El Gobierno pide que no se haga “alarmismo” con el precio de la luz porque el recibo “solo subirá unos cuantos euros”

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha pedido este sábado, en declaraciones a EL PAÍS, que no se cree alarmismo entre las familias por el incremento del precio mayorista de la luz porque ese aumento no se reflejará en el recibo que paga el consumidor final, o lo hará a lo sumo “en unos cuantos euros”. La ministra se ha defendido de las críticas de la oposición indicando que el Gobierno ha trabajado en los últimos dos años para cambiar el modelo en favor de las energías renovables que aseguren precios más bajos y estables, aunque ha asegurado que no comparte la idea de crear una empresa pública de electricidad como reclamaba Podemos, ahora su socio en el Gobierno. Para Ribera, el sistema funciona correctamente, y la subida de los precios se explica por el incremento de la demanda debido al temporal Filomena, que ha disparado a su vez los precios del gas natural y de los derechos de emisión de CO2.

“No hay que generar alarma. Lo que está pasando estos días es muy llamativo pero el efecto final sobre el consumidor va a ser relativo. Y esto es muy importante que se comprenda, porque en un momento en el que la gente lo está pasando mal, generar angustia y la sensación de que va a subir la factura de la luz un 123% no es responsable. Y además, no es verdad, porque el recibo puede subir como mucho unos cuantos euros”, ha explicado la ministra a EL PAÍS.

Teresa Ribera ha señalado que el incremento de los precios mayoristas de la electricidad solo afecta a los consumidores que tienen sus contratos indexados a ese precio y únicamente en la parte proporcional a los días del pico en precios en el 30% que representa ese coste en el total de la factura final, que además tiene otros conceptos (peajes, cargos e impuestos) que no se ven afectados por el mercado

Doble rasero

La ministra se defiende de las críticas de la oposición sobre el doble rasero que aplicaba el PSOE cuando, en circunstancias similares como la ola de frío de 2017, acusaba al Gobierno del PP, entonces presidido por Mariano Rajoy, de ser el culpable de las subidas de la luz, aumentos que ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez achaca a factores “coyunturales”. “Si algo prueba lo que está pasando estos días, es que si queremos precios razonables y estables tenemos que ir hacia un sistema 100% de energías renovables, que son las que tienen costes operativos bajos. Y a veces se nos olvida que, gracias al esfuerzo que hemos hecho en estos dos últimos años, se ha logrado una reducción del 40% del precio de la energía y seguimos trabajando y eliminando muchas de las cosas que estaban sobrecargando ese el precio, y que lo seguirían haciendo si no hubiéramos tomado medidas”, ha apuntado Ribera.

La vicepresidenta cuarta del Ejecutivo ha recordado que el precio ha pasado de los 60-65 euros por megavatio hora (MWh) que estaba en mayo de 2018, a instalarse en el entorno de 40 euros/MWh en 2019 y a los 33 euros/MWh en 2020, “lo que ha supuesto una caída muy significativa en nuestras facturas”.

Sin divergencias con Podemos

Teresa Ribera ha defendido que no existen divergencias importantes sobre este tema con los socios de gobierno de Podemos, aunque admite que no es partidaria de la creación de una empresa pública de electricidad como reclamaba el partido morado en su programa electoral: “Nosotros creemos que el mercado eléctrico y el modo en el que se produce la electricidad está cambiando mucho y ya no son solo las tres o cuatro grandes empresas clásicas, hay muchas más, y muchas más formas de producir electricidad y de fijar los precios, por lo que no somos partidarios de impulsar la creación de una empresa pública de electricidad”.

La ministra expresa su confianza en el buen funcionamiento del sistema, y ha descartado a priori que se haya producido una concertación entre las compañías eléctricas para provocar el alza de la electricidad coincidiendo con el temporal, aunque ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una investigación sobre las alzas de estos días.

“Le hemos pedido a la Comisión si ha habido algún comportamiento irregular de los oferentes del mercado mayorista y que confirme si ha existido algún posicionamiento especulativo, algún tipo de retención de posición para buscar un precio más alto o si, por el contrario, se ha desarrollado todo con arreglo a las reglas de funcionamiento del mercado eléctrico. Es bueno que la CNMC saque sus conclusiones y las haga públicas”.

El sistema funciona

Ribera considera que “durante los próximos días y el mes que viene iremos recobrando la normalidad conforme vaya pasando este episodio. Con toda la cautela y prudencia, y reforzando los mecanismos de protección de los consumidores vulnerables, pero creo que no se debe sobrerreaccionar en caliente pensando que el sistema no funciona. No podemos separarnos de las reglas europeas que determinan cómo se debe fijar los precios en los mercados mayoristas de electricidad y es verdad que hay partidarios de que se retribuyan en función del coste de cada tecnología, pero eso no es compatible con el marco actual”.

En este sentido, la titular de Transición Energética ha indicado que, pese al alto incremento, no es cierto que se estén produciendo precios récord, ni que sea un fenómeno que afecte solo al mercado español porque han confluido factores previsibles como la ola de frío invernal o la baja aportación de las renovables, con otros menos previsibles como el alza del precio del gas y de los derechos de emisión. “En el Reino Unido ha habido tramos horarios en los que se ha estado comprando el MWh a 750 euros, y en el resto de Europa está entre 70 y 85 euros, que no está muy lejos de los precios que se han alcanzado en España”.

Por último, ha calificado “cuando menos de poco procedentes”, las críticas que comparan la gestión de la Comunidad de Madrid en los problemas de suministro de la Cañada Real, con subida generalizada del precio de la electricidad que afecta a los consumidores vulnerables, y que depende del Gobierno central. “Lo de la Cañada Real no es un problema de regulación eléctrica sino de servicios sociales”, ha concluido la ministra.