MATT BRITTIN | Presidente de Google en Europa

Brittin: “En cinco meses hemos vivido un cambio tecnológico de cinco años”

El presidente de Google para Europa, Oriente Medio y África advierte de que la nueva ley europea de Servicios Digitales obligará a los ciudadanos a renunciar a algunos servicios

Matt Brittin, responsable de Google para Europa, Oriente Medio y África, en un acto en Portugal en 2018.
Matt Brittin, responsable de Google para Europa, Oriente Medio y África, en un acto en Portugal en 2018.NurPhoto (NurPhoto via Getty Images)

Las compañías tecnológicas se han erigido en las grandes ganadoras de esta crisis. Los confinamientos han acelerado el uso de los servicios del grupo cada vez más nutrido de gigantes de Estados Unidos y China. La UE sigue pugnando por entrar en ese tablero global a la vez que se propone elevar las exigencias a los colosos mediante la nueva ley de Servicios Digitales, cuya propuesta se lanzará en diciembre. El presidente de Google para Europa, Oriente Medio y África, Matt Brittin (Walton-on-Thames, Reino Unido, 52 años), advierte de que la ley supondrá que los consumidores europeos renuncien a algunos de sus servicios más populares.

Pregunta. ¿Por qué temen la nueva ley europea?

Respuesta. No sé si lo calificaría de esa manera. Tenemos la oportunidad de poner los fundamentos de los próximos 20 años de innovación y fortalecer el mercado único. Hemos estado funcionando con reglas aprobadas hace dos décadas y el mundo ha cambiado. Y esto llega en plena pandemia, que nos ha enseñado cómo las herramientas digitales pueden salvarnos la vida y mantener negocios a flote. Y ahora serán un catalizador para la recuperación.

P. ¿Podría darme un ejemplo de un servicio que no podrían ofrecer con la nueva directiva?

R. No hemos visto el proyecto, pero tenemos el input de haber participado en la consulta [realizada por la Comisión]. Por ejemplo, un servicio sencillo que ha sido clave durante la pandemia. Si busca un restaurante tailandés en Google, aparece un mapa, el enlace al local, los horarios de apertura, la afluencia de gente en ese momento y la posibilidad de llamar o reservar. Durante la pandemia, muchos restaurantes han actualizado esos detalles a través de Google My Business, de modo que los usuarios pueden saber si ha cerrado, si hay nuevos horarios o si han de recoger el pedido. Si en el futuro no podemos combinar servicios, ese no podremos prestarlo. Y ha permitido conectar mejor al usuario con sus negocios locales. Sabemos que en España, un tercio de la gente ha comprado en tiendas en las que no había estado antes.

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P. Bruselas sostiene que quiere saber qué recomiendan y por qué. ¿No se trata más bien de un ejercicio de transparencia?

R. Somos transparentes. Aquí hablamos de no poder combinar servicios para, por ejemplo, usar los datos para saber si el transporte público va lleno. Y entendemos que la gente pueda tener ciertas preocupaciones y que quieran asegurarse de que esa tecnología funciona para todos. Pero creemos que es la oportunidad no de restringir lo autorizado, sino de permitir lo que es posible.

P. ¿Diría que la Comisión Europea es proteccionista?

R. Por supuesto que no. Le pongo un ejemplo: el Reglamento General de Protección de Datos [GDPR, por sus siglas en inglés], que protege a los consumidores y da algunos principios importantes para el control de nuestros propios datos como usuarios. Apoyamos el núcleo del reglamento: dar a la gente la oportunidad y la transparencia sobre el uso de sus datos. Luego podemos argumentar que se implementa de modo burocrático, pero estamos de acuerdo con los principios. La legislación es una oportunidad para hallar una senda que proteja los valores que mantenemos, pero también para favorecer la innovación y el crecimiento.

P. Google se postula como un aliado de los negocios locales, pero es un gigante casi sin competencia posible en la UE. ¿Quién les hace sombra?

