Ribera sopesa la creación de una empresa pública de energía para las hidroeléctricas

La sucesión de récords en el precio de la electricidad se ha convertido esta semana en un hecho tan irreversible como el cambio de fecha en el calendario. Cada día se han alcanzado nuevas cotas, hasta el pico de 117,29 euros que se espera este viernes, la última vuelta de tuerca en una crisis que afecta a hogares y negocios, y que amenaza con desgastar al Gobierno. Ni la rebaja del IVA del 21% al 10% aprobada por el Ejecutivo, ni las llamadas a Bruselas para rediseñar el mercado energético han servido para contener unos precios desbocados por el alza del gas natural y de los derechos de emisión de CO₂, dos materias sobre las que el Gobierno no tiene capacidad de influencia.

En ese escenario de creciente presión en el que los altos precios pueden prolongarse durante meses, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha abierto por primera vez la puerta, durante una entrevista este jueves en la Cadena SER, a modificar las reglas de mercado para disponer “de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema concesional distinto, a través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía”.

La solución de contar con una empresa pública que aglutine las concesiones hidroeléctricas cuando termine la gestión privada, una reivindicación habitual de Unidas Podemos, su socio de Gobierno, había sido hasta ahora rechazada desde el lado socialista del Ejecutivo. Podemos, en cambio, insistía en que el actual modelo funciona de forma defectuosa, y ha culpado de ello repetidamente “al sistema de subastas marginalistas creado por el Gobierno de Aznar”, donde los precios finales de la electricidad poco tienen que ver en ocasiones con los costes de su generación. La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha celebrado el giro socialista. “Que el PSOE se abra por primera vez a nuestra propuesta de creación de una empresa pública de energía es una buena noticia. Debemos afrontar con urgencia y valentía la situación crítica del precio desorbitado de la factura de la luz”, escribió en la red social Twitter.

Organizaciones de consumidores como Facua también son partidarias de dar el paso de crear una empresa pública. Y algunas voces en Podemos piden ir más allá. Es el caso de Pablo Fernández, portavoz estatal del partido. “También consideramos que es necesario regular el mercado eléctrico y poner un precio máximo a distintas tecnologías en función de los costes reales de producción de las mismas. Si no, nos encontramos con un autentico timo, una estafa como la que provoca la subasta eléctrica que tenemos actualmente”, afirmó este jueves.

Francisco Valverde, responsable de Renovables en Menta Energía, cree que la idea es buena, pero no su ejecución. “No hace falta crear una empresa pública. Bastaría con que en las renovaciones de las concesiones se licitara solo el mantenimiento de las plantas y la generación la gestionara el operador del sistema (Red Eléctrica) con los precios necesarios para cubrir solo ese coste de mantenimiento. De esta manera la gestión de la generación sería para beneficiar al conjunto del sistema eléctrico y no solo para el lucro de compañías”.

Otros analistas consultados coinciden en que una solución pasaría por poner algún tipo de cortapisas a medida que las concesiones caduquen. Por ejemplo, fijando precios máximos o licitando solamente las operaciones de mantenimiento de las plantas para dejar su gestión en manos del Estado, una opción parecida a la que ha planteado la vicepresidenta con la creación de una empresa pública.

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Teresa Ribera sobre una hidroeléctrica de dominio público

De esta manera, la estrategia dejaría de ser la maximización del beneficio que persiguen las empresas privadas, y pasarían a ser criterios técnicos como el almacenamiento y el interés público en beneficio del sistema. Los expertos alertan, sin embargo, de que romper las concesiones antes de que se hayan extinguido podría dar lugar a una cascada de pleitos y traería inseguridad jurídica. Además, señalan que una medida de este tipo sí ayudaría a relajar los precios, pero no solucionaría la escalada que se está viviendo en estas últimas semanas, que está afectando a todas las plazas europeas y que se mantendrá previsiblemente hasta entrado el año que viene.

La creación de una empresa pública no figura en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, pero el limitado margen de actuación del Ejecutivo para rebajar los precios está empujándole a considerar alternativas hasta ahora vedadas. “Seguimos buscando soluciones para minimizar el impacto en los consumidores”, aseguró Ribera. Eso sí, sin creer en que la cuestión vaya a resolverse de un plumazo. “Esto no tiene una solución única ni se resuelve con una movilización en la calle”, añadió la ministra en referencia a la posibilidad de que su socio de Gobierno se manifieste contra la subida del precio de la luz, como ha dejado entrever Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos. Ribera considera ese propósito tan poco útil como protestar contra la subida del petróleo, una materia prima cuyo precio depende de los inversores internacionales y no de las Administraciones.

En el actual mercado mayorista, que se conoce como pool y se basa en un algoritmo diseñado para toda Europa, se fija un precio distinto de la electricidad para cada hora del día en función de la demanda. En virtud de este sistema, las empresas presentan sus ofertas de venta, que se casan con las de demanda y se ordenan de más baratas (como las renovables, que usan recursos naturales a coste cero) a más caras (combustibles fósiles, como el gas). El punto de encuentro determina el precio de la electricidad para cada hora del día, y todas las plantas se retribuyen en función del precio que marca la última tecnología que entra en el mercado —la más cara— para cubrir la demanda.

Este sistema genera los conocidos como windfall profits, o beneficios caídos del cielo, que genera retribuciones extra y muy alejadas de los costes de producción para determinadas tecnologías. Entre ellas están las plantas hidroeléctricas, que además tienen margen para desembalsar cuando más les convenga. Es decir, pueden vender cuando el precio está más alto. Esta estrategia se conoce como coste de oportunidad, y hasta el momento las empresas privadas concesionarias de las presas han operado casi sin límites. Pese a emplear un recurso natural como el agua y a contar con plantas amortizadas, acaban vendiendo la electricidad que producen al precio que marca el gas.