Las ‘riders’ de la limpieza se levantan contra las plataformas: “Juegan con la necesidad de la gente”

— ¿Cuándo empezó a trabajar con Clintu?

— En el 2017.

María (nombre ficticio) todavía mantiene una relación laboral con Clintu, la plataforma para contactar con trabajadoras de la limpieza fundada en 2015, y prefiere guardar el anonimato. Es latinoamericana, como la mayoría de mujeres que encuentran trabajo por esta vía: tiene unos cuarenta años, una edad que también es habitual entre estas empleadas. Pronto reconoce que la plataforma, que la ha sacado de algún apuro en el pasado, le resulta ahora perjudicial. “Clintu le dice a sus clientes que nos paga la Seguridad Social, por eso prefieren contactarme a través de la plataforma, se sienten más tranquilos por si nos pasa algo, pero yo les comento que no, que no estoy contratada. Cobro en negro y no cotizo”, critica, mientras su voz se pierde al otro lado del teléfono.

No es la única. “Hablamos de un colectivo completamente feminizado, históricamente poco valorado, donde las trabajadoras son en su mayoría migrantes y no disponen de una red social y económica, lo que las hace muy vulnerables”, afirma Irene Galí, responsable de un informe reciente de Comisiones Obreras (CC OO) que ha recogido testimonios de afectadas. El estudio, titulado Precarizar lo precario. Trabajadoras de cuidados y limpieza a domicilio en plataformas digitales. Los casos de Clintu, MyPoppins y Cuideo, aboga porque se reconozca la relación laboral entre las trabajadoras de la limpieza y las dos primeras plataformas a las que hace referencia el documento.

Estas plataformas permiten contratar limpiadoras por horas con un funcionamiento muy parecido al de webs de reparto de comida a domicilio o de transporte. El precio lo fija la empresa, así como el horario y el tipo de servicio, pero evita establecer una relación laboral con las limpiadoras. La comisión que recibe la plataforma sobre el pago total del cliente puede llegar al 50%.

—¿Cuánto cobra habitualmente?

— Entre siete y ocho euros la hora. Depende de si es limpieza superficial o a fondo. Antes ganaba más: al mes podía hacer entre 800 y 900 euros. Clintu también se queda con una comisión.

María responde ahora por WhatsApp. No tiene tiempo para más llamadas. En los mensajes también expone que la plataforma le daba un extra de dos euros si el cliente no tenía los productos necesarios, aunque estos cuesten más; o que el desplazamiento no se pagaba. Este diario ha contactado con la plataforma, pero no ha obtenido respuesta.

En las primeras páginas del estudio de CC OO se hace una distinción importante: “El marco legal de las trabajadoras de limpieza y cuidados a domicilio no depende del tipo de trabajo que desarrollen, sino de quién las contrate”. Si una persona es contratada por una familia para realizar tareas a domicilio, entonces pasará a formar parte del Sistema Especial de Trabajadores del Hogar (SETH), que no está plenamente integrado en el Régimen General de la Seguridad Social (RGSS), un reclamo histórico entre los sindicatos.

Esta excepcionalidad, que según el estudio le permite a las plataformas presentarse como “intermediarias” entre la trabajadora y la persona que recibe el servicio, también supone carencias en materia de despido, salud, prevención de riesgos o protocolos contra el acoso, entre otros.

Con todo, sindicatos y afectadas defienden que, en el caso de las plataformas de limpieza, estas deberían contratar a las trabajadoras, con lo cual pasarían a formar parte del Régimen General de la Seguridad Social, con la protección social que esto supone. “No hacerlo constituye un fraude”, sentencia Galí.

El estudio defiende que hay numerosos indicios para justificar la relación laboral. Por ejemplo, las empresas canalizan los pagos y determinan la periodicidad con que las trabajadoras reciben su retribución; o bien que los precios están fijados por estas plataformas, que también sirven como vehículo de comunicación obligatorio con los clientes (no hacerlo puede suponer una sanción de hasta 150 euros).

“La constancia de una relación laboral es tan clara como la que se comprobó en el caso de la sentencia de los riders, los repartidores de comida”, mantiene Epifanio Alocén, abogado laboralista de Pardo Abogados. El fallo del Tribunal Supremo de 2020 a favor de los riders, según Alocén, se podría aplicar en este caso; como también —agrega— las sentencias de la UE que defienden a los trabajadores subcontratados.

Por lo pronto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó a principios de este año que el marco jurídico especial que rige a las trabajadoras de la limpieza en España es discriminatorio por razones de sexo, al tratarse de un colectivo constituido mayoritariamente por mujeres. Las consecuencias son más acuciantes en el limbo laboral de las trabajadoras de plataformas.

“Ellas se sienten solas. Muchas veces tienen miedo a hablar. Antes se conocía a los empleadores por el boca a boca. Ahora no saben adónde van”, mantiene Galí. La falta de protocolos en estos casos puede derivar en indefensión ante situaciones extremas como el acoso sexual por parte de clientes. El informe de CC OO hace referencia a ello, y así ha sido denunciado por una víctima, extrabajadora de Clintu, hace unas semanas en Ràdio Barcelona.

500 trabajadoras pendientes de un macrojuicio

Más de 500 trabajadoras en toda España están pendientes de un macrojuicio, pospuesto hasta enero de 2023, para determinar la relación laboral entre ellas y la plataforma Clintu. Se trata de una demanda de oficio de la Tesorería de la Seguridad Social tras una inspección de trabajo que ha detectado un vínculo laboral entre las partes, y que no ha sido reconocido por la plataforma, según describe Montse Arcos, abogada de CC OO y representante de algunas afectadas. Fuentes sindicales recuerdan que Clintu no es la primera plataforma de limpieza sometida a una inspección desfavorable: MyPoppins tuvo que dar de alta retroactivamente a trabajadoras tras una inspección laboral, según una resolución a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Según Arcos, ambos casos son “iguales”, porque se reclamaba la existencia de una relación laboral cuyos indicios son “claros”.

— MyPoppins es como una empresa fantasma: No tienen oficinas físicas. Y cuando he querido contactar con ellos para quejarme me aparece un bot, no puedes hablar con una persona. Se llevan la mitad de tu suelo y no se involucran en el servicio.

Es la voz de Lucia C., una española de 31 años que empezó a trabajar con MyPoppins en 2019 y que explica experiencias similares a las de María. En su caso, además, tuvo otro problema. La empresa le dio de alta debido a la inspección, aunque ella no fue notificada y se enteró posteriormente. Lucia señala que el documento de alta registra que ha trabajado para la plataforma “mucho más tiempo” del que realmente lo hizo. Esto, según afirma, la ha perjudicado.

“Me embargaron lo poquito que tenía, que eran unos 400 euros”, dice esta madre en referencia a la ayuda de los servicios sociales que recibía entonces. MyPoppins tampoco ha respondido a las consultas de este diario. Por su parte, Lucia, que ahora ha vuelto a su antiguo trabajo como comercial, regresa con frecuencia a una idea: “Estas plataformas juegan con la necesidad de la gente”.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, hay unos 542.600 trabajadores del hogar en España, de las que casi el 90% son mujeres (487.100). En abril la Seguridad Social registró unos 378.349 empleados. “¿Cómo las sacamos de la precariedad?”, se pregunta Irene Galí, que reconoce que no hay una coacción para trabajar con estas empresas. Y luego reflexiona: “En un contexto de restricción laboral y de vida, deberíamos preguntarnos realmente hasta qué punto estas mujeres pueden tomar una decisión voluntaria”.