Luis Planas: “Vamos a establecer un tope de 100.000 euros para las ayudas”

Luis Planas (Valencia, 68 años) es uno de los políticos españoles más experimentados. Ha pasado media vida en puestos de alto nivel en Bruselas, Andalucía y ahora en el Ministerio de Agricultura. Conoce al dedillo los entresijos de las negociaciones europeas. Lleva tres años negociando la nueva Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2027, uno de los instrumentos más importantes del presupuesto europeo, que revolucionará el campo español. España recibirá 47.724 millones de euros, pero aún hay que cerrar algunos flecos a la vista del fracaso de las negociaciones europeas durante la semana pasada.

Pregunta. La semana pasada el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo fueron incapaces de lograr un acuerdo sobre la PAC después de tres años. ¿Se siente decepcionado?

Respuesta. Hubiera deseado que se hubiera producido un acuerdo y creo que existían mimbres, pero no me parece dramático. Estaba dispuesto a dar mi visto bueno solamente si favorecían nuestros intereses. Se produjo una situación extraña que fue que la Comisión que está llamada hacer un papel de puente no lo hizo y se inclinó del lado de las demandas del Parlamento intentando introducir nuevas cuestiones. Debemos hacer un esfuerzo todos y tender puentes.

P. La inquietud cunde en el sector. Teme las consecuencias de la nueva PAC más verde.

R. No es correcto enfrentar la sostenibilidad con la posición de agricultores y ministros. Superamos claramente el objetivo de destinar el 40% de las ayudas a fines climáticos y medioambientales como propone el Consejo. Nadie puede decir que no estemos en el pacto verde. Pero hay dos factores muy importantes. Primero, el aprendizaje. Se necesita un tiempo de adaptación y lo que pedimos es que, durante ese tiempo, en principio dos años, no se pierdan fondos si no pueden ser utilizados. Segundo, que los Estados tengamos capacidad para definir las condiciones concretas, en las últimas propuestas del Parlamento se llegaba a tal grado de detalle que nos dejaba sin margen.

P. ¿Qué son los ecoesquemas y por qué está siendo un problema?

R. Son un sistema de primas en las ayudas para financiar actuaciones que incidan en el cuidado del medio ambiente. Cuando se rompió la discusión europea estábamos ya en una dotación del 25% [España inicialmente pedía destinar como máximo un 20% del total de ayudas directas a este mecanismo] para los ecoesquemas. Esto significa más de 1.200 millones al año para España, una cantidad formidable, sobre todo estando vinculados a acciones ambientales, como la conservación de la superficie vegetal, compensación por zonas no cultivables que se destinan a biodiversidad o bien en el caso de la ganadería al mantenimiento de pastos.

P. El sector está preocupado por el diseño de los ecoesquemas.

R. En realidad la preocupación de los agricultores y ganaderos es que puedan disminuir las ayudas. Defendemos que la ayuda a la renta y la sostenibilidad esté situada en el 60% de los fondos de los pagos directos. Hay que jugar con fondos no atribuidos o con los que tengamos márgenes. Esa es una de las discusiones que tenemos en este momento.

P. ¿Qué supondrá la nueva PAC para España?

R. España es uno de los grandes beneficiarios de la PAC, no solo por la dotación presupuestaria, si no por el alcance social en nuestro país. La PAC significa un instrumento para apoyar las actividades agrarias y ganaderas y agroalimentarias en el medio rural ahora que hablamos de la necesidad de apoyar a la España vacía, parece casi diseñado para nosotros.

P. ¿Qué novedades introduce?

R. Una mejor redistribución de los fondos. Hemos identificado que hay una inmensa clase media en la agricultura y ganadería que es la familiar y profesional cuyos niveles de rentabilidad están un poquito por encima o por debajo de lo necesario. Y para ellos la PAC es fundamental. Supone de media para los perceptores entre el 25% y el 30% de la renta. Por ejemplo, es más importante para el cereal de secano y casi inapreciable en el caso de frutas, hortalizas o de vino. El segundo aspecto es la sostenibilidad. España dispondrá unos 1.200 millones al año para ecoesquemas. Además, la producción de alimentos o es sostenible o no será. Otro elemento es lo que se refiere a la innovación, digitalización y competitividad, para que la agricultura y ganadería de los próximos años se enfoque más hacia el mercado.

P. Cree que es sostenible que la UE destine más de un tercio del presupuesto a la PAC, cuando hay necesidades en la reindustrialización, digitalización y el Estado de bienestar tras dos graves crisis.

R. Si una cosa hemos visto claro en esta pandemia es que necesitábamos muy buenos servicios sanitarios públicos, pero también que la industria de la cadena alimentaria se ha comportado de manera excelente. Eso reivindica al sector primario y al conjunto de la cadena. Creo que debemos confiar y apoyar a nuestros agricultores.

