El Gobierno se compromete a que el límite al gas rebajará el precio de la luz más de un 30%

El mecanismo no entrará en vigor hasta el visto bueno definitivo de la Comisión Europea, que obliga a España a reformar la tarifa regulada a principios del año que viene

Teresa Ribera, a su llegada el miércoles al Congreso.
Teresa Ribera, a su llegada el miércoles al Congreso.Claudio Álvarez

El precio de la luz en el mercado mayorista bajará más de un 30% durante los 12 próximos meses. Ese es el compromiso adquirido este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado el mecanismo para desligar los caminos de la electricidad y el gas natural. “Quedamos cubiertos por un año, es un paraguas que nos permite estar a resguardo de la gran volatilidad actual en los mercados energéticos. A partir de ahora, la única electricidad que los consumidores pagarán a coste de gas será la producida con centrales de gas”, ha subrayado la vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable de ese ministerio, Teresa Ribera. La entrada en vigor de la medida, no obstante, no será inmediata: habrá que esperar al visto bueno definitivo de la Comisión Europea. Y llevará aparejada una reforma de calado en el diseño de la tarifa regulada o PVPC, por exigencia de Bruselas, a principios del año que viene.

El sistema ideado por los gobiernos español y portugués —con el visto bueno, todavía “preliminar”, del Ejecutivo comunitario— fijará un límite en el coste del gas que alimenta las centrales térmicas para así forzar una reducción generalizada en el precio de la luz. Ese tope será, inicialmente, de 40 euros por megavatio hora (MWh) para ir subiendo gradualmente hasta una media de 48,8 euros en todo el periodo.

Al quedar notablemente por debajo del precio actual del mercado ibérico del gas (unos 80 euros por MWh), el límite permitirá un aterrizaje brusco del mercado mayorista desde los más de 200 euros actuales hasta una horquilla de “entre 120 y 130 euros”, según las cifras del Ejecutivo. La brecha será mayor cuanto más alto sea el precio del gas, que se ha quintuplicado en menos de un año y que el jueves se disparó después de que Rusia cortase el suministro del combustible que vende a Europa a través de Polonia.

Beneficio neto

Casi cuatro de cada 10 hogares —quienes cuentan con una tarifa regulada, los que más han sufrido la escalada de precios en los últimos tiempos— y siete de cada 10 consumidores industriales se verán beneficiados de forma “inmediata” por la medida, según el Gobierno. Pero Ribera ha dado su palabra de que la rebaja llegará, también, a quienes cuentan con un contrato del mercado libre: “Llegará a todos, a medida que les toque renovar [su contrato con la comercializadora]”. Del bolsillo de todos los consumidores procederá, también, la compensación por la diferencia entre el nuevo límite al precio del gas y la cotización de este combustible en el mercado. El Ejecutivo, sin embargo, insiste en que el resultado neto será positivo para ellos. “Saldrán ganando, claramente”, enfatizan, sin ofrecer ningún detalle adicional sobre sus cálculos.

La intervención del mercado eléctrico ibérico se publicará el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras varios meses de negociaciones entre los gobiernos de España y Portugal y el Ejecutivo comunitario. Sin embargo, su entrada en vigor definitiva tendrá que esperar: “Queda supeditada a la aprobación formal por parte de la Comisión Europea, que puede llevar una semana, 10 días o dos semanas”, ha apostillado la vicepresidenta tercera. Este intervalo discurrirá en paralelo al dado para que las empresas eléctricas y los operadores del sistema (cinco y siete días, respectivamente, que correrán de forma sucesiva) se adapten al nuevo mecanismo. “El plazo efectivo y último será el más tardío de los dos: esos 12 días o la autorización formal de la Comisión”, afirman fuentes ministeriales.

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Más allá de la rebaja, Ribera ha augurado una reducción “muy significativa” en los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas. Unas palabras que contrastan, sin embargo, con lo afirmado en las últimas semanas por las propias empresas del sector, que han descartado un impacto sustancial sobre sus cuentas de resultados. “Los titulares de las tecnologías inframarginales [la nuclear y una parte de las renovables, sobre todo la hidroeléctrica] verán reducido su beneficio neto”, insisten desde el ministerio.

La lógica es la siguiente: con el precio del gas por las nubes, las centrales de gas (ciclos combinados y cogeneración) están elevando el precio marginal en varias franjas horarias del día, y estas otras fuentes de generación están recibiendo una remuneración muy superior a sus costes de operación. Ahora, al rebajar artificialmente el coste del gas, esas ganancias extraordinarias caerán.

En este sentido, el Gobierno no descarta una avalancha de recursos judiciales por parte de las grandes compañías eléctricas, algo habitual cada vez que se introducen cambios en el sistema eléctrico. Y esta vez, el cambio es de envergadura. “Estamos acostumbrados a que todas las normas se acaben recurriendo, pero nos da mucha tranquilidad contar con el visto bueno [preliminar] de Bruselas”, afirman fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera.

Compensación a los consumidores por las exportaciones a Francia

En el transcurso de la negociación con las autoridades comunitarias, el Gobierno trató de incluir un sistema de doble subasta con Francia para tratar de evitar la venta de energía subvencionada. Sin embargo, la Comisión Europea acabó forzando a España a eliminarla a finales de abril. Sin esta cláusula, y ante la enorme diferencia de precios entre ambos países, el tope al gas disparará los flujos de electricidad entre la cara sur y la cara norte de los Pirineos.

“Es previsible que haya un mayor saldo exportador; será un efecto colateral”, reconocen desde el Ejecutivo. En lo que va de 2022, el parón de parte del parque nuclear francés por razones técnicas ha aumentado el superávit español en los intercambios, pero a precios puramente de mercado. Ahora, en cambio, la electricidad generada en España se venderá a un precio indirectamente subvencionado por los consumidores españoles. Con el objetivo de evitar que los hogares y las empresas nacionales salgan perjudicados, Bruselas ha dado permiso para compensarles utilizando las llamadas rentas de congestión, que capturan la diferencia de precio entre ambos mercados. Ese dinero debe destinarse, con criterio general, a la inversión en redes.

Sobre la firma

Ignacio Fariza

Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS. Ha trabajado en las delegaciones del diario en Bruselas y Ciudad de México. Estudió Económicas y Periodismo en la Universidad Carlos III, y el Máster de Periodismo de EL PAÍS y la Universidad Autónoma de Madrid.

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