La reforma que revolucionará el campo español

La histórica cumbre europea de la semana pasada también alumbró un acuerdo para repartir los fondos de la PAC (acrónimo de la Política Agrícola Común), el instrumento europeo que desde hace casi 50 años ayuda al mantenimiento de las rentas agrarias y la mejora de las condiciones del campo en Europa. Tras el acuerdo, España recibirá 47.682 millones de euros de la PAC para el próximo septenio. Son unos 6.800 millones de euros al año hasta 2027. Una cantidad muy similar a la que percibía hasta ahora. Como suele ser habitual, el Ministro de Agricultura, Luis Planas, se felicita por el logro — “los resultados son muy satisfactorios para España”—, mientras que las organizaciones agrarias creen que recibirán menos dinero, algo casi inevitable tras el Brexit. Planas, en conversación con EL PAÍS, explica que el debate no es el dinero, sino el nuevo marco de la PAC. “Va a ser un cambio de 180 grados. Es un nuevo concepto”, dice. “Tendrá mucho contenido verde”.

El nuevo presupuesto nace sin estar listo el nuevo marco legal. Europa está inmersa en una reforma del mecanismo agrario. Y la nueva PAC dará más importancia a la agricultura sostenible, a la protección de espacios verdes y a la seguridad alimentaria.

La reforma es decisiva para los 700.000 agricultores y ganaderos españoles que sobreviven gracias a la PAC. Una parte muy importante de las explotaciones, especialmente las pequeñas y medianas, solamente subsisten por el apoyo de las ayudas europeas, según datos de Agricultura. Cobran de media unos 8.500 euros al año. Aunque la mitad del sector, las explotaciones más pequeñas, percibe menos de 1.200 euros al año. Las subvenciones suponen, de media, un 30% de la renta agraria, aunque sus volúmenes y participación son muy diferentes entre territorios e, incluso, dentro de un mismo sector.

La Comisión Europea presentó una propuesta de reforma en 2018 que aún se está negociando. Planas espera que se alcance un acuerdo europeo este otoño para que pueda aplicarse a partir de 2023. Pero a falta de la letra definitiva, el campo español ya conoce la música: apoyo a las rentas agrarias para asegurar su futuro, aumento de la competitividad, incorporación de jóvenes y modernización del sector a través de la innovación y la digitalización. Estos objetivos llevan aparejados nuevos requisitos sobre seguridad alimentaria y medio ambiente. Dos ejes que Bruselas ha bautizado como las estrategias Del campo a la mesa y Biodiversidad EU 2030. Son las que han despertado cierto recelo de los agricultores y ganaderos porque conllevan nuevas exigencias para acceder a los fondos: el sector deberá reducir el uso de fitosanitarios, un 20% el empleo de fertilizantes y un 50% el de pesticidas y antibióticos; deberá conseguir que el 25% de la superficie agraria se reserve a cultivo ecológico (España tiene actualmente un 9%), y tendrá que destinar el 10% de la superficie agraria útil (SAU) a actividades no productivas o aumentar hasta un 30% la superficie nacional de Red Natura. El sector teme que, con estos requisitos, aumenten sus costes y se reduzca su producción.

Bruselas pretende potenciar el medio ambiente y las producciones ecológicas estableciendo Ecoesquemas, un sistema de ayudas adicionales para los agricultores y ganaderos que vayan más allá con prácticas más verdes y sostenibles. Es decir, crear un sistema de incentivos.

El ministro abre el debate

Mientras Europa aprueba esta reforma de la PAC, los países miembros tendrán que preparar un plan estratégico para aplicar los nuevos criterios. Cada país fijará los objetivos y repartirá los fondos, y Bruselas analizará los resultados para justificar el gasto. El ministro cree que podrá presentar un plan a mediados del próximo año para que entre en vigor en 2023 junto a la nueva PAC. “Así que durante dos años los agricultores y ganaderos cobrarán con las viejas reglas y el nuevo presupuesto”, dice el ministro.

Para avanzar en el plan estratégico nacional de la PAC, el ministro presentó el pasado jueves su proyecto a las comunidades autónomas para iniciar el debate que tendrá que poner nombre y destino a los nuevos fondos, con la mirada en el futuro, pero también para superar viejas desigualdades en los repartos con graves desequilibrios entre territorios, sectores o en un mismo sector. Es el primer paso del proceso que abre el ministerio con otras Administraciones y asociaciones agrarias para definir el plan estratégico en torno a nuevos parámetros: asegurar los ingresos justos a cada agricultor, aumentar la competitividad de las explotaciones y reequilibrar el poder de la cadena alimentaria para que los precios de venta no sean inferiores a los costes de producción, así como reforzar la calidad de los alimentos, actuar contra el cambio climático, favorecer la protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y el paisaje, apoyar el relevo generacional (el 40% de los agricultores tiene más de 65 años) y luchar contra la despoblación mediante la revitalización de las zonas rurales.

Luis Planas ya ha advertido de que la PAC no es un fondo de compensación interterritorial donde cada consejero trata de captar el máximo de recursos. Las ayudas se repartirán en función de las solicitudes de los agricultores y ganaderos de cada territorio, no habrá una cantidad fija a cada comunidad, lo que debe conllevar otra forma de ver la política agraria. También quiere simplificar el sistema de reparto por 50 zonas agrarias, que crea ineficiencias y desigualdades. El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez, considera que las negociaciones parten con la ventaja de que se mantienen los fondos, y espera que las mismas den lugar a una mejor redistribución, que se eliminen los derechos históricos e individuales o que se eleven los pagos al olivar de secano o en pendiente frente a los superintensivos.

Los criterios de asignación de los recursos

Agricultura tendrá que acordar con los consejeros regionales y las asociaciones agrarias los criterios para asignar los fondos. Entre otros puntos, destacan los siguientes:

Agricultor genuino. El ministerio quiere que sea el foco principal de las ayudas. Para definir quién es un agricultor hay coincidencia en considerar como tal a un profesional de una explotación familiar cuyos ingresos procedan de la agricultura o la ganadería como mínimo en un porcentaje de entre un 20% y un 30%.

Pequeños productores. Agricultura estudia cómo simplificar los trámites para los pequeños: 300.000 de los 700.000 que cobran ayudas. Se propone un nuevo sistema con un pago de entre 200 y 250 euros por hectárea para explotaciones entre 6 y 10 hectáreas. Reduciría la burocracia para la Administración. También se contempla en los pagos futuros a los agricultores a tiempo parcial.

Límite de ayudas. Existe coincidencia en fijar un techo de pagos por solicitante de 100.000 euros, a partir del cual habrá reducciones. La explotación puede deducir 18.000 euros por cada empleo y año, el coste de la Seguridad Social.

Derechos históricos. Acuerdo mayoritario para eliminar progresivamente los derechos de pago históricos y los derechos individuales.

Ecoesquemas. Ayudas ligadas a las prácticas ecológicas. Se incluyen para la cubierta vegetal, tratamientos de poda, ganadería extensiva o rotación de cultivos, entre otros.

Ayuda a la renta básica. Sustituye el pago básico y la condicionalidad, y la misma supondrá el 60% de las ayudas frente al 56% actual.

Ayuda complementaria redistributiva. Propuesta para aumentar los pagos a las primeras hectáreas de pequeñas y medianas explotaciones.