El Gobierno crea un fondo para sacar las renovables de la factura y bajar la luz un 13%

El nuevo sistema se financiará con aportaciones de las empresas suministradoras de energía

Imagen de una planta de energía solar fotovoltaica en Jijona (Alicante), en junio.
Imagen de una planta de energía solar fotovoltaica en Jijona (Alicante), en junio.MORELL / EFE

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado este martes la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que pretende rebajar el recibo de la luz un 13% en los próximos cinco años tras sacar de los costes fijos de la factura las primas a las renovables. Esa financiación, que se eleva a 7.000 millones de euros correspondientes a las inversiones hechas en la primera parte del siglo, se nutrirá ahora con aportaciones de los comercializadores de energía. El ministerio estima que, de no crearse este fondo, los costes fijos del recibo de la luz para los consumidores domésticos podrían incrementarse alrededor del 10%, lo que supondría una subida media de la factura de entorno al 6,5% en un solo año.

El triple objetivo de este fondo, que se tramitará por vía urgente mediante un anteproyecto de ley, es evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años, según el departamento que dirige Teresa Ribera. “Si no se modifica el sistema actual, la ley en vigor obliga a ajustar al alza de manera automática la parte regulada del recibo de la luz; con las previsiones actuales, esto supondría un incremento de entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura”, señala Transición Ecológica en un comunicado.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el 15 de diciembre. En vídeo, Montero explica el anteproyecto del nuevo fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico.(EUROPA PRESS)

El fondo, que estará gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (conocido como Recore), cuyo coste de financiación representa el 16% del recibo y que dejará de formar parte del mismo tanto para hogares como para empresas. Este nuevo ingreso del sistema eléctrico sustituirá gradualmente, en un periodo de cinco años, los cargos fijos del Recore incluidos actualmente en los peajes de acceso de la factura eléctrica.

La financiación se cubrirá con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía (empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, operadores de productos petrolíferos al por mayor, operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y consumidores directos de los productos anteriores), que serán definidos como sujetos obligados de la recaudación de tributos regulados y de los ingresos procedentes de subastas de CO₂. Las aportaciones de los sectores energéticos se realizarán mediante pagos trimestrales proporcionales a sus ventas de energía, al contrario que en el sistema actual, en el que la aportación recae directamente sobre los consumidores finales.

El objetivo total de recaudación y el reparto entre los distintos sujetos obligados se calculará cada año a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por los agentes, una vez descontados los ingresos provenientes de otras fuentes de financiación anteriormente citadas como tributos o ingresos de las subastas de CO₂. Además, podrá complementarse con recursos provenientes de fondos comunitarios y otras partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de una regulación que no modifica ni las cantidades totales destinadas a la retribución de Recore ni la rentabilidad reconocida a los titulares de las instalaciones.

Dos operarios trabajan en una planta solar fotovoltaica, en El Bonillo (Albacete).
Dos operarios trabajan en una planta solar fotovoltaica, en El Bonillo (Albacete). Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Asimismo, para garantizar la equidad y la redistribución, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema. Las exenciones se vincularán al almacenamiento, gasóleo agrícola, gas natural para cogeneración y generación eléctrica, queroseno para aviación, gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural. Y las bonificaciones por los posibles costes indirectos que pudieran derivarse sobre los consumidores: gasóleo de usos profesionales y para la industria electrointensiva y consumidora de gas natural pertenecientes a sectores en riesgo de “fuga de carbono”.

Cinco años de implantación

A juicio del ministerio, el nuevo mecanismo de financiación de los costes regulados da las señales adecuadas y otorga certidumbre al sistema eléctrico, además de equilibrar el sistema sin aumentar los cargos fijos ni elevar su endeudamiento, al tiempo que anticipa respuestas para dar seguridad a las inversiones en el ámbito de las energías renovables. El impacto del nuevo sistema propuesto será socialmente progresivo: beneficiará especialmente a los hogares más vulnerables y expuestos a la pobreza energética, que son los que habitualmente tienen un consumo más elevado de electricidad en proporción a su renta y sus consumos energéticos, por lo que la bajada del precio de la luz les beneficiará en mayor proporción.

