La OCDE aconseja suprimir las subvenciones y las rebajas fiscales a la energía para enfocar las ayudas en las rentas bajas

Menos recortes de precios y bajadas fiscales y más medidas enfocadas en las rentas bajas. Este es el “mensaje clave” que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) propone en su último informe de fiscalidad (Tax Policy Reforms 2022) para lidiar con la crisis energética y su impacto sobre hogares y empresas. “Los gobiernos deberán pasar de las políticas que buscan limitar directamente los aumentos de precios a aquellas que amortigüen su impacto a través de un apoyo específico a las rentas”, señala el organismo, que cifra en 246.000 millones de dólares (casi 249.000 millones de euros) la factura de las ayudas desplegadas desde octubre de 2021 hasta diciembre de este año por 89 países, 169.000 de ellos en forma de apoyo a los combustibles fósiles.

El organismo con sede en París considera que subvencionar de forma generalizada los precios de gas y electricidad —como ha hecho España y muchos otros países del entorno— es injusto, porque beneficia más a quienes más consumen, además de suponer una carga para las cuentas públicas e ir en contra de la lucha contra el cambio climático, en la medida en que incentiva la demanda energética y desalienta las inversiones en fuentes verdes. Por eso, recomienda dejar de un lado las políticas para contener los precios de los combustibles fósiles, medidas adoptadas de urgencia por muchos gobiernos para hacer frente a la cotización desbocada del gas y de los derivados del crudo, que han dinamitado la recuperación pospandemia y disparado la inflación hacia cotas inéditas en décadas.

Respuesta a la crisis

Limitar el impacto económico de la crisis energética, llevada al extremo con la invasión rusa de Ucrania, se ha convertido en un rompecabezas para todos los gobiernos, que han adoptado medidas de distinto tipo, fiscal y de otra naturaleza, para hacer frente al golpe. La OCDE distingue entre apoyos a las rentas —transferencias a hogares y empresas, tanto nuevas como ya existentes y ampliadas a más colectivos— y políticas dirigidas a reducir los precios de la energía que pagan los consumidores —control de precios, bonificaciones y bajadas de impuestos especiales que gravan los suministros eléctrico y gasista o del IVA, entre otras acciones—.

Los gobiernos se han centrado sobre todo en la primera categoría de medidas, más rápidas de implementar, pero que “tienden a respaldar la demanda en lugar de frenarla”. Es decir, no desincentivan el consumo ni castigan a las fuentes más contaminantes. Los apoyos a las rentas, refleja el informe, suponen el 34% del total de las ayudas desplegadas. Más del 70% de ellas están enfocadas a colectivos determinados, frente al 94% de las medidas sobre precios, que suponen el grueso de los apoyos.

El informe especifica que una respuesta común a la crisis ha sido la reducción, de forma temporal, de los impuestos sobre carburantes y electricidad: “Las reducciones en los impuestos relacionados con el medio ambiente, en gran medida recortes en los impuestos especiales sobre los productos derivados del petróleo, fueron las medidas introducidas con más frecuencia para amortiguar el impacto del aumento de los precios, seguidas de reducciones en el tipo del IVA/GST sobre los productos combustibles y menores derechos de importación”. En cuanto a las medidas no fiscales, las más frecuentes han sido los subsidios y transferencias, con los hogares de bajos ingresos como principales beneficiarios.

En concreto, 73 de las 89 jurisdicciones analizadas han reducido los impuestos especiales, sobre todo para derivados del petróleo. Los mayores recortes sobre la gasolina los han aplicado Alemania, Italia, Irlanda, Corea del Sur y Bélgica; la reducción del tipo de IVA de electricidad y gas se ha aplicado sobre todo en los países europeos, que en muchos casos han ampliado y profundizado las rebajas con el paso del tiempo. Es el caso de España, Italia, Chipre, Bélgica, Estonia, o Turquía, pero también de Barbados, Costa Rica o Canadá. Algunos Estados importadores de carburantes también han disminuido los aranceles e introducido rebajas en los impuestos de sociedades o sobre la renta de las personas físicas, por ejemplo, ampliando deducciones y créditos fiscales.

Los subsidios, transferencias y bonos han sido más comunes en los países de ingresos más elevados. También se han ofrecido incentivos adicionales para ahorrar energía, como subsidios al transporte público o exenciones o rebajas fiscales para la compra de productos relacionados con la energía renovable, como paneles solares o bombas de calor. Algunos países europeos, entre ellos España, también ha anunciado planes para gravar las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas. Es el caso de Bulgaria, Rumania, Italia, Grecia y Reino Unido. En el caso de España, además, se ha anunciado un impuesto extraordinario a la banca.

“En la medida en que los precios de la energía sigan siendo altos, el apoyo debe lograr un equilibrio entre la eficacia, el presupuesto y los costos de implementación, centrándose en las necesidades más fuertes y asegurando sinergias con los objetivos de cambio climático y seguridad energética a más largo plazo”, recomienda el organismo. “Este enfoque garantizará que el apoyo brindado sea justo y efectivo, al tiempo que limita sus efectos en los presupuestos gubernamentales y mantiene las señales de precios para alentar la transición hacia la neutralidad de carbono”, añade.