Agricultura reforma la distribución de las subvenciones europeas para hacerlas más igualitarias

El Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha un real decreto para acelerar los procesos de convergencia o equiparación de ayudas directas entre los beneficiarios de la Política Agraria Común (PAC) y evitar así las grandes diferencias existentes entre los importes percibidos por un agricultor o ganadero. Atocha trabaja igualmente en la reducción de las 50 regiones agronómicas existentes en la actualidad a efectos de la valoración de los derechos de pago. La intención es dejarlas en solo una docena, con el fin de ajustar igualmente las diferencias existentes entre las mismas.

El objetivo del Gobierno es que un agricultor o ganadero cobre la misma ayuda por una misma actividad. El Ministerio estima que hoy esa diferencia es de hasta 23 veces y se pretende reducirla a entre cinco y siete veces. Esta medida se enmarca en la decisión de acabar con los derechos individuales en 2025, una vez lograda la convergencia total, y sustituir los mismos por un pago por superficie menos complejo, burocrático y especulativo que el actual.

Ante este proceso, la reacción del sector ha sido dispar, según los intereses afectados en cada territorio, ya que supone pérdidas muy localizadas para unos pocos y beneficios para una gran mayoría. Por parte de las comunidades autónomas, la respuesta ha sido mayoritariamente favorable, con la excepción de Andalucía. Para el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez, se trata de unas iniciativas inaplazables. Martínez entiende la medida como un paso previo obligado para llegar a la convergencia en 2025 y sustituir el actual sistema por el de pagos por superficie, eliminando los derechos históricos.

Estos, explica el consejero, han permitido a unos pocos agricultores y ganaderos con derechos en producciones como algodón o tabaco seguir cobrando las ayudas sin cultivar o haber pasado esos derechos a otras parcelas para seguir cobrando grandes sumas en unas superficies donde los demás perciben ayudas mínimas. Martínez asegura que no se entiende que un olivar de regadío en Jaén cobre el doble que un olivar en el Valle de Alcudia (Ciudad Real).

Es 2003, bajo el sistema de pago único, Bruselas puso en marcha un proceso de desacoplamiento de los pagos; es decir, no ligar los mismos a la producción. En 2015, con la aplicación de la reforma en vigor actualmente, el sistema se sustituyó por el de pago básico, con ayudas desacopladas y el establecimiento de un sistema de derechos de pago individuales e históricos. Este se basaba en los importes y solicitudes hechas en ese año, pero con el techo máximo de hectáreas de 2013. Para su distribución, se dividió el territorio en medio centenar de regiones agronómicas sobre cuatro orientaciones productivas: cultivos de secano, de regadío, permanentes y pastos permanentes.

El sistema, lejos de clarificar la situación, provocó más desajustes. La división en 50 regiones y el desembarco de derechos de pago elevados en otros cultivos de menos importe aumentaron las diferencias. Además, miles de propietarios que tenían sus tierras arrendadas veían cómo sus derechos quedaban en manos de quienes los habían solicitado en 2015, dando lugar a derechotenientes que jugaban con los mismos en el mercado de derechos, mientras los propietarios veían caer el valor de sus fincas. “He heredado unas tierras sin derechos: para cultivarlas con rentabilidad debería comprar derechos y, si las vendo, me pagan la mitad de lo que se paga por aquí”, explica Javier Lobato, un vecino de Cantalejo (Segovia).

En 2015, sabiendo ya de la existencia del problema, Agricultura abrió un proceso suave de convergencia de ayudas con escasos resultados. El Ministerio lo justificaba ante los riesgos que supondría una convergencia dura —es decir, reducir los montantes en la parte más alta para compensar a los menores— en aquellas explotaciones que hubieran hecho planes de futuro contando con esos ingresos. Según los datos de Agricultura, sobre los 16 millones derechos y casi 400.000 beneficiarios, de media el 53% de depositarios de los derechos de una determinada región solo reciben el 36% de los pagos. Por el contrario, quienes triplican la ayuda media regional se llevan el 4% de los fondos con el 1,14% de los derechos.

Frente a esta situación, Agricultura pretende que en 2021 los derechos de pago que sean inferiores al valor medio regional se incrementen en una cuarta parte. Y en ningún caso podrán ser inferiores al 70% de ese valor medio. Para 2022, ese porcentaje pasa del 70% al 80%. Los incrementos se realizarán mediante la reducción de los importes de los derechos que superen la media regional, con un techo del 30%.

Por otra parte, Agricultura ha abierto el periodo para la presentación de solicitudes de ayuda de Política Agrícola Común, que suponen casi 5.000 millones de euros en ayudas directas y ascienden a 7.200 millones anuales hasta 2027. Esta cifra es igual a la recibida en el periodo anterior en moneda corriente, si bien el sector estima que es un 10% más baja por la inflación. Este año debería haber entrado en vigor una nueva reforma de la PAC, pero los retrasos en la aprobación del marco financiero plurianual de la UE forzaron a un aplazamiento de la misma hasta 2023 La aplicación de los reglamentos de transición para 2021 y 2012 mantienen prácticamente las mismas condiciones exigidas hasta ahora.