Todas las Españas posibles en 138 propuestas

El debate sobre el estado de la nación concluye este jueves con la votación de 138 propuestas presentadas por los grupos, un compendio de deseos y reclamaciones máximas destinadas en su mayoría al fracaso. En ese cajón de sastre acaban entrando visiones distintas y a veces opuestas sobre España. Será con toda seguridad una jornada de disonancia entre el PSOE y buena parte de su base parlamentaria, que ha presentado iniciativas consideradas inaceptables por los socialistas: desde el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado a la retirada de los procesos judiciales contra independentistas, una paguilla extra a nueve millones de pensionistas en agosto o una reforma laboral dura que recupere las indemnizaciones por despido anteriores al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En el otro lado del hemiciclo, el PP reclama que la Cámara condene al Gobierno por ir “más allá de los límites impuestos por nuestro sistema democrático” y Vox exige la convocatoria de elecciones anticipadas. En el Congreso se votará este jueves de todo, hasta la salida de la OTAN y la abolición de la Monarquía, que propone la CUP.

Las votaciones finales del debate sobre el estado de la nación no tienen la menor eficacia práctica ―no comprometen al Gobierno― y los partidos las usan más bien como banderas reivindicativas o declaraciones de intenciones. El PSOE aprovecha su cupo de 15 propuestas para que la Cámara se pronuncie sobre las principales medidas anunciadas por Pedro Sánchez el pasado martes, entre ellas los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas, los abonos gratuitos de Renfe en cercanías y media distancia entre el 1 de septiembre y final de año o los refuerzos a las becas de un millón de estudiantes.

El socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, quiere ir más allá y propone otras medidas. Además de una reforma fiscal que grave a las rentas más altas, sugiere consagrar como estructural el incremento del 15% de las pensiones mínimas y no contributivas, así como del ingreso mínimo vital. Reclama 600 millones de euros más para Dependencia, una empresa pública de energía y limitar la apertura de casas de apuestas.

Las propuestas de los nacionalistas, entre ellos los socios del Gobierno, se acercan mucho a sus programas de máximos. El PNV solicita los “cambios constitucionales pertinentes a fin de que se reconozca la plurinacionalidad del Estado”, una iniciativa similar a la que han suscrito conjuntamente ERC, EH Bildu y BNG. Junts y la CUP proponen el reconocimiento del “derecho de autodeterminación” y que “se reparen los déficits democráticos del Estado”, en expresión de los primeros. El PDeCAT llama a reanudar de inmediato la mesa de diálogo con la Generalitat, a reformar los delitos de rebelión y sedición y a “blindar la inmersión lingüística en Cataluña”.

ERC no solo rechaza el aumento del gasto militar que impulsa Sánchez, sino que una de sus demandas será que se recorte tras el nuevo crédito de 1.000 millones aprobado por el Consejo de Ministros. Junto a EH Bildu y BNG, insiste con la reforma de la ley mordaza, paralizada en el Congreso, y también de la ley de extranjería para reforzar los derechos de los migrantes. En sus textos en solitario, la formación abertzale sugiere regresar al cálculo de 45 días por año trabajado en las indemnizaciones por despido, “limitar los privilegios de la Casa Real” y derogar el delito de injurias a la Corona.

También entre los aliados del Gobierno, Más País y Compromís abogan por garantizar a todas las familias comedor “universal y gratuito” en educación primaria. El partido de Íñigo Errejón porfía con una de sus banderas, la de la salud mental, para instar al Gobierno a incrementar la dotación pública de psiquiatras y psicólogos.

“Colonización de las instituciones”

La tenaz oposición del PP imprime su huella en las 15 propuestas presentadas al debate, entre las que figura una que acusa al Gobierno de extender su poder más allá de los límites democráticos. Lo hace a cuenta de lo que denomina el “asalto” institucional, por algunos nombramientos afines en instituciones como el CIS, Correos o la Fiscalía General del Estado, o el cambio accionarial en la tecnológica Indra, con capital público. Los textos registrados por los populares tocan prácticamente todos los temas y dedican algunas resoluciones específicas a las víctimas del terrorismo, a la inflación, al sector energético, a las familias vulnerables, la okupación ilegal y a la independencia de las instituciones. En este último asunto, el PP acusa al Gobierno del “asalto y colonización paulatina, sin rubor alguno, de todas las instituciones” y con el propósito de “limitar el Estado de derecho y extender el poder del Ejecutivo más allá de los límites impuestos por nuestro sistema democrático al mismo”. Los populares piden “cesar el acoso e intervencionismo a las instituciones”, sin entrar en medidas específicas. Otra de sus propuestas es reducir un tercio de los ministerios actuales, de 21 a 14.

Vox tampoco se queda corto en su lista de deseos. Una de sus propuestas es que la Cámara inste al Gobierno a que “abandone el objetivo de mantenerse en el poder a toda costa y convoque, por el interés general de España y de los españoles, elecciones anticipadas con carácter urgente”. Y lo argumenta con un texto, de 27 folios, que constituye la justificación de una moción de censura, sin llegar a dar el paso de presentarla. Vox argumenta su demanda de que dimita el Gobierno apelando a su supuesto carácter “ilegítimo”, a su tamaño “desmesurado”, a la “nefasta gestión de la pandemia”, a la “maltrecha situación de la economía y sus sombrías perspectivas”, a su “política energética contraria al interés nacional”, a su “intromisión en la independencia judicial”, a los “indultos a los delincuentes separatistas”, a la “irrelevancia internacional de España” y a las leyes de la eutanasia y el derecho al aborto. Abandonando cualquier ambigüedad en la materia, Vox se compromete a promover en cuanto pueda la “derogación inmediata de las leyes que atentan contra el derecho a la vida”; es decir, toda la legislación que regula la muerte digna y el aborto. Las otras 14 propuestas incluyen 140 medidas, entre ellas la derogación de la ley de Violencia de Género; la devolución al Estado central de las competencias de sanidad, educación, justicia y seguridad; la supresión de las policías autonómicas; la ilegalización de los “partidos separatistas”; la retirada de la ley trans; la eliminación del Ministerio de Igualdad; la rebaja del impuesto de sociedades y la supresión de los de sucesiones, donaciones y plusvalía (incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana); el abandono del Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París contra el cambio climático; o la adopción de medidas para “garantizar la libre celebración de corridas de toros en toda España”.

Ciudadanos lleva al debate algunas banderas que esgrime desde hace algún tiempo en solitario, como la supresión del término nacionalidades en la Constitución, la regulación de los vientres de alquiler y la prostitución o la revisión de las pensiones más altas. También aboga por potenciar la energía nuclear o legalizar el cannabis, y presenta una serie de medidas para mejorar la atención a la salud mental.

Los partidos nacionalistas y regionalistas incluyen numerosas demandas específicas para sus territorios. BNG, Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe y Foro Asturias reivindican más inversiones en infraestructuras de transporte. Coalición Canaria propone una desgravación fiscal a los residentes en la isla de La Palma para generar actividad económica en la isla devastada por el volcán. El PNV plantea además una declaración para que los habitantes del condado de Treviño, enclave burgalés en medio de Álava, puedan incorporarse al País Vasco.

Con información de José Marcos, Elsa Garcia de Blas, Paula Chouza y Miguel González.