Los acreedores de Celsa reclaman cambiar deuda por el 49% del capital

Los fondos oportunistas que controlan la mayor parte de la deuda del grupo metalúrgico Celsa quieren entrar en el capital y controlar el 49% de sus acciones a través de una transformación de deuda participativa en acciones. Es el principal punto de la contrapropuesta que han hecho llegar este domingo a la compañía, después de que hace dos semanas la empresa propiedad de la familia Rubiralta les trasladara la suya: la exigencia de que los fondos ejecutaran quitas del 50% sobre los 2.400 millones de deuda que fueron comprando a la banca durante 2017 y 2018 con grandes descuentos. Las posiciones están alejadas y el calendario apremia. De no haber acuerdo, la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo industrial del Estado, no aprobará la inyección de 550 millones de euros en forma de créditos, una ayuda que tiene como fecha límite el 30 de junio. A partir de ahí la Comisión Europea cerrará la ventana a las ayudas empresariales para mitigar el impacto del coronavirus.

La propuesta ha sido remitida este mismo domingo a la compañía, señalan fuentes próximas a los fondos. En esta se defienden los términos de las ayudas de la SEPI, pero los fondos implicados, que controlan el 90% de los 2.400 millones de euros de deuda que no está en manos de la banca, exigen un cambio sustancial respecto a la voluntad de los Rubiralta. Sustituirían los 1.200 millones de la deuda subordinada por 700 millones de euros de instrumento subordinado (que quedaría fuera del balance y no consumiría caja) y el resto, 500 millones de euros, lo convertirían en un paquete equivalente al 49% de las acciones ordinarias. La familia propietaria mantendría el 51% del capital y el control de la compañía, que con esta propuesta queda valorada en 1.000 millones de euros.

Con esta reclamación queda claro que Celsa y fondos como Attestor, Golden Tree, Sculptor, CVC o Cross Ocean están en las antípodas respecto a la visión que tienen para salir de una situación compleja. Fuentes conocedoras de las discusiones advierten que la SEPI ha pedido premura para alcanzar un acuerdo porque quedan todavía muchos trámites por hacer para cerrar los 550 millones de euros y el crédito debería ser aprobado como muy tarde por el Consejo de Ministros el próximo 28 de junio. Los fondos solicitaron la semana pasada más tiempo para poder negociar e incluso han pedido poder estar en las conversaciones que Celsa mantiene directamente con la SEPI, que ha reclamado un proceso de desapalancamiento para sacar adelante la operación.

Los fondos desoyen totalmente la petición de Celsa, que veía lógica una renuncia de 1.100 de los 2.400 millones de euros de deuda por parte de los acreedores al considerar que esos paquetes se adquirieron con descuentos de entre el 20% y 25% para el tramo senior (actualmente de 800 millones de euros) y de hasta el 80% por 1.400 millones de la parte convertible. La familia Rubiralta considera que la petición del total de la deuda en libros podría ser considerada “usura” y por ello llegó a presentar una demanda antes de la pandemia.

La propuesta representa todo lo contrario, ya que los acreedores quieren hacen valer el 100% de la deuda convertible del gigante español del acero. Lo que proponen es simplemente cambiar su formato y convertir una parte en instrumento subordinado, que no sería considerado deuda, y el resto en capital social. Los fondos defienden que si se acepta su propuesta, el acuerdo puede cerrarse muy rápido. Por contra, las mismas fuentes advierten que el impago de la deuda convertible en el que ha caído Celsa podría acabar con la asunción del 100% de las acciones del grupo.

Los Rubiralta, convencidos de que el grupo ha hecho todas las inversiones necesarias para iniciar una nueva etapa marcada por el reciclaje de materiales y la electrificación, entienden que su política de reinversión y de no reparto de dividendos es la mejor señal de su compromiso y su sacrificio en pos de la compañía. Por ello, entendían, podían reclamar a los fondos que rebajaran la deuda hasta niveles próximos a lo que pagaron por ella y, por ello, se comprometían a inyectar 50 millones de euros para capitalizar la compañía.

La entrada de la SEPI en el juego lo cambia todo. El organismo dependiente del Ministerio de Industria se juega ahora la mayor de las ayudas que ha dado en los últimos meses a empresas que han sufrido un bocado en sus ingresos a causa de las crisis económica surtida de la pandemia. Dará a Celsa un total de 550 millones de euros por dos vías: un crédito convertible en acciones de 280,5 millones de euros a pagar en siete años y al que ha de dar el beneplácito Bruselas y otro ordinario de 275 millones. Pero la SEPI se asegurará durante esos siete años del crédito convertible poder de veto sobre decisiones de la empresa para evitar que se puedan vender activos que pongan en riesgo la viabilidad del grupo.