Pros y contras de la rebaja del IVA al gas: ¿a quién afecta y a quién beneficia?

La medida, que reducirá el peso de la factura energética sin considerar los niveles de renta, choca con los objetivos de transición verde

Una mujer revisa su factura del gas.
Una mujer revisa su factura del gas.Víctor Sainz

El Gobierno ha vuelto a mover ficha para reducir el peso de la factura energética en los bolsillos de los consumidores. Y lo hará del lado de los ingresos públicos, con una rebaja del IVA en el recibo del gas del 21% al 5%. Así lo ha anunciado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena SER. La medida se suma a las ayudas ya aprobadas para mitigar el impacto económico de la guerra de Ucrania, que han supuesto elevar el gasto público en un momento en el que la actividad aún no se ha recuperado del todo del golpe de la covid y las cuentas de las Administraciones siguen tensionadas. Sánchez ha insistido en que la medida, que no va alineada con los objetivos de la transición verde y la propuesta fiscal del comité de expertos, y que se aplicará a todos los consumidores con independencia de su renta —al igual que la rebaja de la fiscalidad eléctrica o la bonificación de 20 céntimos a los carburantes—, beneficiará también a la clase media y trabajadora ante un invierno que pinta cada vez más sombrío.

Según las estimaciones de la asociación de consumidores Facua, el ahorro para los consumidores con tarifa regulada será de unos 4,75 euros, en el caso de un hogar con un consumo de 400 kilovatios hora (kWh) mensuales. El ahorro crecerá a medida que se incremente el consumo: para 800 kWh mensuales, el coste pasaría de los 67,76 euros a 58,80 euros, 8,96 euros menos. Por ello, la organización celebra la medida, pero pide que “la bajada en la recaudación para las arcas del Estado que se deriva de los recortes aplicados en los impuestos indirectos que gravan la luz y el gas sea compensada con un aumento en los impuestos directos que afecte a quienes más ganan”.

El IVA es un impuesto regresivo, que todos pagan en el mismo porcentaje, a diferencia de los impuestos directos como el que se aplica sobre la renta, en el que paga más quien más gana. Es decir: pesa menos cuanto más elevados sean los ingresos disponibles, mientras que, proporcionalmente, supone una mayor carga para quien tiene menor renta. Lo mismo ocurre con la inflación, que ahora está en máximos de décadas, en el 10,4% en agosto, según los datos provisionales del INE: los hogares más humildes sufren más la subida, porque se come una proporción mayor de su renta. El Estado, en cambio, recauda más.

Con la subida de precios, los impuestos que se aplican al consumo brindan más ingresos. La ecuación es sencilla: si todo cuesta más, el impuesto que se aplica al bien o servicio resultará mayor. Los últimos datos de recaudación lo confirman: los ingresos tributarios avanzan a un ritmo sostenido, en parte por la mejora de empleo y la subida de pensiones y salarios públicos —los incrementos salariales elevan el tipo del IRPF y, en consecuencia, el importe pagado—, y en parte por la inflación. La subida de los ingresos tributarios fue del 18,3% en el primer semestre de este año, del 10,9% en junio, en el que brilló el incremento del IVA de más del 20%.

Sin embargo, la crisis actual aumenta el gasto para hacerle frente. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, los cambios fiscales aprobados hasta ahora, en particular los relacionados con los descuentos en los impuestos eléctricos, han restado 3.987 millones a la Hacienda Pública desde enero, 5.592 millones desde que entraron en vigor el año pasado. La rebaja del IVA al gas restará 190 millones adicionales, según ha anunciado este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Mientras tanto, la deuda ha vuelto a batir récord en cifras absolutas en junio, con 1,47 billones, y el déficit cerrará el año muy por encima del 3% que exigen las reglas fiscales europeas, ahora congeladas y a la espera de reforma.

La otra manera para actuar sería por el lado del gasto, redistribuyendo el exceso de recaudación entre los hogares más humildes según criterios de renta. Fuentes de La Moncloa defienden que la rebaja del IVA al gas es “selectiva y temporal”, que entrará en vigor en octubre, y se mantendrá, en principio, hasta finales de año. Las mismas fuentes recuerdan que el principal partido de la oposición, que había propuesto rebajar el IVA al recibo gasista y ahora critica la medida por limitada, siempre exige bajadas de impuestos que acaba por subir cuando llega al poder, como ocurrió con la reforma fiscal de Cristóbal Montoro —quien también aprobó una amnistía fiscal, después anulada por el Constitucional—. Asimismo, defienden que otros países del entorno se han movido en una dirección parecida. Y hay uno por encima de todos: Alemania, que ha demostrado recientemente su sintonía con España en torno a la construcción de un gasoducto que atraviese los Pirineos catalanes.

Alemania, también con un Gobierno socialdemócrata de coalición, anunció el pasado 18 de agosto una disminución en el IVA del gas del 19% al 7%, una rebaja que tendrá un coste estimado de 14.000 millones de euros, pero a la vez ha aprobado una tasa de 2,419 céntimos por kWh para ayudar a las comercializadoras afectadas por el incremento de los costes energéticos. Fuentes gubernamentales recuerdan que también en España se han tomado medidas para compensar las bajadas de recaudación debidas a los descuentos fiscales, que son los dos nuevos impuestos a la banca y a las eléctricas con los que el Ejecutivo calcula ingresar 7.000 millones de euros en dos años.

Transición verde

La medida anunciada este jueves por Sánchez choca, por otro lado, con la hoja de ruta climática de la UE, ya que el gas no es una fuente limpia, aunque se considere necesaria para respaldar a las renovables durante la transición. Tampoco encaja con la propuesta del comité de expertos para la reforma fiscal, que el pasado marzo presentó sus conclusiones y sugirió al Ejecutivo subidas fiscales por 15.000 euros a través de nuevos impuestos verdes que afectarían las emisiones contaminantes

El grupo de sabios ha justificado la propuesta por “el reducido peso de los impuestos medioambientales y su compleja y asistemática regulación actual” en España. Bruselas, así como los principales organismos internacionales, también llevan años presionando para que España eleve su fiscalidad medioambiental, un capítulo que está comprometido con la UE en el Plan de Recuperación a cambio de los fondos europeos. Esta propuesta, así como la reforma fiscal profunda que pretendía aprobar Hacienda, se han quedado, sin embargo, en suspenso por la actual coyuntura económica.

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Sobre la firma

Laura Delle Femmine

Es redactora en la sección de Economía de EL PAÍS y está especializada en Hacienda. Es licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Universidad de Trieste (Italia), Máster de Periodismo de EL PAÍS y Especialista en Información Económica por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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