R. Hemos hecho una investigación que arroja que cerca de dos tercios de los europeos primero van a sitios, aplicaciones o servicios de búsqueda especializados y no a un buscador general. Y menos de un tercio de ellos empiezan ahí sus búsquedas de vuelos, hoteles o compras. Si examinamos nuestro comportamiento como usuarios, vemos que hay más opciones y más competencia. Ese estudio nos dice que el 90% de los usuarios están contentos con el motor de búsqueda que emplean, pero tres de cada cuatro afirman que, en caso de no gustarles, buscan otro.

P. Barcelona y París han llamado a no comprar en Amazon esta Navidad. ¿No cree que ven a las tecnológicas como amenaza?

R. No entro en nombres concretos. En Google ayudamos al usuario a conectarse con su negocio local. Solo ganamos dinero cuando ellos lo ganan o conectan con el cliente, cuando sacan valor de la visita de algún modo.

P. Dice que ganan dinero si los negocios locales también lo hacen. Y esa es la razón por la que España o Francia quieren fijar una tasa digital si no se logra a nivel europeo o comunitario. ¿Qué esperan de estos trabajos?

R. Hemos visto que las reglas tributarias internacionales son increíblemente complicadas y necesitan ser reformadas. Y hemos alentado a que haya una reforma global. Y hay un cierto nivel de impaciencia porque no ha llegado aún tras varios años y estamos viendo a varios gobiernos optando por imponer su propio impuesto. Preferimos una reforma internacional. Al final, queremos hacer nuestra contribución con los productos y servicios que ofrecemos y queremos pagar la parte justa de impuestos.

P. Todo apunta a que el mundo está cerca de tener una vacuna contra la covid-19. ¿Cree que las herramientas y tecnologías que hemos usado para teletrabajar van a quedarse?

R. Es difícil de saber del todo. Pero hemos visto tal vez cinco años de cambio en cinco o seis meses. Por ejemplo, mis padres, con 80 años, hacían videollamadas para estar en contacto con la familia o compraban por Internet. Algunos hábitos que han cambiado probablemente permanecerán. El 70% de los españoles dice que comprará más en línea. En abril se produjo un cambio de hábitos que han permanecido el tiempo suficiente para persistir. Y lo mismo ocurre con las habilidades tecnológicas adquiridas, que deben formar parte de la recuperación.

“El contenido de calidad debe ser compensado”

P. La Comisión Europea quiere que haya más control de los contenidos ilegales por parte de los 'gatekeepers' (que da acceso a la información) como Google. ¿Está de acuerdo?

R. No esperamos a las leyes. Nos tomamos nuestra responsabilidad muy seriamente. P. R. Primero, hay que asegurarse de que el contenido de calidad es recompensado. Hemos trabajado con publicistas y tratamos de premiar esos contenidos ayudando a monetizar sitios web. Y durante la pandemia, de hecho, hemos desplegado un fondo de emergencia para paliar la crisis en pequeñas publicaciones que no podían vender copias físicas. Y por otro lado, también tenemos que abordar el contenido ilegal o dañino o la desinformación. Y continuamos tratando de poner en práctica políticas que nos ayuden a hacerlo. Hemos progresado mucho en asuntos como el extremismo violento. El trabajo nunca acaba, porque siempre hay cosas nuevas. Hay cosas que son claramente ilegales. Y otras que no lo son, pero son potencialmente dañinas. Y en eso trabajamos con expertos o incorporando parte del Código de Conducta de la UE sobre el discurso del odio.

P. ¿Qué relación tiene con la vicepresidenta Margrethe Vestager y el comisario Thierry Breton, sobre todo después de que 'Le Point' destapara cómo tratan de ejercer presión a la Comisión?

 

R. No he visto esa información a la que se refiere la prensa. Nosotros queremos tener un diálogo constructivo con los legisladores. Y es lo que intentaremos seguir teniendo. Con independencia de lo publicado en la prensa, hemos sido transparentes, y por ejemplo hemos publicado las 135 páginas de los requerimientos relativos a la consulta sobre la ley de Servicios Digitales.

 

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Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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