Energía eléctrica

Unidas Podemos exige al PSOE impulsar ya la reforma del mercado eléctrico

La formación de Iglesias urge a terminar “con la sobrerretribución” que reciben en el mercado mayorista las centrales nucleares e hidroeléctricas

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en un Consejo de Ministros.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en un Consejo de Ministros.JOSÉ MARÍA CUADRADO JIMÉNEZ / EFE

La tregua con la que los dos partidos del Gobierno han empezado 2021 ha durado 13 días. Y se rompe por varios frentes a la vez -factura de la luz, pensiones y monarquía- sin que haya finalizado la situación de alarma por la ola de frío extremo que ha congelado a medio país tras el paso de la borrasca Filomena. Unidas Podemos ha iniciado el último capítulo de sus divergencias con el PSOE exigiendo que se impulse de inmediato la reforma del mercado eléctrico, contemplada en el pacto de Gobierno. “El mercado eléctrico está diseñado para beneficiar a las eléctricas y encarecer la factura mediante los llamados beneficios caídos del cielo. En el acuerdo de gobierno, PSOE y Unidas Podemos pactamos eliminarlos y debe cumplirse”, ha reclamado Pablo Echenique, portavoz parlamentario del socio minoritario del Ejecutivo.

El acuerdo de Gobierno establece, en su artículo 3.2, que se realizarán “los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como beneficios caídos del cielo) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente,anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión”. Unidas Podemos quiere que La Moncloa aborde sin dilación las medidas necesarias “que terminen con la sobrerretribución que hoy reciben en el mercado mayorista las centrales nucleares e hidroeléctricas”. El PSOE defiende que hay margen. “Seguimos trabajando para mejorar el funcionamiento del mercado y la protección del consumidor dentro del marco regulatorio europeo en línea con nuestros compromisos social y ambiental y el máximo respeto a la legalidad europea”, replican fuentes socialistas.

El coste de la factura de la luz se había convertido en los últimos días en uno de los mayores motivos de críticas al Gobierno. De hecho, la última polémica interna en el Gobierno coincide con el aumento del precio de la energía este miércoles otro 6,7% y acumula un incremento del 110% en enero. La portavoz gubernamental y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió este martes tras el Consejo de Ministros que la actual subida “es coyuntural y puntual” y el Ejecutivo “trabaja sin descanso” para que al final del año sea más barato que el anterior. Montero incluso afirmó que se trataba de un “pico concreto” en un “momento puntual”. Y recordó en varias ocasiones que la factura se ha reducido un 40% los últimos dos años. “Esta cifra pone en valor el compromiso de un Gobierno que es sensible a los usuarios vulnerables y que ha puesto en marcha el bono social”, remarcó.

Para Unidas Podemos no es suficiente. “Con la fuerza que nos ha dado la ciudadanía, hemos conseguido pactar un acuerdo de Gobierno que dice claramente que hay que reformar el mercado eléctrico. Es evidente que la factura de la luz está subiendo y que ese es un problema al que el Gobierno tiene que dar respuesta”, discrepa Irene Montero. La ministra de Igualdad considera que el problema no es que haya situaciones climáticas adversas como las causadas por la borrasca Filomena, ante las que la gente necesita más calefacción o más tiempo de luz. “El problema es que hay una regulación del mercado eléctrico en nuestro país que tiene prácticas de oligopolio claras”.

La parte socialista del Gobierno pide por su parte que no se haga “alarmismo” con el precio de la luz. Teresa Ribera prevé que la factura suba cuatro euros este mes y diez si se agravase el temporal. La vicepresidenta cuarta para la Transición Energética y Reto Demográfico ha reconocido “enfoques distintos” con Unidas Podemos en la reforma energética, pero ha incidido en el “consenso amplio” sobre las prioridades que comparten los dos socios del Ejecutivo. Ribera defiende el funcionamiento del sistema y se muestra contraria a una empresa pública de electricidad como pedía Unidas Podemos, donde piensan que el reciente aumento de la factura eléctrica “evidencia el defectuoso funcionamiento del sistema de subastas marginalistas creado por el Gobierno de Aznar, en donde los precios finales de la electricidad poco tienen que ver en ocasiones con los costes de su generación. No podemos seguir manteniendo este sistema por más tiempo”, mantienen las mismas fuentes del grupo confederal.

