Carmen Calvo: “El salario mínimo tiene que seguir subiendo, pero ahora no”

El cruce de declaraciones en direcciones opuestas alrededor de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) entre vicepresidentes y ministros del Gobierno de coalición continúan tejiendo un discurso indeterminado, que deja cada día más al descubierto una de las grietas más evidentes entre PSOE y Unidas Podemos. Después de que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se congratulase el jueves por la buena acogida que habían tenido en Bruselas sus apuntes a favor de llevar a cabo una nueva subida del SMI para 2021 ―”España sería la anomalía europea si decidiera congelar el SMI”, declaró―, este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, ha asegurado que ella no es partidaria de que se determine un nuevo incremento, porque ya ha aumentado un 29% en los últimos dos años, y es necesario que exista un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la economía, y las empresas.

“Tendrá que seguir subiendo, ahora no, pero tendrá que hacerlo porque es el compromiso de investidura del presidente Sánchez y tendrá que ser al ritmo que interese a los derechos de los trabajadores, y a la protección de las empresas”, ha indicado Calvo, que ha tratado de que sus palabras no fueran tomadas como una contrarréplica a las intenciones de Díaz, que también ha hecho hincapié recurrentemente en que este programa de subidas fue una de las bases del acuerdo de gobierno que alcanzaron ambas formaciones.

La correlación de fuerzas entre partidarios y contrarios a la subida del SMI dentro del Gobierno ha encontrado distintos pulsos a lo largo de las últimas semanas. En el lado que considera necesaria una continuación de la escalada ejecutada en los últimos años ―seis incrementos consecutivos desde 2014 que han elevado los 645 euros de entonces a los 950 de 2020― se colocan los ministros de Podemos, como Yolanda Díaz, y el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, que contemplan para el próximo año una subida mínima del 0,9% ―un porcentaje acorde al pactado para los funcionarios―; mientras que en la bancada socialista se reúnen ya la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que recomienda “moderación y prudencia” ―una forma suave de contraponerse a la medida―; María Jesús Montero, responsable de Hacienda, que invocó a la “prudencia” en sus últimas declaraciones al respecto, y la ministra Carmen Calvo.

Estas desavenencias en el Ejecutivo se desarrollan también entre los agentes sociales. Mientras que los sindicatos no solo apoyan la voluntad de la vertiente que representan los responsables de Podemos, sino que establecen subidas que superan ampliamente las que se barajan en estos momentos ―UGT plantea una subida de 5% que permitiría alcanzar la cifra redonda de los 1.000 euros―, los grandes y pequeños empresarios, representados tanto por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), como Cepyme, discrepan frontalmente de una medida que consideran perjudicial para la recuperación del tejido empresarial español, gravemente dañado por los vaivenes del coronavirus.