Ribera achaca el retraso al tope al gas a la negociación con Portugal

La vicepresidenta afirma que se trabaja en “tarifas y actores” para poder enviar la propuesta a Bruselas

El presidente del Cercle d’Economia, Javier Faus, y la vicepresidenta del Gobierno responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, conversan en la jornada inaugural de la XXXVII Reunió Cercle d’Economia, en el hotel W Barcelona, este miércoles.
El presidente del Cercle d’Economia, Javier Faus, y la vicepresidenta del Gobierno responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, conversan en la jornada inaugural de la XXXVII Reunió Cercle d’Economia, en el hotel W Barcelona, este miércoles.David Zorrakino (Europa Press)

Los gobiernos español y portugués todavía trabajan en la fórmula para hacer posible fijar un límite de 50 euros al precio del gas que utilizan las centrales térmicas y limitar así el efecto que su encarecimiento ha trasladado a la factura eléctrica. Y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha apuntado que esa tarea está retrasando la elaboración del borrador que espera la Comisión Europea, que validó políticamente la propuesta para crear una excepcionalidad ibérica para contener los precios de la energía, pero que espera el documento final para darle luz verde de forma definitiva. Este martes, el Ejecutivo comunitario reclamó ese texto para poder finalizar el proceso.

Ribera, que ha participado en la XXXVII Reunión del Círculo de Economía, ha señalado que ambos Ejecutivos trabajan en el “detalle técnico muy de detalle” para salvar las diferencias existentes entre ambos mercados en lo que se refiere a “tarifas y actores y las preocupaciones que pueda tener Portugal y los consumidores españoles”. No se ha referido a ningún tipo de plazo para presentar ese trabajo a Bruselas y tampoco ha mencionado que existan diferencias técnicas con el Ejecutivo comunitario. Su intención inicial era que la medida hubiese recibido este pasado martes el visto bueno del Consejo de Ministros para entrar en vigor ya en el recibo de mayo.

La intención del Gobierno con esa medida es poder rebajar hasta un 40% la factura eléctrica en España, que está impactando con fuerza sobre los precios de la generación eléctrica y, en consecuencia, sobre la inflación, al ser el gas la tecnología que más encarece la tarifa eléctrica. España y Portugal prevén que con la modificación de esa regla, primero el precio de coste se limite a los 40 euros para después elevarlo ligeramente para que, de promedio en 12 meses, se sitúe en los 50 euros. Hoy el precio medio del gas en el mercado ibérico se sitúa en torno a los 80 euros.

Para que se haga efectiva, sin embargo, la propuesta definitiva hispano-portuguesa tiene que ser validada por el área de Competencia de la Comisión Europea, para evitar que el nuevo marco ataque las reglas en materia de ayudas de Estado o del mercado único europeo en lo que se refiere a energía. Ese borrador es considerado “esencial” por la UE para avanzar en todo el proyecto.

Este mismo miércoles, los principales responsables del sector secundario español, integrados en la Alianza por la Competitividad de la Industria, han avalado ese acuerdo y han transmitido un “sincero agradecimiento por esfuerzos del Gobierno” al considerar que le ofrecerá mayor competitividad.

Esa propuesta de crear una excepcionalidad europea no es del agrado de todas las empresas energéticas, según ha quedado de manifiesto en otro coloquio organizado por el Círculo de Economía, en el que han participado el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, el de Endesa, José Bogas, y el de la empresa de infraestructura gasista Enagás, Antoni Llardén. Imaz ha considerado positivamente el acuerdo como palanca para paliar “un desequilibrio brutal” de los precios, pero siempre y cuando sea “temporal”. Y ha asegurado que la medida no tiene por qué tener un gran impacto sobre las energéticas, porque “los proyectos que nosotros hemos aprobado a entre 50 y 60 euros tienen rentabilidades muy buenas”.

Bogas, por su parte, ha considerado ese acuerdo como “un paso necesario, pero malo” al considerar que “separarnos de Europa nos debilita”. “Mi única crítica, y a Europa”, ha señalado, “es la falta de capacidad para llegar a un acuerdo conjunto”. Por su parte, Llardén ha considerado que las medidas eran “imprescindibles”, aunque ha querido matizar que el aumento de precios del gas comenzó a ser un problema muchos meses antes que iniciara en marzo el conflicto de Ucrania. “Se ha hecho creer tanto que el gas se acababa en 10 años que los productores han empezado a pensar que su riqueza se iba a terminar y están amortizando sus infraestructuras con tiempo, subiendo los precios”.

Más cobertura a los vulnerables

En otro momento de su intervención, la vicepresidenta ha considerado “clave” reducir los beneficios y no las ventas a pérdida para disminuir el precio de la energía. Se refería, sobre todo, a la necesidad de dar mayor cobertura a los consumidores más vulnerables.

En una conferencia que ha versado sobre la transformación del mercado energético, ha señalado que España trabajará en sustituir el gas que importa de Rusia, aunque ha señalado que se trata de un hecho “sencillo”, porque apenas el 5% depende del país que sufre las sanciones de la Unión Europea por la invasión de Ucrania. “Estamos en mejores situaciones que los demás”, ha dicho tras admitir la intención comunitaria de “desplazar de forma coordinada a ese proveedor”.

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