Con las pensiones hemos topado

Sánchez quiere dejar claro que en política económica manda el PSOE y apoya a Calviño. Iglesias no acepta bajar el gasto en pensiones como pide Bruselas

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, durante una sesión plenaria en el Congreso del pasado jueves.
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, durante una sesión plenaria en el Congreso del pasado jueves.EUROPA PRESS/E. Parra. POOL (Europa Press)

El Gobierno no cayó en medio de la tormenta perfecta, pero ahora se enfrenta a un periodo aún más difícil: la reconstrucción tras la devastación provocada por el coronavirus. La inédita coalición que gobierna España por primera vez desde los años 30 ha sobrevivido a una pandemia aún no resuelta, pero sí algo encauzada con una vacunación que empieza el próximo domingo. Y en medio de una descomunal crisis económica, con la oposición tratando de descabalgar al Gobierno, ha logrado trenzar una cómoda mayoría para aprobar los Presupuestos.

Sin embargo, ahora viene una parte aún más delicada: la toma de las grandes decisiones económicas para la reconstrucción. Es un viaje para el que no hay hoja de ruta, porque todos los parámetros económicos con los que empezó la legislatura han dado un vuelco. Y es ahí, en el diseño de esas grandes decisiones económicas que hay que tomar ahora —salario mínimo, reforma laboral, desahucios, corte de suministros y sobre todo, la madre del cordero, la reforma de las pensiones— donde está crujiendo la coalición con más fuerza de la esperada. Precisamente porque ahora ya no son juegos estratégicos: lo que hay encima de la mesa es el diseño de la política económica.

Pedro Sánchez, según fuentes del Ejecutivo, está aguantando el pulso a Unidas Podemos en todos estos asuntos por varios motivos, económicos y políticos. El presidente, en plena reconstrucción, con los ojos del mundo económico y de Bruselas puestos en el Gobierno, quiere lanzar un mensaje claro: la política económica la lleva el lado socialista del Ejecutivo. No en vano se reservó el ministerio de Economía, el de Hacienda, el de Transportes, el de Industria, y de hecho también quería el de Trabajo —nunca lo cedió en la primera negociación en julio de 2019, y eso explica en parte la ruptura— pero finalmente decidió entregarlo a Unidas Podemos después del fiasco de la repetición electoral, en la que el PSOE perdió tres escaños y el grupo de Pablo Iglesias siete.

Fuentes del Ejecutivo del sector socialista señalan que detrás de la resistencia de Sánchez a subir el salario mínimo nueve euros (un 0,9%) como reclama Unidas Podemos hay una intención de lanzar ese doble mensaje al mundo económico, en especial a los empresarios. Primero, que el Ejecutivo les va a ayudar. “Ahora no se puede hacer nada que pueda asustarles, necesitamos que inviertan y que vuelvan a confiar para relanzar la economía”, señala un miembro del Gobierno. Y el segundo mensaje, más político, consiste en dejar claro que es el PSOE y no Unidas Podemos quien lleva la voz cantante en las grandes decisiones.

Por el contrario, el grupo de Iglesias cree que Sánchez y su equipo económico, con Nadia Calviño a la cabeza, han elegido un campo pésimo para dar esa batalla porque congelar el salario mínimo por solo nueve euros será muy difícil de explicar en el mundo progresista. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, se empeña en convencer al PSOE de que no se pueden subir las pensiones, el sueldo de los funcionarios y los salarios en general y congelar los más bajos, los de la parte más débil de los trabajadores.

La batalla en este asunto no está resuelta, pero Sánchez sigue firme en su apoyo a Nadia Calviño, su vicepresidenta económica, que está convencida de que ahora subir el salario mínimo aunque sea un poco sería un gesto pésimo para el empresariado y podría provocar destrucción de empleo.

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En plena batalla interna entre Calviño y Díaz por el salario mínimo y otros asuntos, a nadie se le escapó el apoyo expreso del presidente a la vicepresidenta económica en el Congreso. “Ahí están los hechos que demuestran su compromiso con lo que representa este Gobierno desde el punto de vista progresista”, dijo Sánchez de Calviño.

Unidas Podemos también asume que lo que está pasando en estos días, en los que detectan una resistencia de Sánchez a sus propuestas mucho mayor que en otras ocasiones, tiene que ver con ese intento del presidente de dejar claro que el sector socialista dirige la política económica y mostrar autoridad después del protagonismo de Iglesias en la negociación presupuestaria. Y asumen que, como grupo pequeño dentro de la coalición —tienen 35 escaños frente a los 120 del socio mayor— perderán varias de las batallas que han planteado estos días.

Pero hay algo en lo que Unidas Podemos asegura que no cederá bajo ningún concepto, y cuenta con esos imprescindibles 35 escaños para frenarlo: una reforma de pensiones como la que ha planteado José Luis Escrivá, ampliando el periodo de cálculo de 25 a 35 años de la vida laboral. Eso implicaría una importante reducción del gasto en pensiones, que es lo que Bruselas estaría reclamando a España, según la versión que da el sector socialista. Eso está negro sobre blanco en un documento que se enviará en breve a Bruselas como promesa para garantizar la llegada del gran fondo de recuperación europeo que salvará a la economía española. La discusión está siendo intensa en el Ejecutivo. Y Unidas Podemos avisa: es imposible que eso se apruebe en el Congreso porque no cuenta con sus votos ni con otros muchos, y Sánchez difícilmente podría apoyarse en el PP como alternativa.

Unidas Podemos de hecho está empezando a moverse también en Bruselas para promover allí sus ideas, en especial sobre la reforma laboral, otro asunto muy sensible en el corazón del poder europeo. La ministra Díaz viajó esta semana allí y se reunió con dos comisarios clave y es probable que también vaya el propio Iglesias. Bruselas es el terreno natural de Calviño, que hizo allí casi toda su carrera. Ambos sectores se preparan así para una larga batalla de fondo con los asuntos clave de la política económica. De su resultado dependen los salarios, las condiciones laborales y las pensiones de millones de personas.

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