El Gobierno hace hueco en los Presupuestos para subir las pensiones con el IPC

La revalorización de las prestaciones se comerá casi todo el aumento del gasto. Hacienda sostiene que los funcionarios deberían entrar en el pacto de rentas y conformarse con un aumento menor

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el martes durante el Consejo de Ministros.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el martes durante el Consejo de Ministros.Eduardo Parra (Europa Press)

El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a los Presupuestos de 2023 con la aprobación del techo de gasto del Estado. Este es el límite al que pueden crecer los desembolsos de los ministerios y solo se elevará un 1,9%, sin contar los fondos europeos —con estos, repuntará un 1,1% hasta un récord de 198.221 millones—. Es decir, se intenta contener el incremento del gasto al tiempo que los ingresos suben con fuerza, impulsados por la recuperación de la pandemia, la creación de empleo, la inflación y los nuevos impuestos. La idea es que tras la covid hay que ir reduciendo un agujero presupuestario que este año cerrará, según la previsión del Ejecutivo, en el 5% del PIB, una cifra todavía muy elevada y que equivale a la mitad lo que se recauda por IRPF. Y el año que viene bajaría al 3,9%, unos 50.000 millones de euros de números rojos en un contexto sujeto a muchas incertidumbres por los cortes de suministro del gas ruso, las subidas de tipos y la desaceleración económica.

Además, entra en juego la subida de las pensiones: al ligarlas a una inflación que está disparada, en el entorno del 8% de media anual, todo lo demás no puede crecer mucho. Estas prestaciones engordarán ese 8%, más el aumento del número de jubilados y el crecimiento debido a que las nuevas pensiones cobran más. En total, la partida podría escalar un 10% e implicaría que solo por esta, que supone un tercio de todo el gasto de las administraciones, habría que desembolsar el año que viene unos 17.000 millones adicionales. Si el conjunto del gasto corriente crece el 3,3%, el porcentaje que la Comisión Europea fija en su recomendación para moderar los desembolsos el año que viene, la subida para el conjunto de las administraciones se quedaría en unos 20.000 millones. Es decir, casi todo lo absorberán las pensiones.

De ahí que el Gobierno solo haya subido el techo de gasto para 2023 en unos 3.200 millones, hasta los 173.000 millones sin fondos de la UE. Esta partida no incluye el presupuesto de las comunidades, los Ayuntamientos y la Seguridad Social. Pero sí que contempla las transferencias que se hacen a esas otras administraciones. La inyección a la Seguridad Social repuntará en unos 1.500 millones hasta los 19.888 millones. En definitiva, el Gobierno ha empezado con estos números a hacer hueco para intentar pagar la importante factura que el año que viene supondrá actualizar las pensiones con el IPC medio de este año y, al mismo tiempo, contener el gasto en línea con lo que ya pide Bruselas.

Aun así, según cálculos de la Autoridad Fiscal, haría falta que el Gobierno hiciese todavía un esfuerzo mayor para poder pagar las pensiones y cumplir con la recomendación del Ejecutivo comunitario de subir el gasto solo un 3,3%. De acuerdo con las estimaciones del organismo encargado de vigilar las cuentas públicas, el resto de las partidas que no sean pensiones solo podrían elevarse entre un 0,5% y un 1%. Se trata de unos incrementos muy exiguos, sobre todo si se tiene en cuenta que la inflación se encuentra tan elevada y que muchas compras de bienes y servicios tendrán que soportar el encarecimiento de costes.

En el fondo, al tener en cuenta la escalada de los precios, en realidad estos Presupuestos estarían siendo restrictivos. Aunque claro, con un déficit que ahora ronda el 5% del PIB ―unos 65.000 millones―, la restricción es un concepto relativo. Por ejemplo, la Autoridad Fiscal ha criticado que el ritmo de reducción del déficit debería ser más ambicioso, aunque las reglas fiscales europeas estén suspendidas hasta 2023. De hecho, si en 2024 volvieran a aplicarse, España podría acabar entrando en el procedimiento de control del déficit.

De momento, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los funcionarios deberían formar parte del pacto de rentas que suscribiesen los agentes sociales para moderar salarios y márgenes. En plata: los sueldos de los trabajadores públicos crecerán menos que las prestaciones de jubilación.

Previsiones de déficit

Estos números, en cualquier caso, dependerán de unas previsiones económicas muy condicionadas por unos riesgos cada vez mayores. Hasta el punto de que Economía ha rebajado la previsión de crecimiento del año que viene del 3,5% al 2,7%. También ha revisado al alza el deflactor del consumo ―un indicador similar al IPC―, que alcanzará este año el 7,8%, a causa de la crisis energética agravada por la guerra en Ucrania, frente al 6,1% previsto en abril en el Programa de Estabilidad. En 2023 se situará en el 2,9%, siete décimas más de lo estimado anteriormente.

A pesar de la revisión a la baja, lo que no cambia con respecto a abril son las previsiones de déficit y deuda. El endeudamiento cerrará este año y el que viene en el 115,2% y el 112,4% del PIB, respectivamente. El saldo entre ingresos y gastos no bajará del 3% del PIB hasta 2025. Y solo habrá pequeños cambios en el reparto en 2023: las comunidades tendrán más margen ―su objetivo de déficit pasa del 0,1% al 0,3%―, en detrimento de la Administración central ―del 3,4% al 3,2%―. También se relaja la referencia de superávit de las entidades locales, del 0,2% al 0,1%.

Ahora, el Gobierno tendrá que asegurarse los apoyos políticos suficientes para aprobar el proyecto de Presupuestos en el Congreso. El debate sobre el estado de la nación ya sirvió para reforzar el bloque de investidura que debería respaldarlos.

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