Claves | Así es el mecanismo con el que el Gobierno aspira a rebajar el precio de la luz de hogares y empresas

España y Portugal incorporarán este sábado a su legislación, en forma de decreto, el límite al precio del gas natural y el carbón que alimentan las centrales térmicas. Con esta medida, que cuenta con el visto bueno “preliminar” de la Comisión Europea —aún no del definitivo—, ambos Gobiernos aspiran a rebajar sustancialmente el recibo de la luz de hogares y empresas. Un ahorro que será, eso sí, mayor en el caso español, por el propio diseño del sistema. Estos son los puntos más importantes de la medida:

¿Cómo funciona?

El mercado eléctrico español es de tipo marginalista: el precio de la luz lo fija, en cada tramo horario, la fuente de producción más cara. Dado que el brutal encarecimiento del gas en el último año, en el que ha quintuplicado su cotización, es el principal factor del estirón de la factura de la luz, limitar su precio —a 40 euros por megavatio hora (MWh) en un principio, y a 48,8 en la media de los doce meses de vigencia del mecanismo, frente a los casi 75 euros actuales— frenará en seco la escalada. Y se reducirá la sobrerretribución del resto de tecnologías de generación, para las que el coste no ha variado y sus ingresos, en cambio, se han disparado.

La diferencia entre el precio del gas en el mercado y el tope —si se aplicase mañana: 35 euros por MWh, 75 euros menos 40— la abonará el propio sistema. Es decir, los consumidores. Sin embargo, el beneficio para ellos de bajar el precio marginal es tan grande que en términos netos saldrán claramente beneficiados.

¿Cuándo se notará en la factura?

Aún pasarán semanas antes de que la medida tenga incidencia directa sobre el recibo mensual de la luz. Tras el visto bueno preliminar de la Comisión Europea, todavía falta su consentimiento final. Una vez publicada en el BOE este sábado —también en su equivalente portugués, el Diário da República—, pasará “una semana, 10 días o dos semanas”, según la vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hasta que sea un hecho. El motivo de este retraso es ese visto bueno definitivo del Colegio de Comisarios de la UE, que velará por que ambos boletines oficiales reflejen exactamente lo pactado de forma preliminar entre Madrid, Lisboa y Bruselas. Sin ningún cambio ni añadido.

Más allá de lo que pueda demorarse el Ejecutivo comunitario, el decreto establecerá un segundo plazo a escala interna: las empresas eléctricas dispondrán de cinco días para adaptarse a los cambios, y los operadores del sistema, de otros siete. Incluso si en Bruselas se dieran mucha prisa, el límite al gas no entraría en vigor hasta el 1 de junio.

¿Cuánto bajarán los precios?

Mucho. Tanto el Gobierno como los expertos independientes consultados en las últimas semanas por este diario creen que el precio medio diario de la luz en el mercado mayorista (común a ambos países) pasará de los cerca de 200 euros por MWh de hoy a entre 120 y 130 euros por megavatio hora. Es decir, una rebaja superior al 30%. En esa horquilla, el Ejecutivo incluye ya las compensaciones al gas a cargo del propio sistema.

¿A qué clientes afectará?

A casi todos. Aunque en un principio se barajó la opción de que esas compensaciones recayeran sobre los clientes del mercado libre —que han tenido precios estables y que, por tanto, no han sufrido tanto la escalada reciente—, de forma que no solo no se verían beneficiados sino que sufrirían un perjuicio, el esquema final no es así. “La reducción beneficiará a todos los consumidores de electricidad: los del PVPC [la tarifa regulada] lo notarán inmediatamente. Y los que tienen contratos con precios fijos lo percibirán si los renuevan o los cambian durante el año de vigencia del mecanismo”, apunta el Ministerio de Transición Ecológica. “Únicamente los consumidores con contratos a precios fijos a largo plazo que venzan después del año de aplicación de la medida no se verán afectados”.

El 37% de los hogares españoles y el 70% de los consumidores industriales están en el PVPC, según las cifras aportadas por Ribera, y experimentarán una “reducción inmediata” en sus recibos. “Para los demás consumidores, con contratos de precio fijo, la rebaja final dependerá de las condiciones pactadas con la compañía eléctrica, pero obtendrá precios más bajos porque la medida reduce los precios mayoristas que sirven de referencia”.

¿Por qué un año?

Para poder pasar con cierta holgura los meses más duros del próximo invierno, cuando la demanda de gas en el hemisferio norte se dispara y los precios suben en consonancia. El “cortafuegos” —ese el término que utiliza el Ministerio para la Transición Ecológica español— frente a lo que pueda suceder en los mercados internacionales será de 12 meses a contar desde que Bruselas dé el visto bueno definitivo.

¿Por qué tiene importancia más allá de lo energético?