P. ¿Seguirá siendo la PAC una de las principales políticas europeas en el futuro?

R. Sí, si es capaz de adaptarse al sentido de los tiempos. Estamos hablando de algo más que de la producción de alimentos, de elementos que suponen que el agricultor o ganadero estén cuidando del medio natural. Las superficies agrarias que se abandonan se convierten no solo en no productivas, si no en superficies nocivas…

P. En toda reforma hay ganadores y perdedores. ¿Quiénes serán con la nueva PAC?

R. No creo que haya globalmente ganadores y perdedores. El gran ganador debe ser el agricultor familiar y profesional que necesita de la PAC y el pequeño agricultor que se dedica de forma complementaria y a tiempo parcial a la actividad agraria. Es algo que ocurre mucho en el este y en el sur de España.

P. Pero hay un elemento redistributivo de las ayudas, que arrojará perdedores.

R. Hay tres elementos con los que vamos a ponerlo en práctica. Uno es que se van a reducir de forma significativa el número de regiones de pago. Es una discusión que abordaremos con las comunidades. Otro elemento es lo que se refiere al tope máximo de las ayudas, el límite de 100.000 euros que ecoge la propuesta europea e introducir flexibilidad a partir de los 60.000, descontados los gastos laborales. Las grandes explotaciones tienen derecho a percibir ayudas, pero tienen una necesidad menor porque están más volcadas hacia el mercado. Un tercer elemento es el del denominado pago redistributivo, que supone un apoyo para los pequeños agricultores y ganaderos de tal forma que la distribución de las ayudas no sea lineal y tenga en su primer tramo un incentivo suplementario.

P. Los agricultores y ganaderos tendrán más exigencias. El sector deberá reducir un 20% el uso de fertilizantes, un 50% de pesticidas y antibióticos, deberá conseguir que el 25% de la superficie agraria se reserve a cultivo ecológico y un 10% de la superficie agraria útil a actividades no productivas.

R. Significa costes superiores y en algunos casos producciones inferiores. Por eso es necesario orientar bien los objetivos. Pongo un ejemplo, la agricultura ecológica: tenemos 2,4 millones de hectáreas, somos el primer país de Europa en producción ecológica, es una producción de futuro. Representa el 9,5% de la superficie agraria útil. El objetivo de la Comisión para 2030 es elevarla al 25%. Creo que podremos llegar, pero seamos claros: hay una disminución de los rendimientos o un incremento de los precios. Y una de dos, o eso se compensa vía precios o vía apoyos o ayudas. Creo que podemos plantearnos actuaciones de acompañamiento para la reducción de los plaguicidas, pesticidas o antibióticos a través de los ecoesquemas.

P. A nivel interno, la redistribución es uno de los elementos que más dolores de cabeza le va a dar. ¿Espera nuevas protestas?

R. La PAC es para agricultores y ganaderos no es para kilómetros cuadrados. No tiene un sentido territorial sino un sentido claramente sectorial. Mi intención es proceder a un modelo de reforma con tres ejes: el eje relativo a la redistribución, el eje sostenibilidad y el relativo a la innovación y digitalización. No vamos a provocar un modelo disruptivo, lo que pretendemos es una gradualidad en estos siete años.

P. Negociar con las comunidades y con el sector va a ser duro.

R. Cuando hablamos de los objetivos de una PAC verde nos planteamos los objetivos de un mundo y una sociedad en transición. Las transiciones hay que hacerlas con los interesados y no contra ellos. Tenemos que conseguir convencer a los agricultores y ganaderos de que con este modelo y las ayudas asociadas a él hay futuro.

P. ¿No teme usted que se repitan las protestas del año pasado?

R. Aquellas protestas estaban vinculadas a otras cuestiones. Llevamos tres años de discusión con esta reforma de la PAC. Es mucho tiempo. Causa inquietud. Cómo quedarán las nuevas ayudas, cuánto voy a percibir, por qué lo voy a percibir, cómo serán las justificaciones. Entiendo perfectamente la preocupación. Pero en las protestas también había otros motivos. Primero el tema de los precios dignos. Aprobamos la ley de cadena alimentaria: eso significa que en cada eslabón de la cadena alimentaria tiene que ir hacia arriba en creación de valor, y los precios de venta deben ser superiores a los costes de producción. ¿Eso es suficiente? No, evidentemente no lo es. Pongo mucho énfasis en la necesidad de unas asociaciones, organizaciones de productores potentes, porque así podremos lograr tener capacidad competitiva en la negociación. A pesar del peso que tiene nuestro sistema agroalimentario en Europa y en el mundo no tenemos ninguna cooperativa entre las 50 mayores de Europa. Eso no es normal. Es necesario ganar dimensión.