El texto prevé un calendario de cinco años hasta la implantación total, lo que permitirá que la aplicación del nuevo marco se haga de manera gradual y lineal para facilitar la adaptación de todos los actores implicados. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pondrá a disposición de los agentes instrumentos públicos de apoyo en los próximos tres años para acompañarlos en esta transición. Asimismo, la implantación gradual permitirá a los consumidores adecuar sus pautas de consumo a la nueva situación. En este sentido, el Plan de Recuperación prevé inversiones en transición energética e integración de renovables en hogares y empresas para facilitar esta transformación en todo el territorio.

De manera especial, se activarán con carácter prioritario, desde inicios de 2021, líneas específicas destinadas a municipios de menos de 5.000 habitantes, facilitando el despliegue de la eficiencia energética, la movilidad sostenible y las energías renovables en estos territorios e impulsando la transición energética como una de las palancas para dar respuesta al reto demográfico, según Ribera. La ministra ha subrayado que es “una propuesta fundamental para conseguir dar las señales adecuadas a consumidores e inversores, señales acordes con la descarbonización y la transición energética necesaria, dando cabida a la estabilidad y confiabilidad a los actores del sistema eléctrico”.

El ministerio señala que el diseño actual del sistema energético se planteó en un contexto de precios de la electricidad altos, un mix de generación con fuerte presencia de tecnologías fósiles y emisoras y una demanda creciente. Sin embargo, los objetivos de descarbonización y la situación actual son precisamente lo contrario. “El descenso de la demanda debido al papel central de la eficiencia energética, el escenario de precios cada vez más bajos por la mayor penetración de renovables (la forma más barata de producir energía) y la salida del carbón del mix generan una menor recaudación, poniendo en riesgo el equilibrio económico y financiero del sistema eléctrico”, indica el comunicado.

La reducción de los costes fijos en el recibo eléctrico se verá complementada con otras medidas para combatir la pobreza energética, como el bono energético que ultima el Gobierno en aplicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que busca dar cobertura a los distintos consumos energéticos a los que se enfrentan las familias vulnerables.

Reacciones

Según fuentes sectoriales, las empresas podrán repercutir los costes a los usuarios (por ejemplo, en automoción, gas y en el mercado liberalizado de la luz, que utiliza en torno a la mitad de los consumidores), pero en Transición Ecológica sostienen que ello dependerá del nivel de competencia. También recuerdan que fueron las propias empresas las que reclamaron el cambio, aunque pedían que se asumiera en los Presupuestos del Estado.

Las grandes compañías eléctricas, a través de la patronal Aelec, han mostrado su respaldo al anteproyecto. Según un comunicado difundido por dicha asociación, “uno de los aspectos señalados reiteradamente desde el sector eléctrico ha sido la falta de coherencia al repercutir en exclusiva sobre el consumidor eléctrico los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta que la electricidad es el sector energético que más ha reducido sus emisiones hasta la fecha y el que más va a hacerlo a lo largo de la próxima década. Al financiar a través de la factura eléctrica en exclusiva los sobrecostes de las renovables, la cogeneración y los residuos se ha estado penalizando al principal vector energético de la descarbonización: la electricidad”.

En ese sentido, el cambio “permitirá apostar por el principal vector energético de la descarbonización, la electricidad, y reducir su coste, lo que facilitará un marco adecuado y estable para cumplir con los objetivos a 2030, así como ofrecer certidumbre y confianza para los procesos inversores necesarios para este proceso, en línea con lo que se hace ya en los países de nuestro entorno”.

Para la asociación de empresas fotovoltaicas Unef, el fondo “dará estabilidad al sector y favorecerá la electrificación al tiempo que se reduce la factura de los consumidores”, según Rafael Benjumea, presidente de la organización. La asociación celebra, además, que se reconozca una reclamación histórica del sector. El sector eléctrico permite a través de la electrificación y las renovables la reducción de emisiones de otros sectores. Por ello, este anteproyecto resuelve una anomalía, que solo la electricidad financiaba los costes de las renovables, dice. “Al hacer partícipes a todas las energías, se realiza un reparto más equitativo y al hacer la transición en cinco años, el impacto será gradual”.

El superávit acumulado desde 2014 ha sido en parte utilizado para el desajuste de 2019 y de nuevo lo será en 2020, hasta su probable terminación. La creación de este fondo de estabilidad evitará que, en el futuro, los agentes del sistema eléctrico deban financiar nuevos desajustes y que se deba emitir más deuda. “Este es un paso adelante para que los ingresos del sistema eléctrico cubran siempre los costes. Con este fondo se evitará volver al déficit de tarifa, lo que es una gran noticia para pequeños y grandes productores renovables” señala Benjumea.






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