Con la inflación cabalgando por encima del 8%, un valor inédito en décadas —y el más alto en 30 años para un mes de abril—, la medida es fundamental para atajar el IPC. Uno de los componentes que más ha presionado al alza este índice en los últimos meses ha sido la electricidad y, dado que en su cálculo solo se tiene en cuenta la evolución de la tarifa regulada, la bajada debería ser inmediata.

¿Qué pasa con las interconexiones con Francia?

La propuesta inicial de España y Portugal incluía un sistema de doble casación de precios que evitaba que los consumidores del resto de países miembros pudieran beneficiarse del mecanismo que abarata la electricidad en la península Ibérica. Este mecanismo se acompañaba, además, de restricciones a la exportación eléctrica. Pero estas precauciones se han caído durante la negociación con la Comisión Europea, y ambos países acabarán vendiendo electricidad subsidiada a Francia y al resto de Europa.

Sin embargo, hay dos factores para pensar que el impacto real de esa subvención sobre el bolsillo de los consumidores peninsulares será escaso. El primero es la baja tasa de interconexión —ese fue, de hecho, el principal argumento con el que Madrid y Lisboa lograron sacar adelante la llamada “excepcionalidad ibérica”— lo que limita de forma natural los volúmenes a intercambiar. El segundo es una novedad: la Comisión Europea permitirá que una parte de las rentas de congestión, que capturan la diferencia de precio entre el mercado hispanoluso y el francés, se destine a compensar a hogares y empresas por esa subvención involuntaria al país vecino.

¿Seguirán otros países la senda de España y Portugal?

El interés es máximo, pero muy pocos pueden demostrar ante la UE —como ha hecho la península Ibérica— su condición de isla energética, tanto por el bajo nivel de interconexiones como por la elevada penetración de las energías renovables. Con todo, el Gobierno español cree que su plan puede acabar abriendo una espita por la que transiten otros Estados: “Si funciona, habrá otros Estados miembros que se lo planteen”, decía Ribera en una reciente entrevista con EL PAÍS. “El modo en el que hemos abordado esta cuestión tiene pocos precedentes, si es que hay alguno. Es extraordinario, y muy significativo, que Europa lo haya autorizado y que las propuestas que hemos hecho estén inspirando la reacción europea a este entorno de volatilidad en los precios”, añadía este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

¿Cuál será el impacto del acuerdo en Portugal?

Tras la aprobación del nuevo mecanismo de precios en un Consejo de Ministros extraordinario, el titular de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal, Duarte Cordeiro, defendió que permitirá distribuir los beneficios de forma justa entre los consumidores. “Limita la escalada de precios, protege a quien está más expuesto y socializa los costes y los beneficios”, dijo en una rueda de prensa en Lisboa en la que calificó la medida de “inédita e incluso histórica”.

Aunque en paralelo también serán los consumidores los que pagarán la compensación a las centrales de ciclo combinado si hay diferencia entre el precio de referencia y el del gas natural comprado para producir electricidad. Cordeiro no concretó cómo se trasladará esto a las facturas de los clientes, aunque obligará a la Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos (ERSE), que fija las tarifas reguladas, a una actualización.

El ministro luso indicó que, si la medida hubiera estado en vigor desde enero, se habría ahorrado un 18% en la factura eléctrica en Portugal. El ahorro futuro será también para los consumidores con tarifa fija (mercado libre), ya que los contratos que se renueven a partir de ahora se beneficiarán de la reducción de precios del gas.

¿Por qué la luz es más cara en España que en Portugal si el mercado es el mismo?

El primer motivo es el escaso número de consumidores con tarifa regulada. Casi 5,45 millones de consumidores portugueses (el 85,4% del total) están en el mercado libre y pagan precios pactados en contrato con sus comercializadoras de energía, lo que les ahorra oscilaciones bruscas en la factura. Pero tampoco los 927.449 clientes que estaban en el mercado regulado en enero pasado (último boletín de la ERSE) han sufrido el mismo impacto en la factura de la luz debido al alza del precio del gas que los consumidores españoles. Esto se debe a la formación de la tarifa. En Portugal, las tarifas reguladas se fijan anualmente por la ERSE, que puede revisarlas cada trimestre, mientras que las tarifas españolas del mercado regulado (PVPC) están ligadas directamente al comportamiento horario del mercado mayorista.

¿A cuánto asciende la diferencia entre los consumidores de los dos países ibéricos?

El último informe del ERSE que analiza los precios se refiere al segundo semestre de 2021. En ese periodo, los precios de la electricidad en España superaron a los de Portugal entre el 12% (segmento no doméstico) y el 27% (sector doméstico). Por el contrario, Portugal se encuentra entre los países de la Unión Europea con una de las tarifas eléctricas con mayor peso de las tasas e impuestos para los clientes domésticos (representa el 46% de la factura frente al 33% de España).