El Gobierno se fija el 1 de octubre como tope para tener listo el nuevo método de cálculo de la tarifa regulada

El ansiado límite al precio del gas y el carbón para generación eléctrica, con el que el Gobierno se compromete a reducir en más de un 30% el precio mayorista de la luz, viene acompañado de una promesa a Bruselas: tener listas, antes del próximo 1 de octubre, las líneas maestras de la tarifa regulada o PVPC. Aunque la previsión del Gobierno es que esos cambios no entren formalmente en vigor hasta “principios de 2023″, este próximo otoño el Ejecutivo ya tendrá que haber realizado “las modificaciones necesarias” para alumbrar una “nueva metodología de cálculo” de la tarifa de la luz que tienen contratada casi uno de cada cuatro hogares y siete de cada diez clientes industriales.

El principal objetivo de la reforma será el de reducir la volatilidad que sufren quienes cuentan con un contrato PVPC, especialmente tras lo ocurrido en el último año, en el que el brutal aumento en el precio del gas natural —cuyo coste se ha quintuplicado— ha encarecido exponencialmente su factura. La escalada de la luz, mucho más acelerada que la sufrida por el mercado libre —donde las condiciones las negocia el cliente con la empresa comercializadora y se mantienen fijas durante un año o más—, se ha cebado también con las familias más vulnerables, las acogidas al bono social.

“Condición” europea

Romper ese vínculo, hoy directo, entre los precios al contado —los más volátiles: evolucionan hora tras hora y día tras día— y el recibo de la luz de los alrededor de 10 millones de clientes acogidos al mercado regulado es un imperativo. Tanto es así, que en el real decreto publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Ejecutivo reconoce que “una de las condiciones” impuestas por la Comisión Europea para dar luz verde al límite al gas es, precisamente, la reforma del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).

Aunque sin concretar los detalles, el texto legal ofrece algunas pistas de cómo será esa futura tarifa regulada. A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en el precio que pagarán esos hogares influirá no solo el precio inmediato de la luz (de un día para otro), sino que una parte estará determinada por los mercados a plazo, de futuros —a un mes, un trimestre o incluso un año vista—. Así es como se calculan las tarifas reguladas en Portugal, un país con el que España comparte mercado eléctrico y en el que se puede inspirar en el diseño del nuevo sistema.

En el futuro modelo de cálculo, sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica no quiere que desaparezca del todo el nexo entre el PVPC y los mercados de muy corto plazo —a una hora o un día vista— para evitar que hogares y empresas pierdan el incentivo a adaptar su consumo a los momentos o jornadas en las que el sistema eléctrico genera electricidad más barata y limpia, bien porque la oferta de renovables es abundante o porque la demanda cae. Se trata, expone el Gobierno, de “incluir (...) una cierta exposición de estos consumidores a la señal de precio de corto plazo [que] incentive la eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión de la demanda”.

El límite al gas, puente hasta el cambio de la tarifa regulada

El Ejecutivo admite explícitamente que el ajuste de urgencia que limitará el precio del gas y el carbón para las centrales térmicas con el fin de reducir el precio de la luz no es más que “una medida extraordinaria mientras se realiza esta reforma y entra en vigor de forma efectiva, lo que no es inmediato”. En otras palabras: la intervención exprés del mercado eléctrico con la que las autoridades españolas aspiran a rebajar sustancialmente la presión de precios es solo un puente hasta que esté lista la nueva tarifa PVPC. “En ningún caso el mecanismo de ajuste regulado en este real decreto-ley resultará de aplicación más allá del 31 de mayo de 2023″, se lee en el texto legal.

Aunque ya publicado en el BOE, el límite al gas y el carbón aún tendrá que esperar para entrar en vigor. Primero, porque en clave interna el Gobierno da 12 días a las eléctricas y al operador del sistema para adaptarse al nuevo entorno. Y segundo, y más importante, porque aún falta el visto bueno final de la Comisión Europea. Para este último paso no hay fecha aún, pero en el decreto el Gobierno cree que llegará “muy pronto”. En todo caso, el cambio exprés no surtirá efecto hasta la factura de junio. A la espera, siempre, de la reforma del PVPC que entrará en vigor a principios del año que viene.