El PSOE y Unidas Podemos cerraron 2020 con los primeros Presupuestos del Gobierno de coalición, pero con los dos socios echando chispas por la subida del salario mínimo y sobre todo por la reforma de las pensiones que subiría el periodo de cómputo de cotización de 25 a 35 años. La parte socialista del Gobierno ―o lo que es lo mismo, Pedro Sánchez― se impuso en la primera cuestión y se esperará al segundo semestre para ver si se avanza hacia uno de los compromisos de la legislatura: que el salario mínimo equivalga al 60% del salario medio. Otra cuestión muy diferente es el cambio en las pensiones, que impulsa el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá: de aplicarse, la propuesta bajaría una media del 5,5% las nuevas pensiones. Unidas Podemos, llegado el caso, votaría en contra en el Congreso. “Si se mantiene un recorte como el que se está planteando, Unidas Podemos no va a apoyar esa medida”, ha advertido este miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en TVE.

Pero el encontronazo más sonado se ha producido tras la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar, con el voto del PSOE, PP y Vox, la admisión a trámite de la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el uso de tarjetas de crédito opacas por parte del Rey emérito. Una petición que habían presentado Unidas Podemos, los grupos republicano, plural, mixto y EH Bildu. La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que la investigación parlamentaria al rey emérito “no es procedente” y entiende que en caso de aprobarse y ponerse en marcha en el Parlamento “se puede de alguna manera tratar de cuestionar nuestras instituciones”. La reacción de Unidas Podemos no se ha hecho esperar. “Que el Congreso investigue, como han reconocido sus letrados que puede hacer, las actividades presuntamente ilegales de Juan Carlos, es precisamente defender las instituciones. Proteger los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras una vez más es decepcionante”, ha respondido Ione Belarra, secretaria de Estado de Agenda 2030.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, también ha marcado la posición del PSOE en el rifirrafe con Unidas Podemos. “Yo puedo entender la posición de partidos políticos que son republicanos. En las filas del PSOE ha habido defensores de la monarquía y de la república, pero sobre todo defendemos el orden constitucional vigente”. “No vamos a cambiar de posición, somos un partido que cumple y respeta la Constitución y la forma de modelo de Estado. En los asuntos que afectan al rey emérito lo que deben estar funcionando son las vías abiertas de investigación. No entendemos que la investigación esté entre las funciones del Congreso”, ha zanjado.

La política de vivienda también tensiona al Gobierno. Un informe de la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales, que dirige Iglesias, concluye que solo mediante ayudas fiscales es imposible bajar los precios del alquiler. El PSOE y Unidas Podemos pactaron el pasado octubre regular el precio de los alquileres y todavía no han cerrado un acuerdo. El informe se basa en el Programa de Arrendamiento Accesible que Portugal puso en marcha en julio de 2019. El Ejecutivo de António Costa, uno de los referentes de la socialdemocracia europea, no limita el precio del alquiler sino que ofrece incentivos fiscales a los propietarios de viviendas que decidan alquilarlas a un precio reducido, en un 20% por debajo del valor de referencia del arrendamiento. “El programa es un fracaso”, sostiene el informe de la vicepresidencia del líder de Unidas Podemos El motivo principal sería que para los propietarios los beneficios fiscales que incluye la iniciativa -exención del pago del IRPF aplicable al alquiler y reducción del IBI- “no resultan atractivos” y la tabla de alquileres registra “precios muy inferiores a los del mercado”. “Los ahorros con Hacienda no son suficientes para compensar las pérdidas que implicaría la participación en el programa”, finaliza el informe.



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