El nuevo sistema para evaluar los conocimientos digitales de los profesores valdrá en toda España
Superar las pruebas dará ventajas en los concursos de traslado y en las oposiciones y se negociará en julio que repercuta además en el salario
![Un grupo de alumnos con ordenadores en el colegio Santa María de Valencia.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/RWDWVBP7PULT7GUUIYLGQY444M.jpg?auth=2e99793af85ff9261e1472db10e8b4ad451a83dddb90b4e901018f4102331645&width=414)
![Elisa Silió](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fedb22054-d097-4563-bc91-1474ed48343d.jpg?auth=1e93401b84a57ddf3a74ce7ad95d8d6a18786fb8bb55a9dbc4d77e8fec627cc0&width=100&height=100&smart=true)
La Conferencia Sectorial de Educación, que sienta a la mesa a los Gobiernos autonómicos y el ministerio del ramo, ha aprobado este jueves elaborar un marco común para que cada comunidad, que es quien tiene las competencias administrativas, evalúe de igual forma las destrezas digitales de sus maestros de primaria y profesores de secundaria de los centros públicos y concertados. De esa manera, el certificado servirá, por ejemplo, a un docente de Zaragoza que pide el traslado a Lugo. Un resultado positivo en esta evaluación dará puntos en los concursos de traslado, las oposiciones y los procesos para ocupar puestos interinos. El próximo mes de julio, Gobierno, comunidades y sindicatos negociarán si además supondrá mejoras en el salario. El objetivo es evaluar en los próximos tres cursos, al menos, a medio millón de docentes, es decir, al 80% de los 700.000 profesores de enseñanzas no universitarias.
La intención del Ministerio de Educación es que en septiembre esté lista su normativa de acreditación de las competencias digitales. A partir de ese momento, las comunidades autónomas tendrán un año para elaborar sus desarrollos propios. La idea es que antes de que termine el curso que viene se valide a los primeros profesores que ya cuenten con los méritos digitales suficientes.
Habrá seis niveles, similares a los del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: A1 y A2 para el estadio inicial; B1 y B2, para el intermedio; y C1 y C2 para el avanzado. No se puede forzar a los docentes a formarse, pero existe el compromiso con la Unión Europea de que antes de 2024-2025 se acrediten las competencias digitales al menos ese 80% de la plantilla docentes, para lo que se movilizará una partida de fondos europeos de 284,7 millones de euros, que se refleja en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Aprobar el A1 y el A2 no exigirá un gran esfuerzo. Bastará con haber superado cursos reconocidos por la Administración o hacer una prueba —aún por determinar— o validar las habilidades digitales demostradas en la carrera de Magisterio si coinciden en un 80% con las competencias requeridas por la consejería. “Con la acreditación buscamos reconocer el esfuerzo de los docentes, pero también queremos que sirva para que ellos sepan qué camino tienen que seguir para subir de nivel”, explica Julio Albalad, director del Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado del ministerio (INTEF).
En el nivel B, además de formación, ”tiene que haber una aplicación en clase”. “Por ejemplo, si se ha hecho un curso de protección de datos, se pide un ejercicio en el aula con los alumnos para demostrar la aplicación”, prosigue Albalad.
“En los niveles superiores, una persona tiene que validar [comprobar] en el aula lo que el profesor está haciendo. Lo que está aportando a la experimentación, a la innovación”, continúa Albalad. Este nivel C, vinculado a colaboraciones y a publicaciones, solo está pensado para perfiles muy específicos, como el responsable TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) de los centros educativos. “Ahora mismo no nos vamos a centrar en ellos, porque son muchos menos, pero sí que hay que articularlo”.
Los centros tienen hasta 2024 para establecer un plan, plasmado en un documento, en el que se reflejen los recursos TIC que hay en sus instalaciones y las competencias digitales de los profesores y sus alumnos.
Otras inversiones
Las autonomías y el Ministerio de Educación han acordado, además, destinar 118,2 millones de euros al Programa para la Orientación, Avanza y Enriquecimiento Educativo PROA+. Este plan, que desapareció con el ministro José Ignacio Wert, pretende prevenir el abandono escolar en centros en los que muchos alumnos tienen dificultades educativas. Las nuevas Unidades de Acompañamiento y Orientación harán un seguimiento individualizado de cada estudiante y su entorno. Este año las comunidades van a recibir 38,5 millones de euros con las que crearán 804 unidades.
Asimismo, se ha acordado el reparto de 58,5 millones de euros para la financiación de libros de texto y materiales didácticos.
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