CRISIS DEL CORONAVIRUSOpinión
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Deducciones reembolsables por hijo

Estas ayudas tienen un elevado retorno social y deben interpretarse como una inversión

Tomás Ondarra

El pasado mes de marzo, Joe Biden anunció un gran programa de ayudas a las familias estadounidenses, dentro del amplio paquete de rescate económico para paliar los efectos de la pandemia. Una de sus claves es el importante paso que da para reducir la pobreza de los hogares con menores de edad, con tasas desproporcionadamente elevadas para uno de los países más ricos del mundo.

Se trata de una extensión del sistema de deducciones reembolsables por hijo ya existente en el impuesto sobre la renta, con la idea de ampliar la cobertura a un número mucho mayor de familias. La cuantía de la ayuda alcanza los 3.600 dólares al año para cada menor de seis años y 3.000 dólares para el resto de los menores de edad. Hasta ahora, para poder acceder a estas ayudas era necesario alcanzar un determinado nivel de ingresos declarados, lo que dejaba fuera a las familias con rentas tan bajas que no podían solicitar la deducción.

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El objetivo no solo es dotar de mayor estabilidad económica a las familias más vulnerables y reducir su pobreza, sino favorecer también mayores logros de los menores de edad en el largo plazo. Existe una sólida evidencia sobre cómo estas ayudas mejoran los resultados educativos y el capital humano de los menores que viven en estos hogares, junto a otros resultados positivos en dimensiones muy variadas del bienestar, como la salud física y mental o las oportunidades laborales y los ingresos a lo largo de la vida. Estas ayudas tienen un elevado retorno social y deben interpretarse como una inversión.

Esta innovación en la política social estadounidense no resulta novedosa en el contexto europeo. Dos tercios de los países de la UE cuentan con una prestación universal por hijo para las familias con menores dependientes. Su objetivo es garantizar el crecimiento de la población compensando los costes de la crianza y disminuir la proporción de menores que crecen en situaciones de pobreza, con el fin de mantener la inversión necesaria que asegure la calidad futura del capital humano. Son, precisamente, estos países los que tienen menores tasas de pobreza infantil. En el resto de países de la UE, incluida España, las ayudas a la infancia descansan en políticas de prestaciones monetarias restringidas a las familias con ingresos más bajos.

Hay dos rasgos que prevalecen en el retrato del bienestar social de la infancia en España. Uno es que la magnitud de la pobreza en los hogares con menores de edad es impropia de nuestro nivel medio de renta, lo que pone de relieve la dificultad para traducir el crecimiento económico en mayor bienestar y mayores oportunidades para la infancia. Dar respuesta a este problema es especialmente pertinente en el actual contexto de la pandemia. Las pérdidas de empleo y de horas de trabajo se unen a los problemas crónicos de muchas familias, que ya antes de la pandemia residían en viviendas con condiciones inadecuadas y soportaban elevadas cargas financieras, sin apenas capacidad de ahorro. A eso se añade un entorno escolar cada vez más segregado, que lastra el nivel de formación de sus hijos. Los datos de hogares sin ingresos de la encuesta de población activa muestran que los efectos de la pandemia han sido grandes y más negativos en las familias con menores, en las que la incidencia de la pobreza extrema prácticamente duplica la del resto de hogares.

En segundo lugar, la ausencia de un sistema de prestaciones familiares similar al de los países de mayor renta dentro de la UE hace que España sea el país donde menor efecto tienen las prestaciones monetarias sobre la pobreza en los hogares con niños. La protección que reciben es menor que la del resto de población, con la agravante de que es la más baja de toda la UE. Este diferencial, además, ha ido aumentando en el tiempo.

El ingreso mínimo vital (IMV) puede ser un instrumento importante en la lucha contra la pobreza en los hogares con menores dependientes, con complementos para estos sensiblemente mayores que los que ofrecen, en promedio, los programas autonómicos de rentas mínimas. Cuando se asiente esta política y mejore el sistema de gestión beneficiará a muchas familias por debajo del umbral de la pobreza, pero se trata solo de un primer escalón para reducir la vulnerabilidad de los hogares con menores.

Parece necesario pensar en otros instrumentos adicionales. En España, son las desgravaciones fiscales por hijo y no las prestaciones monetarias, como se podría pensar, la política de ayudas a la infancia de mayor peso económico. El mínimo por descendientes del IRPF benefició en el último ejercicio a más de siete millones de contribuyentes, lo que supone unos 4.600 millones de euros, cifra más de dos veces mayor que el gasto en prestaciones familiares destinadas a los hogares con menores ingresos. Hay, además, otras desgravaciones fiscales ligadas a la familia, como la deducción de las madres trabajadoras, la de familia numerosa o la de familia monoparental con dos hijos.

Dado que la gran mayoría de los hogares situados por debajo del umbral de la pobreza están exentos de tributar en este impuesto, las desgravaciones, al no ser reembolsables, no tienen prácticamente incidencia sobre la pobreza infantil. Parece recomendable revisar su diseño para favorecer también a las familias que no llegan a los umbrales mínimos de declaración.

Transformar estas deducciones fiscales en pagos reembolsables sería un importante paso adelante que permitiría abordar de forma coherente la protección de las familias con menores, y para su financiación habría que encontrar vías que aumenten la progresividad del sistema tributario. Hacerlo no solo supondría apostar por una sociedad más cohesionada, sino también ampliar las oportunidades de quienes se enfrentan al futuro con menos recursos. La pobreza infantil no es solo una vulneración de los derechos de los menores, sino una importante amenaza a la equidad y una fuerte restricción para impulsar el crecimiento de nuestra productividad futura.

Luis Ayala es catedrático de Economía en la UNED y Olga Cantó es catedrática de Economía en la Universidad de Alcalá.


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