Industria da 2,5 millones a Celsa antes de que la SEPI decida si la refinancia
La acerera ha pedido más de 500 millones de euros a la empresa estatal
Celsa, el grupo acerero de la familia Rubiralta, ha recibido del Ministerio de Industria la adjudicación de 2,5 millones de euros para acelerar su descarbonización. La ayuda llega antes de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) apruebe el expediente con el que la empresa le pidió en torno a 500 millones de euros para aliviar sus problemas financieros, agravados por el año pasado por la caída de facturación provocada por la pandemia.
Según ha informado este jueves la compañía, el suyo es uno de los 30 proyectos que se han beneficiado de fondos estatales. Con esos recursos, Celsa intensificará sus planes de sostenibilidad y circularidad para reducir las emisiones de CO₂. En línea con ese propósito, el grupo ha modificado su estructura organizativa y creado los cargos de responsable de Estrategia y Sostenibilidad y responsable de Circularidad.
Celsa lleva meses esperando la respuesta de la SEPI a sus necesidades financieras. La capacidad para enjugar su deuda se vio agravada el pasado año ante una caída de un 21% en los ingresos de la compañía, que se contrajeron hasta los 3.300 millones de euros. Dadas sus tensiones de caja, ha dejado sin pagar centenares de millones de euros de deuda.
El origen del problema es la fuerte carga crediticia que arrastra la compañía desde que, coincidiendo con la crisis de 2008, inició una fuerte política expansiva basada en adquisiciones. La deuda supera los 2.700 millones de euros, refinanciada por última vez en 2017. La desconfianza de la banca sobre el futuro de los pagos la llevó a empezar a vender sus préstamos a fondos oportunistas con fuertes descuentos. En conjunto, sociedades de inversión como Cross Olean, Apollo, GoldenTree, Sculptor, Goldman Sachs o CVC, acumulan 1.300 millones de euros.
La SEPI ha ganado tiempo para acabar de realizar la inversión, después de que la Comisión Europea diera medio año más de margen a los estados para financiar a las empresas que considera estratégicas.
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