Comprometidos

El alza del precio de la luz en el mercado mayorista eléctrico lleva semanas creciendo como pocas veces ha ocurrido antes. Lo hace en gran parte del mundo y, en particular, en los países europeos. Si al precio del gas natural y el CO₂ sumamos el aumento de la demanda como consecuencia de la ola de calor, el resultado es una semana de récords consecutivos. Una situación indeseable para las familias, para la industria y para la economía en general.

Una dinámica alcista común en todos los países europeos, algunos con precios más elevados que los españoles (Italia, Grecia, Hungría, Bulgaria, Reino Unido), y que enciende las alarmas entre quienes más afectados se ven hoy y se adivinan en los próximos meses.

La recuperación económica pospandemia, la voluntad de abandonar paulatinamente el carbón y los ajustes en la producción de los principales países exportadores de gas explican esta anomalía de precios. A eso se suma en Europa la necesidad de pagar por el CO₂ emitido, la toma de posiciones inversoras en el mercado de gases de efecto invernadero y, por último, un diseño del mercado eléctrico europeo —pieza central para la política de energía de la Unión— que no refleja bien los beneficios para el consumidor de contar con fuentes de energía no fósil de costes operativos bajos y estables.

Pero los problemas complejos no suelen resolverse con una única medida, por efectista que sea. Es imprescindible avanzar con agilidad y coherencia en la transición energética en la que trabajamos desde el primer día en el Gobierno; reforzando las respuestas que den cobertura a los consumidores. Hoy contamos con un horizonte claro y creíble; un marco regulatorio congruente, que facilita la penetración ordenada de renovables a un precio medio de 25 euros por MWh, el impulso de techos solares, la inversión en eficiencia...

Hemos propuesto una senda para transformar nuestro sistema energético combinando tecnologías renovables, la transformación de la industria con alternativas de empleo, diversificando actores y buscando que la regulación acompañe las decisiones de inversión. Hemos pasado en poco tiempo de ser el país del impuesto al sol, líder en litigios de inversores en renovables, el país en el que se prohibía el cierre de centrales contaminantes y antieconómicas, a definir un modelo verde y renovable en el que consumidores y trabajadores están en el centro de las decisiones públicas.

El catálogo de medidas aprobadas es amplio y permaneceremos atentos para reforzarlo en lo que haga falta. Hemos reaccionado ante los imprevistos. Medidas inmediatas para respaldar a los hogares vulnerables mediante el bono social térmico y el eléctrico, o la prohibición de cortes de suministro. Otras, fiscales, abaratando la factura para paliar el efecto de la subida del coste de la energía.

Impulsamos reformas legislativas estructurales que darán resultado cuando sean aprobadas por el Parlamento. El nuevo fondo nacional de sostenibilidad del sistema eléctrico y la minoración de la retribución del CO₂ a las centrales no emisoras más antiguas reducirán progresivamente otro 15% de la factura.

Esto supone abrir debates complejos en Europa y, en lo doméstico, revisar la estructura de costes, reforzar las medidas de protección social, maximizar la eficiencia de las infraestructuras existentes, adecuar las condiciones en las que las nuevas concesiones hidroeléctricas puedan ser explotadas.

Seguiremos trabajando en el marco regulatorio y el tarifario, ofreciendo seriedad y estabilidad a los inversores, pero velando, por encima de todo, por los consumidores.

Sin demagogia ni medias verdades. Ni se dejan de pagar costes clave del sistema eléctrico ni se camuflan en los Presupuestos trasladando al Gobierno la necesidad de incrementar la presión fiscal para cubrir vía impuestos lo que hoy se paga vía factura.

Soluciones mágicas no hay, pero sí compromiso, seriedad y repuestas.

Teresa Ribera es vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico