Estas son las medidas anunciadas por Sánchez: impuesto a bancos y energéticas; abonos de Renfe gratis y complemento a las becas

Con la economía de nuevo en primera línea del debate político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes una batería de medidas que buscan aligerar el golpe de la inflación sobre el bolsillo de las familias (complemento a las becas), favorecer el transporte público sobre el privado (haciendo gratuitos algunos abonos de Renfe) y aumentar la recaudación fiscal 7a la vez que lanza un guiño y trata de cohesionar al electorado de izquierdas (impuesto extraordinario a la banca y a las empresas energéticas con los que pretende ingresar 7.000 millones en dos años). Estas son las principales medidas anunciadas en la primera jornada del debate sobre el estado de la nación:

Impuesto a la banca

Es la principal novedad fiscal que deja el discurso del presidente del Ejecutivo. Será un tributo “excepcional” y de carácter “temporal” que afectará a los beneficios cosechados en dos ejercicios: 2022 y 2023. Afectará a los bancos que facturen más de 1.000 millones de euros al año. La recaudación rondará los 1.500 millones por ejercicio, según los primeros cálculos oficiales, pero aún se desconoce cómo se instrumentará. Tras el anuncio, todas las entidades financieras se han hundido en Bolsa, con Caixabank, Bankinter y el Sabadell —las más expuestas a España— a la cabeza.

El argumento esgrimido por el presidente ha sido la todavía incipiente subida en el precio del dinero. A pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) aún no ha dado el paso de subir los tipos de interés —lo dará, con toda seguridad, la semana que viene, para hacer frente a la inflación—, el euríbor —el índice que marca el coste de las hipotecas— ya ha empezado a subir con fuerza. Es tan mala noticia para los muchos hogares endeudados como buena para el sector financiero. Hasta ahora, sin embargo, las entidades llevan años de resultados mediocres en sus unidades de banca comercial en España y la eurozona, afectadas por los tipos bajo cero. En la última década, el grueso de su beneficio ha procedido de sus filiales en el exterior —sobre todo en América Latina— y de aquellos negocios no directamente ligados al préstamo de dinero a hogares y empresas.

La patronal bancaria (AEB) ha calificado como “improvisación jurídica” el nuevo impuesto temporal a la banca. Su portavoz, José Luis Martínez Campuzano, ha considerado que el tributo “distorsiona el mercado”. Ha protestado porque la patronal “no conoce detalles sobre el anuncio” del nuevo gravamen”, ha lamentado que las entidades “no han sido consultadas ni informadas a pesar de mantener un diálogo permanente con el Gobierno” y ha concluido: “Los accionistas de la banca española, muchos de ellos ahorradores, han sufrido ya un castigo en Bolsa por este anuncio, que refleja la improvisación jurídica en que opera un sector tan importante para la economía y la sociedad”.

Además, Martínez Campuzano ha sostenido que esa “eventual” subida de tipos del BCE “no asegura necesariamente una mejora de la rentabilidad de los bancos, ni se traduce en beneficios extraordinarios”, sino que es consecuencia de la subida de la inflación y “puede provocar una menor actividad económica”.

Impuesto a las energéticas

En sentido estricto, no es una novedad: hace tres semanas, Sánchez ya anunció la creación de un impuesto específico sobre las empresas energéticas (en su definición más amplia: aquellas con intereses en crudo, gas o electricidad). Lo que ha hecho este martes es ofrecer algún detalle más, tanto en lo recaudatorio (se obtendrán 2.000 millones de euros al año) como en lo temporal (gravará los beneficios de 2022 y 2023). Como en el caso de los bancos, las empresas sujetas a este tributo serán aquellas que facturen 1.000 millones al año o más. En los últimos meses, varios países europeos —Italia, el Reino Unido, Grecia y Hungría— han anunciado nuevas figuras fiscales sobre este sector.

