El Gobierno aprobará este martes una oferta de empleo público récord con más de 39.000 plazas

El Gobierno lanzará este año una oferta de empleo público récord con el objetivo de reforzar las plantillas de la administración central, en especial de la Seguridad Social y de los servicios de atención a la ciudadanía. La convocatoria, que aprobará este martes el Consejo de Ministros a dos semanas de las elecciones generales, incluye entre 39.000 y 40.000 plazas ordinarias —entre nuevos ingresos y promoción interna, tanto en la Administración General del Estado, como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia—, un 14% más que en 2022, que fue un año histórico, según fuentes de la negociación entre los sindicatos y el Ministerio de Hacienda y Función Pública. A estas nuevas plazas, habrá que sumar otras 5.000 destinadas a convertir empleo temporal en fijo. En total, la convocatoria superará los 44.000 puestos de trabajo público.

La oferta de empleo global de todos los servicios públicos de la Administración del Estado, que debería haberse aprobado en el primer semestre del año, como establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se mantiene así en un nivel similar al de 2022 (44.788 plazas). Sin embargo, la distribución es diferente, ya que en 2022 el número de plazas de estabilización para que los interinos puedan consolidar su puesto de trabajo fue el doble que en la actual convocatoria. En 2023, la mayor parte de esos procesos ya ha finalizado y crecen más las plazas para nuevos ingresos y promoción interna, aunque no han trascendido los detalles de cuánto sube cada categoría. La oferta de empleo público se redujo de forma drástica a raíz de la crisis económica de la década pasada y no tuvo un repunte destacado hasta 2018, con la mejora de la economía. Desde ese año, se han ofertado un total de 182.000 plazas. Aunque de esta cifra solo se han creado una pequeña parte por los procelosos trámites de las convocatorias de las oposiciones y formación de funcionarios.

El principal acuerdo para la oferta de este año se ha alcanzado este lunes entre Función Pública y dos de los sindicatos más representativos en los funcionarios, CSIF y UGT. Esta negociación incluye el grueso de la convocatoria, la destinada a los servicios de la Administración General del Estado (AGE), que tendrá una oferta de empleo público (OPE) récord con más de 30.000 plazas, un 20% más que el año pasado. En la reunión, el Gobierno no ha dado detalles sobre estas cifras, especialmente porque no especifica cuántas de estas plazas ordinarias son de nuevo ingreso y cuántas de promoción interna. Esta falta de concreción ha llevado a CC OO a desmarcarse del acuerdo. El sindicato considera que “el documento que se ha presentado no garantiza el servicio público a la ciudadanía” y advierte en un comunicado que “el incremento [del 20%] no es real, ya que solo obedece a que el número de bajas en 2022 creció un 20% respecto a 2021 y, por tanto, la relación entre bajas y oferta se mantiene de manera lineal”.

La oferta incluye 2.500 plazas de cobertura urgente para la Seguridad Social, uno de los organismos públicos que ha sufrido más cuellos de botella en la pandemia, por la gestión del ingreso mínimo vital (IMV). Así lo ha destacado CSIF en una nota de prensa, en la que habla de una oferta de empleo público “sin precedentes”. “Se prevén 2.500 plazas para la Seguridad Social y un refuerzo generalizado de la atención a la ciudadanía, con un incremento del 30% de las plazas para funcionarios de los cuerpos C1 y C2″, ha señalado. Los trabajadores de la Seguridad Social estuvieron a punto de ir a la huelga en primavera, pero el Ejecutivo les prometió mejoras en las condiciones laborales y más contrataciones para afrontar la carga de trabajo.

El tercer sindicato presente en las negociaciones, UGT, ha resaltado que se deberá “destinar a la promoción interna al menos el 30% de las plazas ofertadas para el turno libre”. El acuerdo, según señala el sindicato, “impulsa procesos que ayuden a consolidar la tasa de temporalidad por debajo del 8% a 31 de diciembre de 2024, que es un objetivo comprometido para el empleo público en su conjunto”. Según la Encuesta de Población Activa, 2022 cerró con una temporalidad en la Administración pública del 30,2%, frente al 14,8% del sector privado, aunque se redujo ligeramente con respecto a 2021.

A esas 30.000 plazas de la Administración General del Estado hay que añadir la oferta para la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército y Justicia, que no se discuten en diferentes mesas de negociación. Para la justicia, el Gobierno ha propuesto unas 1.400 plazas nuevas y 600 de promoción, según fuentes sindicales.

El objetivo de la oferta de empleo público es reforzar la plantilla de los servicios públicos, que se ha visto erosionada tras años de recortes y se enfrenta a su modernización, con más demanda de perfiles tecnológicos, entre otros. Una vez aprobada por el Consejo de Ministros, el detalle de la oferta de empleo público se publicará en los siguientes días en el Boletín Oficial del Estado. Después son los diferentes organismos públicos, desde el Instituto Nacional de Administración Pública, a la Agencia Tributaria, o el CSIC, etcétera, los que organización los exámenes, cuya convocatoria tiene que publicarse antes de que finalice 2023. Las pruebas de selección se celebrarán como pronto durante el próximo año.

Pese al refuerzo de los últimos años, los sindicatos consideran que las plantillas públicas aún están infradotadas, con una mayor carga de trabajo, como se ha visto en las protestas recientes en la Inspección de Trabajo y en la Seguridad Social. Según los cálculos del sindicato CSIF, la Administración General del Estado ha perdido más de 54.000 empleos desde 2010 y, pese a las ofertas de empleo récord de 2021 y 2022, solo se han creado 7.504 plazas netas. A lo que se añade la amenaza de que en los próximos 10 años se jubilará el 60% de la plantilla, lo que supondrá una pérdida de 136.000 empleos adicionales, según la organización. “Reclamamos una oferta de empleo masiva que permita desde este año el refuerzo de servicios clave que se han visto deteriorados como consecuencia de las políticas de recorte y la amortización de plazas de personal jubilado de los últimos años: el SEPE, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria, Instituciones Penitenciarias o la Justicia, entre otros organismos”, indicaba en un comunicado la semana pasada.

Las reclamaciones del colectivo de empleados públicos —que según los últimos registros oficiales bordea las 2,72 millones de personas— han versado durante los últimos años sobre la denuncia de recortes continuos en la plantilla, motivados, principalmente, a partir de la desaparición de la tasa de reposición —que mide la diferencia entre el número de funcionarios que se jubilan y los que entran para cubrir esas vacantes—, y que ha repercutido negativamente sobre el servicio prestado. Esta falta de reemplazo y de captación de nuevos perfiles ha provocado también un envejecimiento de la plantilla, que ha condicionado el diseño de las sucesivas ofertas públicas de empleo.

La plantilla pública se redujo de forma significativa entre los años 2012 y 2015, cuando el Gobierno del PP tomó la decisión de no cubrir ninguna de las plazas vacantes y de congelar los salarios públicos. En los años 2016, 2017 y 2018 solo se cubrieron el 50% de las plazas pendientes. En 2019, con el Gobierno del PSOE, este porcentaje aumentó al 75%. A partir de 2020, las ofertas de empleo público en la Administración General del Estado han ido creciendo progresivamente: de las 28.055 de la primera convocatoria, se pasó a las 30.445 de 2021 y 34.151 en 2022.

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