P. Una de las inquietudes de Bruselas consiste en asegurar las condiciones laborales del sector. A pesar de que con frecuencia se ven episodios de jornaleros mal pagados, hacinados…

R. Pueden existir casos o situaciones donde en el sector puedan producirse incumplimientos, pero como en otras situaciones de nuestra economía. Y para eso está la Inspección de Trabajo, para levantar actas. La semana pasada estábamos de acuerdo en introducir una dimensión social y al mismo tiempo no introducir más cargas administrativas en las ayudas. Lo que se está planteando, no es que haya una carga administrativa posterior, sino que se cumplan las directivas sociales de la UE para percibir los fondos comunitarios.

P. Se echan en falta medidas para evitar casos de explotación.

R. Es un problema del conjunto del sector, lo he hablado con las organizaciones agrarias. Si conseguimos en España producir alimentos con una calidad excelente, y con una imagen de marca excelente, esa imagen debe ser impecable en cuanto a la salud, las características nutritivas, pero también en cuanto a la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. Nadie entendería que detrás de un producto pueda haber un incumplimiento social. Esa es una cuestión vital.

P. Cuando termine la negociación con Europa tendrá que abordar el plan estratégico nacional.

R. Hacer un plan estratégico nacional con la diversidad agronómica de España, que tiene en la cornisa cantábrica producciones casi centroeuropeas, mientras en el sur tiene producciones casi tropicales, es complicado, pero el acuerdo es posible. Les dije a las comunidades que hace falta que todo el mundo sea consciente de que tenemos que llegar a un acuerdo y todo el mundo tendrá que ceder para conseguirlo. Tenemos 47.724 millones de euros, que sumando la cofinanciación nacional supera los 50.000 millones de euros. Tenemos una cantidad que supera para la PAC los 7.200 millones de euros anuales.

P. ¿Pero que incluirá el plan estratégico?

R. El acuerdo versará sobre el dinero para la ayuda a la renta, quién es el perceptor, el llamado agricultor genuino, el número de regiones, lo relativo a los límites de las ayudas, el pago redistributivo, quién percibe las ayudas a la producción, cuáles son los programas específicos a parte de los tres que vienen dado de Europa (frutas y hortalizas, vino y apicultura), yo he propuesto un programa específico para el olivar tradicional. Y también lo referente al cultivo de protéicos y la incorporación de jóvenes agricultores. Hay mimbres para un buen acuerdo.

P. Aprobaron la ley de cadena alimentaria, que aún tiene que salir del Congreso. Los agricultores denuncian más presiones que nunca.

R. España está siguiendo el modelo europeo. Tenemos presente, lo dice el tratado de funcionamiento de la UE, que el sector primario tiene unas condiciones particulares. Lo cual hace que la posición de agricultor y ganadero, que son el primer eslabón tengan una posición de desventaja frente a la industria, el comprador o la distribución, con lo cual necesite un apoyo que le ofrece este instrumento legislativo. Creo que estamos en un punto de equilibrio. En ningún caso se puede pretender una fijación de precios.

“Me parecen injustas las críticas por los indultos”

Luis Planas reclama más apoyo de la oposición para tratar de solucionar los problemas en Cataluña.

P. ¿Qué opina sobre la intención de aprobar indultos a los presos del procés?

R. En todos los consejos de ministros la concesión de indultos es una práctica habitual a propuesta del Ministerio de Justicia y una vez examinados los méritos de cada caso. Aquí se está instruyendo un expediente y en su momento habrá que tomar una decisión. Creo que no es un expediente cualquiera y por tanto habrá que tener la seguridad de que el Gobierno va a respetar la Constitución y la legislación vigente. Eso está fuera de toda discusión, y tendremos la visión y la voluntad de arreglar un problema que hemos heredado y no crear ningún otro. Me parecen injustas y muy prematuras las críticas que estamos recibiendo de quienes en su momento nos solicitaron ayuda y apoyo para que se pudiera responder a esta situación. Cuando ocurrió el procés, en 2017, era alto funcionario en la UE y recibí una llamada del Gobierno y fui leal con España y con el Gobierno. Y así lo hicimos muchos del Partido Socialista, fuera cual fuera nuestra posición. Creo que la oposición debería tener en estos momentos el mismo nivel de lealtad que tuvimos con aquella situación. He vivido esta situación del procés viviendo fuera de España. Hay también una dimensión internacional. Mucha gente no comprende lo que está ocurriendo en nuestro país a pesar de los esfuerzos por explicar lo que ha ocurrido. Es inaceptable que alguien unilateralmente pretenda un proceso secesionista o independentista de España, pero también han ocurrido muchas circunstancias en ese proceso sobre las cuales hay que intentar solucionar los temas y no agravarlos.