Economía
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

España 2050: los costes de la inacción

Nuestro sistema fiscal recauda y redistribuye peor la renta y la riqueza que el de otros países europeos

Tomas Ondarra Galarza

El informe España 2050 ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar una estrategia nacional de largo plazo para hacer frente tanto a las principales carencias que todavía arrastra nuestro país como a los retos que debe superar para crecer de forma sostenida y sostenible en el futuro. Uno de esos desafíos es reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social. Aunque ha habido innegables mejoras en términos de bienestar social desde la transición democrática, son abundantes las carencias que persisten. España sigue siendo un país con altos niveles de desigualdad en el contexto comparado y el ascensor social parece haberse frenado.

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Revertir este retrato es importante no solo como una cuestión de justicia social, sino también de eficiencia económica. Si no se resuelven los problemas citados, será muy complicado el crecimiento económico futuro y seguiremos siendo muy vulnerables a los cambios de ciclo económico. Invertir hoy en nuevas bases de desarrollo económico, sobre los cimientos de mayores ganancias de productividad, empleo de calidad y redes sólidas de protección social, es fundamental para reducir el impacto de las crisis económicas sobre el bienestar social.

Los costes de no hacerlo son grandes. Sin mejoras notables en la productividad y en las tasas de empleo es fácil predecir que la economía española registrará tasas muy modestas de crecimiento económico durante las próximas décadas. Eso supondrá remuneraciones más bajas, un menor nivel de ingresos públicos y la disminución del efecto igualador de las prestaciones y servicios del Estado de bienestar. Incluso si las mejoras de productividad no se acompañaran de avances en las políticas para favorecer la educación y la movilidad social, la desigualdad también podría aumentar. Lo mismo puede decirse del aumento de la progresividad del sistema fiscal y del desarrollo de las prestaciones sociales e, incluso, de la necesidad de fomentar la negociación colectiva para procurar un reparto justo de esas hipotéticas mejoras de productividad.

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Tampoco puede orillarse la importancia de otros procesos que pueden afectar al bienestar social futuro. Todas las proyecciones demográficas apuntan al aumento de la proporción de población en edades avanzadas (en 2050, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años). Sin una mayor participación de las rentas salariales en el PIB, la financiación del sistema público de pensiones quedará comprometida, afectando a las cuantías de las pensiones futuras. A esto se añaden las dificultades de cobertura del creciente número de trabajadores no convencionales y de carreras profesionales cada vez más discontinuas.

Otro proceso relevante es la aceleración del cambio tecnológico. La digitalización de la economía ha supuesto cambios importantes en la estructura ocupacional de los países de renta alta, propiciando nuevos aumentos de la desigualdad salarial y la ganancia de peso de las rentas del capital sobre las del trabajo. Si bien es grande la incertidumbre sobre los efectos en el largo plazo de los procesos de automatización, las evidencias parecen mostrar una mayor intensidad del capital en la producción y un mayor desplazamiento de la demanda hacia los trabajadores más cualificados, con efectos sobre el empleo y los salarios.

Anticipar posibles tendencias como las descritas es importante, pero si esa prospección no lleva a reformas de gran calado, se trataría solamente de un ejercicio técnico, con cierta utilidad para anticipar los escenarios futuros, pero sin transformación alguna de la realidad social. Si la voluntad es aunar el crecimiento económico con mayores niveles de bienestar social, son necesarias nuevas políticas que concilien ambos objetivos. Como apuntan los expertos independientes que han elaborado el informe, parecen imprescindibles mejoras de la productividad y de la calidad de nuestro capital humano para cambiar el patrón de crecimiento y ofrecer más y mejores oportunidades económicas y laborales a nuestra población, sobre todo a las generaciones más jóvenes. En esa tarea, la educación es clave y resulta el principal motor del ascensor social.

Alcanzar esos objetivos pasa también por reformas sustanciales del sistema de impuestos y prestaciones. Siendo abundantes las vías de reforma, las más apremiantes son dos. La primera es aumentar la capacidad recaudatoria y redistributiva de nuestro sistema fiscal, que recauda y redistribuye peor la renta y la riqueza que el de otros países europeos. La vía más eficaz es ampliar las bases de los impuestos mediante la revisión de algunos de los beneficios fiscales actuales y del tratamiento que reciben algunas rentas. En línea con los debates recientes en la fiscalidad internacional, resulta urgente también racionalizar la fiscalidad corporativa para evitar que sean las pequeñas empresas y los sectores tradicionales los que soporten mayor gravamen. Dado el citado cambio tecnológico sesgado a favor del capital, es imprescindible, además, ajustar el sistema tributario para gravar con mayor intensidad los rendimientos de aquel.

En segundo lugar, esa mayor dotación de recursos presupuestarios debería financiar la ampliación de las prestaciones sociales y su adaptación a las nuevas realidades laborales y demográficas. Su efecto redistributivo actual es menor en España que en la mayoría de los países europeos. El objetivo es transitar hacia un modelo de Estado de bienestar más centrado en las necesidades de las personas que en su vida laboral, mediante la extensión de la cobertura y la cuantía de las prestaciones no contributivas, siendo clave la reforma de las prestaciones familiares.

Será difícil, sin duda, alcanzar acuerdos sobre reformas tan importantes, pero sin ellas no solo estaremos hipotecando nuestro futuro y el de próximas generaciones, sino también nuestro presente, dada la asociación entre niveles de equidad bajos e inestabilidad financiera, desincentivo de la innovación, barreras para la mejora de las competencias de la fuerza laboral, menor participación política y menor confianza en las instituciones. Los costes de la inacción pueden ser mayores que los de las inversiones sociales que nuestro país necesita.

Luis Ayala es catedrático de Economía en la UNED y Olga Cantó es catedrática de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares.


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