El Gobierno estima en 250 millones la bajada de los beneficios extraordinarios de las eléctricas tras 15 días del tope al gas

El Gobierno cifra en 250 millones de euros el descenso en los beneficios extraordinarios de las grandes eléctricas en los 15 primeros días del límite sobre el precio del gas natural para generar electricidad. Así lo ha afirmado este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una intervención en el Congreso de los Diputados. En el primer trimestre del año, las dos mayores eléctricas de España —Iberdrola y Endesa— obtuvieron un beneficio bruto de explotación (Ebitda) conjunto de 1.471 millones en sus negocios de generación y comercialización.

Ribera ha destacado que el sistema aplicado por España y Portugal está arrojando precios de la electricidad “menores que en la mayoría de países europeos” y ha cifrado en alrededor de un 14% la rebaja en el precio de la luz respecto a lo que habría sido en ausencia del tope al gas, un guarismo coincide con el calculado por los profesores de la Universidad Complutense de Madrid Rafael Salas, Miguel Jerez y Francisco Álvarez en un estudio publicado este miércoles en Nada es gratis.

La caída queda, sin embargo, por debajo del rango de entre el 15% y el 20% calculado inicialmente por la propia vicepresidenta, una diferencia que ha achacado a las “condiciones adversas” que se dieron en los primeros días de aplicación del tope al gas: una intensa ola de calor, una fuerte subida en los precios del gas natural y una baja tasa de generación renovable.

Pese a la aplicación de ese mecanismo en la segunda mitad de junio, en el conjunto del mes la factura media del mercado regulado ha subido respecto a mayo. Según los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), será la segunda mayor de toda la serie histórica, tras la de marzo pasado y similar a la de diciembre 2021.

“El ensayo de lo que ocurra aquí [con la excepción ibérica] será una señal importante de cómo hacerlo [a escala europea]”, ha enfatizado la titular de Transición Ecológica y el Reto Demográfico al tiempo que llamaba a una respuesta común de los Veintisiete a la crisis energética. “Las medidas que se han puesto en marcha son de emergencia, pero necesitamos también otras de fondo que nos preparen por si la situación se agrava”.

Tras el anuncio de Pedro Sánchez el sábado pasado, Ribera ha confirmado que el Ejecutivo está “diseñando” el nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas. Y se ha comprometido a tener lista la nueva tarifa regulada o PVPC, a la que están acogidos cuatro de cada diez hogares, en octubre. El objetivo, ha recalcado, es que pueda entrar en vigor “como tarde” a principios de 2023.

Críticas de la oposición

Tras la intervención inicial de Ribera ha llegado la réplica de los diputados del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que han centrado sus críticas en el hecho de que los clientes del mercado libre que van renovando sus contratos pagan la compensación al gas pero no se benefician de esta medida, así como en la venta de energía subvencionada a través de la interconexión con Francia. Ribera ha replicado que España está exportando “menos electricidad” desde la entrada en funcionamiento del tope y ha achacado el fuerte aumento en las exportaciones en lo que va de año al cierre de varias centrales nucleares por motivos técnicos. “Necesitan importar toda la electricidad que sean capaces”, ha subrayado al tiempo que calificaba de “dramáticas” las estimaciones de precios para los próximos meses en el país vecino.

Desde su socio de Gobierno, Unidas Podemos, Pablo Echenique ha valorado el tope al gas —”está funcionando”—, pero ha urgido a subir “ya” los impuestos al “oligopolio eléctrico y petrolero”, una propuesta que también han suscrito el resto de aliados externos del Ejecutivo en el Congreso. “Es evidente que no se han acabado con los beneficios caídos del cielo: con el tope al gas se están forrando menos, pero se siguen forrando”, ha dicho Echenique. Desde Más País, por su parte, Íñigo Errejón ha llamado a aplicar un “control de precios” sobre los carburantes para evitar —ha dicho— que las petroleras sigan aumentando sus márgenes a costa de los 20 céntimos de bonificación con dinero público.