Las energéticas están entre las grandes beneficiadas por la brutal escalada de precios en el último año. A la cabeza figuran las petroleras, que están obteniendo beneficios extraordinariamente altos en las fases de producción de crudo y de refino. Es una dinámica común a todas las grandes empresas del sector en Europa y en el mundo, que también se está dando en España: los márgenes de beneficio de Repsol en refino se triplicaron entre abril y junio en comparación con los tres meses anteriores, y se multiplicaron por 15 respecto al mismo mes del año pasado.

Las eléctricas, por su parte, se han visto más beneficiadas en las primeras fases de la crisis que ahora: tras varias medidas específicas —no fiscales— de minoración de beneficios, entre ellas el ya famoso tope al gas, las cuentas de resultados de estas empresas en España ya han empezado a encogerse. El propio Gobierno, por boca de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calculó a finales de junio que la excepción ibérica había drenado 250 millones de euros en los beneficios de las eléctricas en solo dos semanas.

Abonos de tren gratuitos

La subvención pública del 50% sobre los abonos de varios viajes de Renfe en Cercanías, Rodalies de Catalunya y Media Distancia, anunciada a finales de junio, pasará a ser del 100%. Es decir, esos abonos serán gratis. Esta bonificación estará en vigor entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, con un doble objetivo: aligerar el gasto para las familias, afectadas por la escalada inflacionista, y favorecer el uso del transporte público sobre el privado en un momento en el que el ahorro energético ha pasado a ser una prioridad absoluta en toda Europa. La medida es independiente a la rebaja del 30% para los títulos multiviaje de transporte urbano y metropolitano.

Fuentes del Ministerio de Trabajo calculan que la nueva medida va a suponer la gratuidad, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, de unos 75 millones de viajes, aunque esperan que esta cifra sea aún mayor por el efecto llamada de usuarios hacia el transporte público.

Beca complementaria

Pedro Sánchez ha anunciado una beca complementaria de 100 euros al mes para los mayores de 16 años beneficiarios de una beca estatal de estudios postobligatorios (FP de grado medio y superior, bachillerato y universidad), que los beneficiarios percibirían entre septiembre y diciembre de este año. El Ministerio de Educación habló luego de que la ayuda se alargaría hasta junio, pero finalmente ha rectificado y ha ceñido la medida a esos cuatro meses. Se estima que la medida va a costar 100 millones mensuales. De esta forma, el Gobierno quiere enfrentar sus becas a los cheques escolares de Isabel Díaz Ayuso, de los que se beneficiarán el curso que viene, además de las rentas bajas, hogares con rentas superiores a los 100.000 euros. La medida madrileña incomoda al líder del PP Alberto Núnez Feijoo. Sánchez le ha espetado a la portavoz del PP, Cuca Gamarra: “¿Después de esta beca para ricos, ¿qué van a plantear? ¿Un Imserso para ricos a cargo del erario público? ¿Unos cheques de combustible para los yates?”.

Los becados no tendrán que rellenar ningún formulario para recibir la partida de 100 euros al mes. Sin este complemento, la beca media de un estudiante es de 2.173 euros al año. Los universitarios apenas son una cuarta parte de los becarios, pero se llevan el 45% de la partida para compensar el coste del cambio de residencia o el coste de la matrícula (su beca media es de 2.892 euros).

Programación en las escuelas

Sánchez ha detallado también en el Congreso el programa Código Escuela 4.0 para que los estudiantes de infantil, primaria y secundaria aprendan “el lenguaje del presente y el futuro”. Incluirá “pensamiento computacional, programación y robótica”. El presupuesto para los próximos dos años para este plan es de 356 millones de euros con los que se quiere dotar a los centros de ordenadores, materiales y formación del profesorado, explica un portavoz del Ministerio de Educación. El curso que viene se pondrá en marcha en segundo ciclo de infantil y en primaria (3.930.000 estudiantes) y el siguiente (2023/2024) en secundaria (5.879.000). Los profesores tendrán dos años para formarse y mientras tanto los colegios contarán con la figura del auxiliar, como los de conversación que trabajan desde hace años en los centros.