El grupo siderúrgico Celsa se plantea acudir al fondo de rescate del Gobierno

El grupo siderúrgico Celsa se encuentra inmerso en un proceso de recabar información para decidir si acudir al fondo de rescate del Gobierno. La compañía de la familia Rubiralta es una de las candidatas a pedir dinero del destinado para apoyar a empresas estratégicas, un fondo gestionado por la SEPI, como adelantó EL PAÍS. En caso de formalizar la solicitud, se uniría a Duro Felguera y Air Europa, que ya se ha comunicado su petición.

“Celsa analiza las condiciones de SEPI y estudia si procede acogerse a la ayuda pública temporal que ofrece el Gobierno”, explican fuentes de la firma siderúrgica. Con presencia en diferentes comunidades españolas, Celsa es uno de los mayores fabricantes de productos largos metalúrgicos para construcción, automoción, energía y fabricantes de bienes de equipo.

Hasta ahora, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha recibido peticiones por alrededor del 7% de los 10.000 millones con los que está dotado el fondo del Gobierno. En total hay, según fuentes del mercado, tres empresas que han realizado la petición formal y otras tres en un proceso de información previa, según fuentes empresariales, con las que el montante rondaría los 1.000 millones.

Una vez formalizada la solicitud de cualquier firma, la sociedad tendrá que estudiarla a fondo. No es un trámite automático, ya que el Gobierno solo otorgará ayudas a las empresas que demuestren que su situación económica a cierre de 2019 era óptima. Esto es, que se trataba de compañías viables antes del coronavirus, uno de los requisitos principales de acceso. También es obligatorio que sean estratégicas para el país, es decir, que justifiquen que un “cese forzoso de actividad tendría un elevado impacto negativo sobre la actividad económica o el empleo, a nivel nacional o regional”, según recoge el Boletín Oficial del Estado en el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio.

En el caso de Celsa, por ejemplo, esta información previa será importante para que se le conceda el acceso al fondo del Gobierno. La compañía de la familia Rubiralta arrastra problemas financieros y lleva varios años sorteando una deuda superior a los 2.000 millones. Y en este caso tendría que demostrar su solvencia y capacidad de pago.

Entre los otros requisitos que tendrán que demostrar las empresas que lo pidan está la viabilidad a medio y largo plazo, con una previsión de reembolso del apoyo estatal —con intereses—, así como que tengan su sede y centros de trabajo en España. Esta inyección está avalada por Bruselas de forma excepcional para tratar de impedir la caída de compañías estratégicas viables en Europa.

Fuentes conocedoras de la media docena de peticiones realizadas o en curso a la SEPI opinan que esto es solo la punta del iceberg. Es decir, que las solicitudes, en su mayoría, llegarán más adelante. “El impacto del coronavirus no ha terminado y se verá el golpe cuando cierren cuentas en diciembre. El sentido común dice que la avalancha de solicitudes llegará a final del primer trimestre del año que viene”, argumentan fuentes del mercado. Por el momento, muchas de las candidatas a acudir al fondo de rescate se están financiando con líneas ICO y otras ayudas.

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