda del sector turístico o esté muy vinculado: hoteles, líneas aéreas, restauración, agencias de viajes, transporte por mar y carretera o firmas de cambio de divisas. La industria es el otro sector que espera ser el gran beneficiario.

Fuentes cercanas a la SEPI explican que la decisión sobre si se concede o no el rescate se toma mediante un proceso muy garantista. “Tenemos que lograr el adecuado equilibrio entre una gestión responsable de los recursos públicos y, al mismo tiempo, que se canalicen de forma ágil para apoyar a la economía real”, aseguraba el 18 de abril la vicepresidenta Nadia Calviño a EL PAÍS.

Pero varias compañías inmersas en el proceso para recibir la inyección pública critican que el análisis previo, en la práctica, dilata mucho el proceso. Estas firmas piden que se acorte el tiempo dada la situación financiera tan delicada que atraviesan. Reclaman algo parecido a lo que ocurre en otros países europeos, donde el análisis es posterior. “El proceso de análisis y aprobación de las ayudas es más garantista que en otros países europeos, donde las ayudas se conceden y se justifican a posteriori en un plazo de 12 meses”, defienden fuentes cercanas a la SEPI. Dos modelos diferentes: en uno se prima que los recursos vayan solo a las que cumplan los requisitos, mientras que el otro prioriza movilizar de forma rápida la ayuda.

Ralentización del proceso

Esta lentitud, critican incluso fuentes ministeriales, se produce también tras la concesión de la ayuda. “Hay problemas por todas las condiciones que se ponen. Se quiere ser minucioso en el control posterior, pero eso provoca que se haya pagado muy poco de lo concedido pese a ser una ayuda urgente”. Según fuentes empresariales, solo se ha pagado una parte a Air Europa, mientras que el resto espera aún.

Varios factores contribuyen a la demora en la concesión de la inyección pública. Fuentes ministeriales explican que en ningún momento se ha paralizado el análisis, aunque sí reconocen que la polémica desatada tras el rescate de Plus Ultra —siempre ha estado en números rojos, cuenta con una cuota de mercado del 0,1% y tiene vínculos con empresarios venezolanos— no ayuda: “Ahora se mira todo todavía con más detalle”. Otra fuente de la Administración insiste: “En los rescates se incluyen muchos mecanismos de control y condiciones. El caso de Plus Ultra le está pasando factura al resto porque se quiere dejar todo bien atado”.

Las empresas inmersas en el proceso coinciden con este razonamiento. “Pedir la ayuda tiene un daño para el negocio y no es de recibo que a unas se nos mire todo al detalle y a otras se les ayude con tanta ligereza”, critican. Fuentes cercanas a la SEPI defienden en cambio que el proceso ha sido igual para todas y que no se ha parado de trabajar a pesar del ruido político y mediático generado. “En la SEPI hay profesionales con más de 30 años de experiencia que han trabajado con todos los partidos políticos y no se dejan llevar por esas cuestiones. Todos los procesos siguen su curso y ya hay varias operaciones en la recta final para recibir luz verde a la ayuda”. La tardanza, justifican, se debe a la escasa entrada de solicitudes en la parte final de 2020. “Hasta inicios de diciembre solo había 15 operaciones”, aseguran.

La interinidad de la presidencia durante los meses de vida del fondo tampoco ha ayudado, al menos en la visión que se tiene desde fuera de la gestión de la sociedad. Bartolomé Lora fue presidente en funciones desde octubre de 2019 —sustituyó de forma temporal a Vicente Fernández— hasta el nombramiento el 30 de marzo de Belén Gualda como nueva presidenta de la SEPI. Lora —que sigue como vicepresidente— está siendo investigado por un juzgado de Madrid por presunta malversación en el rescate de Plus Ultra.

También perjudica al fondo en la apariencia de falta de agilidad y escasa transparencia las cláusulas de confidencialidad que se incluyen con las empresas. Estas dejan muy poco margen de comunicación sobre unas ayudas con dinero público algo opacas. “Se actúa con máxima transparencia, dentro de los límites para no afectar a los intereses comerciales de las compañías”, insisten fuentes cercanas a la SEPI.

Turismo e industria copan las peticiones

La mayoría de solicitudes presentadas al fondo de rescate proceden de compañías del sector turístico y del industrial. Estas son algunas de las peticiones que están a la espera de resolución:

Turismo. Las hoteleras se llevan la palma y acumulan sus solicitudes. Están, entre otras, Hesperia (55 millones), Room Mate (52 millones), Hotusa, Senator (50 millones) y Selenta (50 millones), según fuentes empresariales. También hay agencias de viajes (Pangea, 25 millones), restauración (Abades, Grupo Mediterránea Cátering y SERHS), aviación (Wamos y Air Nostrum), transporte (Grupo Julià y Transmediterránea) y cambio de divisas (Global Exchange).

Industria. Celsa es la que ha pedido la mayor cuantía (700 millones). También están Tubos Reunidos, la ingeniera Airtificial, Rugui Steel y Sidenor Forgins&Castings.

Otros. Hay peticiones de la construcción (Grupo Villar Mir y Losán), alimentación (Lacrem), gimnasios (HP Health Holmes Place y Grupo DIR), salud (Vivanta) y medios de comunicación (Mediapro), entre otros.